Siguiendo lo previsto, el Real Decreto Ley que dará amparo a la exhumación del cadáver de Francisco Franco del Valle de los Caídos fue publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado después de ser aprobado el viernes por el Consejo de Ministros. Así, el decreto entró ayer mismo en vigor, aunque el procedimiento para exhumar los restos del dictador no empezarán hasta el próximo 31 de agosto, cuando una nueva reunión del Consejo de Ministros sirva para sellar un acuerdo de incoación.

Será entonces cuando arrancará el plazo de 15 días que los nietos del general golpista tienen para decidir si se hacen cargo del cuerpo. Algo que ya avanzaron el viernes que harían, y que ayer volvieron a confirmar, añadiendo además que no recurrirán la decisión del Gobierno español de exhumar los restos de su abuelo. Uno de los nietos, Francis Franco, descartó ayer enterrar al dictador en El Pardo junto a la que fue su mujer, Carmen Polo. Alegó para ello problemas de seguridad.

Al acabar ese plazo de 15 días empezarán el resto de trámites, entre los que están el contacto con el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial –donde está el Valle de los Caídos– y la solicitud de un informe no vinculante a la Comunidad de Madrid. El objetivo del Gobierno, según aseguró el viernes la vicepresidenta, Carmen Calvo, es sacar a Franco de la cripta donde ha reposado durante 43 años antes de final de año, para hacer coincidir la exhumación con el 40 aniversario de la Constitución.

Aunque faltan meses para ver cómo evoluciona la posición de la derecha ante la exhumación, la tibia respuesta detectada ayer deja entrever que, más allá de la resistencia de los ultras y los nostálgicos más explícitos, el grueso de la derecha da por perdida la batalla. La portavoz de Ciudadanos en Madrid, Begoña Villacís, se volvió a quedar en la crítica de las formas, al estimar que exhumar a Franco mediante un Decreto Ley es «chapucero», mientras que desde el PP, su número dos, Teodoro García Egea, prefirió atacar al Gobierno de Sánchez por la presunta indefensión en la que han dejado a Llarena en Bélgica. Lo mismo hizo el diario “ABC”, que ni siquiera aludió a la exhumación en su primera página de ayer.

De Galicia a Chile

Por otro lado, el Ayuntamiento de Sada, en A Coruña, reclamó ayer al Ejecutivo español que aproveche la tramitación parlamentaria del Real Decreto Ley que permitirá la exhumación para incluir también la expropiación del Pazo de Meirás a la familia de Franco. Benito Portela, el alcalde de la localidad en donde se ubica la residencia de verano del dictador, consideró que están ante «una oportunidad histórica para acabar con la vergüenza democrática que supone que los herederos del dictador continúen detentando el Pazo de Meirás».

Como caído del cielo para calibrar la diferencia entre distintas salidas a una dictadura, ayer llegó de Chile la noticia de que el Tribunal Supremo del país andino estableció que la familia del dictador Augusto Pinochet deberá devolver a las arcas públicas chilenas 1,6 millones de dólares de los 17 millones que se calcula defraudó.