«Nuestro horizonte es un Nuevo Estatus que tenga recorrido institucional y suponga el fortalecimiento de la capacidad política del Autogobierno vasco. Hablamos de un nuevo marco jurídico político consensuado, asentado sobre el reconocimiento de la singularidad del Autogobierno y el Concierto Económico Vasco, que incorpore un sistema efectivo de garantías de cumplimiento del Pacto». Las palabras del lehendakari en torno al nuevo modelo de relación entre la CAV y el Estado que se está debatiendo en el Parlamento de Gasteiz no son nuevas ni sorprenden, pero ponen negro sobre blanco cuál es la idea que Iñigo Urkullu tiene al respecto y los límites sobre los que quiere que ese debate se lleve a cabo.

Porque si la víspera Arnaldo Otegi fijó los mínimos que un acuerdo en esta materia debe contemplar para ser asumido por la izquierda independentista, reconocimiento nacional y derecho a decidir, el mandatario autonómico dejó clara su lectura del acuerdo alcanzado hasta ahora en sede parlamentaria. «Cada uno de nosotros –expuso– tenemos nuestra opinión sobre lo que han hecho nuestros partidos en el Parlamento Vasco. Como lehendakari, me reitero en la posibilidad de que el acuerdo que resulte tenga recorrido institucional y sea lo más ancho posible, lo más consensuado posible. Esa es la voluntad de este Gobierno de coalición PNV-PSE».

«Un momento inicial»

Al término del Consejo de Gobierno celebrado en Donostia, Urkullu insistió en la idea de que lo acordado hasta ahora obedece a «un momento inicial» del trabajo de la ponencia que él no toma como un resultado «final». «Estamos en la elaboración de un documento borrador de bases y principios que, luego, ha de tener un recorrido de articulación de un texto, que entiendo que es el que ha de descender al terreno del avance y de la profundización del autogobierno», señaló. En esta línea insistió, como han hecho otros portavoces de su partido, en que el acuerdo debe «ensancharse» para que pueda tener «recorrido institucional».

«Cuando hablamos de la necesidad de entendernos entre diferentes, hay que creer en ello», apostilló, para replicar a renglón seguido a Arnaldo Otegi, que el lunes en Radio Euskadi dio por seguro que el PSE no va a suscribir acuerdo alguno que suponga el reconocimiento del derecho a decidir de la ciudadanía vasca. Según Urkullu, las «interpretaciones coyunturales que pretenden poner en un brete a un partido político no corresponden con una política constructiva».

De hecho, preguntado sobre si cree que en materia de autogobierno la coalición abertzale sí ha sido constructiva, ya que ha llegado a un acuerdo con el PNV sobre las bases del nuevo estatus, el lehendakari negó la mayor y respondió que EH Bildu «está en un ejercicio de aterrizaje en lo que son principios de realismo, pero todavía necesita seguir en ese camino».

Lo cierto, sin embargo, es que es su socio de Gobierno, el PSE, el que ha rechazado matizar siquiera su negativa a aceptar algo de lo que contempla el pacto entre PNV y EH Bildu. Si se trata de abordar esta cuestión desde «principios de realismo», está por ver cómo pretende el lehendakari ensanchar ese espacio de acuerdo y a qué está dispuesto a renunciar su partido para lograrlo. Ayer no dio pistas de ello.

Transferencias pendientes

Mientras tanto, y en paralelo a los trabajos de la ponencia de autogobierno, el Ejecutivo de Lakua mantiene su objetivo de «contar con un calendario concreto para el cumplimiento de las transferencias pendientes del Estatuto de Gernika». El mandatario autonómico apeló al «diálogo y la colaboración» para avanzar en este terreno con el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque admitió que resta todavia por fijar un calendario que cumpla con el mandato del Parlamento, que resolvió otorgar un plazo de seis meses para concretarlo, un objetivo que dijo ver «factible» a corto plazo.

Sobre este asunto, Urkullu sostuvo que se ha abierto una «nueva vía de relación con el Gobierno español», del que detecta una «nueva actitud» que, expuso, ha permitido en los primeros cien días de gobierno de Sánchez «encauzar el traspaso de dos tramos de ferrocarril y desbloquear dos recursos ante el Tribunal Constitucional».

Política penitenciaria

Cambiando de tercio, avanzó que seguirá promoviendo «las previsiones de la ‘Declaración de Bertiz’ [suscrita en mayo junto a la lehendakari navarra Uxue Barkos], tanto para una reflexión crítica sobre la injusticia del daño causado por el terrorismo, como para una nueva orientación de la política penitenciaria tras la disolución definitiva de ETA». Urkullu sorprendió al indicar que los movimientos en materia de presos «se están dando» y dijo que «tanto el Gobierno de Rajoy como el de Sánchez saben cuál ha sido el planteamiento del Gobierno Vasco, es público y conocido».

«A partir de ahora, tienen que darse plazos. Las cosas no se hacen de un día para otro, aquí toman parte muchos agentes, pero creo que está sucediendo y creo que hay voluntad para ello. Además, sería bueno que esa voluntad apareciese también en las personas que se hallan presas, pero yo, en ese este tema, trato de ser lo más discreto posible. Espero resultados», zanjó.

 

No cree «dramático» prorrogar los presupuestos pero emplaza al PP

El lehendakari consideró que prorrogar el presupuesto de 2018 «no sería algo trágico ni dramático», aunque aclaró que «esta no es la intención» de su Gabinete, que intentará negociar con los grupos para obtener el apoyo para aprobar las cuentas de 2019.

En concreto, Urkullu se refirió a la posibilidad de que el PP decida no respaldar las cuentas vascas de 2019, a diferencia de lo que hizo en 2018, como consecuencia del apoyo del PNV a la moción de censura que acabó con el Ejecutivo de Mariano Rajoy. «Si hay razones previas que no tengan que ver con el grado de cumplimiento del presupuesto, será el PP el que tenga que responder qué otras razones existen para no actuar en coherencia», valoró sobre este asunto, añadiendo que si el Gobierno cumple la ejecución de los presupuestos pactados por el PNV, el PSE y el PP, este partido tendría que modificar su posición para no volver a respaldar las cuentas de 2019.

El apoyo a la moción fue una decisión que «tiene que ver con el PNV», arguyó, señalando que todo lo ocurrido «es el reflejo de lo que era la realidad que afectaba al PP tras la sentencia condenatoria al propio PP». En este sentido, consideró que el PP olvida que el inicio de todo fue esa sentencia, que provocó «la necesidad de una regeneración ética también en las instituciones», respecto a la que el partido presidido en aquel momento por Mariano Rajoy «adoptó las decisiones de no presentar dimisiones» y someterse a una moción de censura.

El mandatario aseguró que con el objetivo de lograr aprobar sus cuentas el Ejecutivo hablará con todos los grupos parlamentarios. «Nuestra disposición es a hablar con todos y ver cuáles son las posiciones de negociación». Con todo, asumió que «siempre es complicado» acordar los presupuestos, porque no dispone de mayoría parlamentaria. «Mal ejercicio haría yo como lehendakari si no fuera consciente de que somos un gobierno en minoría, no sólo para los presupuestos, sino para la producción parlamentaria», admitió.I.B.