María Eugenia Russián, docente y directora de Fundalatin, organización de derechos humanos con 40 de existencia, subraya en entrevista con GARA que en Venezuela no hay crisis humanitaria sino un bloqueo, y exige el fin de las sanciones que «están afectando a la población más pobre». «Se han entregado dos millones de viviendas a personas en situación vulnerable. ¿Un país que sufre una crisis humanitaria es capaz de entregar la vivienda dos millones? No se ha cerrado ni una escuela, ni una universidad, ni un hospital», resalta. Pide que la cuestión de Venezuela se aborde con «objetividad e imparcialidad».

Desde diferentes instancias se viene denunciando la crisis humanitaria, social y económica que vive Venezuela. ¿Qué diagnóstico hace Fundalatin?

Nuestra organización tiene 40 años. Fue una de las primeras organizaciones de derechos humanos creada en Venezuela en un contexto marcado por la llegada de muchos refugiados que huían de las dictaduras del Cono Sur. En reconocimiento al trabajo que hemos venido realizando, en 1987 recibimos el premio Mensajero de la Paz de la ONU. Estamos acreditados en la Organización de Estados Americanos (OEA) y desde 2015 es reconocida con el Estatus Consultivo Especial en el Consejo Económico y Social de la ONU. Acabamos de participar en la 39ª sesión del Consejo en Ginebra, organismo ante el cual hemos dicho que en Venezuela no hay crisis humanitaria. ¿Por qué lo digo? En Venezuela estamos viviendo un bloqueo y unas sanciones unilaterales que impusieron Estados Unidos y Canadá. El bloqueo de las cuentas del Banco Central de Venezuela, o de todas las negociaciones que hace Petróleos de Venezuela, cuando la mayor parte de divisas que entran es gracias al petróleo, impide que el país pueda pagar a sus proveedores. Te pongo un ejemplo. Hace unos meses, el laboratorio BNS de Colombia iba a enviar unos medicamentos para la malaria, pero cuando se enteró que el destino era Venezuela paralizó el envío porque los bancos son amenazados por el Gobierno de EEUU con que si despachan algo a Venezuela serán sancionados económicamente. Se está hablando de abrir un canal humanitario en nuestro país cuando lo que estamos pidiendo es que se levanten las sanciones para que el país pueda coordinar la compra y venta de medicamentos y alimentos que necesitamos. En 2017 estuvo el Relator Independiente para un Orden Democrático y Equitativo, Alfred de Zayas, en cuyo informe, que fue presentado ante Naciones Unidas, se constata que no hay crisis humanitaria, sino un bloqueo económico. Se han entregado dos millones de viviendas a personas en situación vulnerable. ¿Un país que sufre una crisis humanitaria es capaz de entregar la vivienda dos millones? En el país no se ha cerrado ni una escuela, ni una universidad, ni un hospital.

¿Qué valoración le merecen las protestas de la oposición?

Nosotros mismos sufrimos las consecuencias de la violencia política ejercida de abril a julio de 2017. Fundalatin está ubicada en Chacao, cuyo exalcalde Ramón Muchacho –en estos momentos prófugo de la ley– es de la oposición. Los manifestantes, que iban con las caras tapadas con máscaras y con bombas molotov, intentaron entrar en nuestra sede. Iban acompañados por algunos líderes de la oposición. Empezaron a disparar y a vejar a las personas que estaban dentro con mucha rabia y violencia. Solicitamos a la exfiscal general Luisa Ortega medidas cautelares de protección, petición que jamás fue tomada en cuenta. Acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nunca se pronunció, y fuimos también al relator de Derechos Humanos de la ONU, Michael Forst. Su equipo técnico recibió una carta y nunca hemos recibido una respuesta cuando somos una organización que tiene estatus consultivo en Naciones Unidas. Quien defiende los derechos humanos lo debe hacer para todos, para quienes son de derechas y para quienes son de izquierdas. Los derechos humanos no tienen color político. Nos preguntamos por qué estos relatores sí se manifiestan y toman posición frente a otros activistas de derechos humanos y no lo hacen ante Fundalatin. Llegamos a la conclusión de que es porque Fundalatin defiende ante el mundo que las políticas públicas de Venezuela en materia de derechos humanos van acorde con las personas más vulnerables. Los derechos humanos deben ser vistos con objetividad.

Como organización que tiene una perspectiva cristiana –nosotros apoyamos la Teología de la Liberación– llamamos al diálogo, que debe darse con todos los sectores que componen la sociedad civil venezolana. Nuestra preocupación es que las transnacionales de comunicación dicen que se debe abrir un canal humanitario cuando sabemos que esto nos conduciría a una intervención militar.

Desde esa defensa del diálogo, ¿que interlocución mantiene Fundalatin con la oposición?

Todos los conflictos se dirimen a través del diálogo; no puede ser la ola de violencia que en 2014 generó 43 muertos, ni la de 2016-17; periodos en los que se retomó la violencia generando más de 121 fallecidos y dejando a miles de personas algún tipo de discapacidad. Constantemente estamos llamando a la oposición venezolana a que se siente a dialogar con el Gobierno. Cuando a través de la mediación de los expresidentes de Panamá Martín Torrijos, de República Dominicana Leonel Fernández y de España José Luis Rodríguez Zapatero estaban a punto de firmar los acuerdos, la oposición se levantó de la mesa y no quiso asumir los acuerdos porque parte de la oposición tiene una agenda violenta.

¿Qué debilidades observa en el Gobierno y qué recomendaría para mejorarlas?

Siempre le hemos recomendado al Estado el diálogo, el fortalecimiento de los derechos humanos, que desde la educación primaria se empiece a formar a los niños y a los profesores en el tema de los derechos humanos, que nos formemos desde pequeños en la cultura de la defensa de los derechos humanos y en el cuidado de la madre tierra. Como religiosa y activista hemos cuestionado mucho a la Conferencia Episcopal Venezolana porque los obispos se han puesto a favor del no diálogo y de la violencia. De hecho, durante los episodios de violencia de 2017 vimos a obispos bendecir a los muchachos que iban a quemar un hospital maternal, a quienes salían a la calle con máscaras a protestar y romper los servicios y bienes públicos. Eso nos llama la atención y nos lleva a preguntarnos cuál es el papel de la jerarquía eclesiástica. ¿Su función es la de llamar al diálogo o ser un muro? Como monja de la Iglesia católica, cuestiono a los obispos; estamos para servir, para orientar y llamar al diálogo y a la reconciliación. Ante un país polarizado, nosotros tenemos que ser portadores de diálogo y no muros que nos alejan y llaman al enfrentamiento. Desde Fundalatin siempre apelamos al diálogo, al encuentro, al respeto, al cumplimiento de los derechos humanos y de los deberes humanos.

Usted pide que se usen con propiedad los términos refugiado, exiliado y migrante. En el Estado español, la mayor parte de solicitudes de asilo político procede de Venezuela.

El Gobierno español solo ha concedido 15 solicitudes de asilo de entre casi 12.000. Esto quiere decir que los demás no reunían las condiciones para ser considerados refugiados políticos. Eso nos debe llevar a un cuestionamiento. Es verdad que están saliendo venezolanos, pero lo hacen por la situación económica y la causa de esta situación es el bloqueo. Exigimos a los gobiernos de EEUU y de Canadá que levanten las medidas coercitivas, que cejen en su ataque constante a la moneda y se normalicen las relaciones porque se están vulnerando los derechos de la población más vulnerable. Y debido al maltrato y a la xenofobia, muchos venezolanos están regresando. Nadie que se va en calidad de refugiado o asilado pide volver a su país; nadie que vive bajo una dictadura quiere regresar. Quienes trabajamos en materia de derechos humanos y quienes escuchan las noticias sin analizarlas deberían de hacerse esas preguntas.

Fundalatin está acreditada en la OEA. ¿Cómo valora la postura de su secretario general?

Hemos solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que rechace las declaraciones del señor Almagro pidiendo una intervención militar. Haciéndolo, está violando todos los estatutos de la organización. Ha asumido una postura de opositor. El informe, muy científico y argumentado, que redactó el relator Alfred de Zayas sobre Venezuela tras reunirse con todos los sectores de la sociedad no fue incluido en el informe del Alto Comisionado saliente para los DDHH de la ONU, quien hizo su informe final con notas de prensa, con testigos sin acreditar y con una serie de elementos dudosos y sin tener en cuenta a las diferentes organizaciones. Cuando se habla de derechos humanos, se debe hacer con imparcialidad y cuando se toca el tema Venezuela, pedimos que se haga de un modo objetivo, ético e imparcial. Ya hemos entregado un informe con nuestras observaciones a la nueva Alta Comisionada para los DDHH, Michele Bachelet. La verdad nos hace libres, esa es una de las premisas de la Teología de la Liberación. Yo no estoy aquí para defender a gobiernos ni a políticos, sino porque me preocupan las sanciones, porque estas afectan a la población más pobre y porque debe mermar esa brutal campaña contra Venezuela y porque quiero llevar otra realidad que no sale en los medios. Soy mujer de pueblo, llevo 27 años de monja con los más pobres, campesinos, indígenas… y veo la realidad de mi pueblo. Yo también sufro las consecuencias de no encontrar un medicamento. Lo de Venezuela es un problema político y de modelo de país. Debemos reencontrarnos y volver al diálogo y empezar a buscar todo los que nos ayude a fortalecer nuestra sociedad. Las intervenciones militares no ayudan a nadie en ningún país.