Concluyó ayer el juicio por la muerte de Iñigo Cabacas de un pelotazo lanzado por la Ertzaintza que, según los forenses, le impactó de forma «perpendicular» en la cabeza. Y si el joven basauritarra estaba de pie, como en efecto se encontraba, ese disparo solo pudo ser «tenso» o «en horizontal», por mucho que la fiscal quisiera cuestionar también la ley de la gravedad y los principios de la geometría. La causa queda ahora en manos del tribunal que preside Reyes Goenaga, que debe determinar si hubo o no delito en que el hincha del Athletic saliera el 5 de abril de 2012 a festejar la victoria de su equipo contra el Schalke 04 y acabara muerto por una «entrada» policial a pelotazos en «una ratonera». A la hora de tomar su decisión tendrá que tener en cuenta no solo los patrones del Código Penal, sino también los del respeto institucional porque, en estos tiempos de descrédito de los tribunales, va a ser difícil para la sociedad admitir que la muerte de Iñigo Cabacas no tiene ningún responsable penal; y tampoco a la Ertzaintza le va a hacer ningún favor que todos se vayan de rositas.

A lo largo de todo este proceso ha habido numerosos escalones que los poderes ejecutivo, legislativo, policial y judicial han ido ascendiendo hacia su propio descrédito.

El Gobierno, en el que en 2012 estaban Patxi López y Rodolfo Ares, empezó mintiendo sobre los hechos, anunció una investigación interna que a lo largo del juicio quienes debían haber sido investigados han negado, y prometió que trabajaría por el esclarecimiento de los hechos, mientras que lo que ha trascendido ahora es que estuvo preparando con los agentes una versión exculpatoria para la mayoría de ellos.

El Ejecutivo actual, a cuyo frente están Iñigo Urkullu y Estefanía Beltrán de Heredia, también prometió esclarecimiento, pero hemos visto a sus abogadas compadrear con la defensa de los agentes y ha accedido a rastras a atender requerimientos de la jueza de instrucción, al tiempo que ha suspendido en empatía con la familia Cabacas-Lizeranzu. Sin olvidar el nombramiento como jefe de la Ertzaintza de Jorge Aldekoa, el responsable de la comisaría de Bilbo que, si se atiende a lo dicho en el juicio, más parecía el camarote de los Marx.

Tampoco el Parlamento de Gasteiz estuvo a la altura de las circunstancias. Hubo quien lloró junto a los padres de Iñigo Cabacas cuando comparecieron en comisión, pero luego PNV, PSE, PP y UPyD votaron en contra de la creación de una comisión de investigación, en la que se hubieran podido buscar muchas respuestas a preguntas que en un proceso judicial quizá no sean pertinentes, pero que como escribió el ertzaina y ex dirigente sindical Teo Santo hubieran podido aclarar algunos puntos.

De la Ertzaintza hemos sabido que, en lugar de buscar esclarecer los hechos, lo que ha tratado es de enredarlo todo para lograr su exculpación. Después de una actuación infame, los agentes y sus mandos han mentido, han negado la realidad, se han hecho los tontos, han concertado declaraciones y desde el principio han tratado de borrar pruebas.

Su catadura moral se demuestra en que dentro del propio cuerpo se hayan conjurado para señalar como culpable al que de entre ellos se salía de la manada. Que no es que no tenga culpa, sino que no es el único que además de pecar –como dijo su abogado– también delinquió.

Y si en el banquillo de los acusados no está sentado quien coordinaba todo el operativo y daba las órdenes, algo que pocos entienden, se lo debemos al poder judicial, concretamente a la jueza instructora y a la Sección 6ª de la Audiencia Provincial, con su trabalenguas «no comparte esta Sala esta especie de teoría causal según la cual la causa de la causa es causa del mal causado, pues nos llevaría al absurdo». La familia ya había intentado que su presidente, Ángel Gil, se abstuviera, por haber conocido los prejuicios que tenía sobre la causa.

De esta forma y en relación con la muerte de Iñigo Cabacas. «Ugarteko» solo se ha sentado ante el tribunal una vez como testigo y otra vez como acusador, pidiendo 250.000 euros a la abogada de la familia, a GARA y Naiz. Surrealista.

Con estos antecedentes, en manos del tribunal que debe dictar sentencia está seguir escalando hacia el descrédito institucional o poner un poco de cordura entre tanto desatino. Manu Cabacas y Fina Liceranzu se lo merecen.