La mayoría de los imputados en el “caso De Miguel” formaban una «organización criminal» y compartían un «nexo común», su relación con el PNV. Así lo indicó ayer el fiscal Josu Izaguirre, que se refirió a la formación jeltzale como el «partido amigo» de los acusados, entre los que figura el exdiputado foral de Administración Local y Equilibrio Territorial de Araba Alfredo de Miguel. La Fiscalía solicita una pena de 29 años y nueve meses de prisión para el exburukide, al que imputa una veintena de delitos, entre ellos cohecho, prevaricación, coacciones o malversación de fondos públicos.

Izaguirre, que presentó su informe final, volvió a colocar a De Miguel al frente de una «trama» diseñada para cobrar comisiones ilegales a cambio de la concesión de contratos públicos. Un entramado formado por dirigentes del PNV alavés y personas con cargo en diferentes administraciones que, en palabras del fiscal, utilizaba «prácticas más propias de Sicilia que de un país mínimamente serio», en alusión a las coacciones denunciadas por la empresaria Ainhoa Alberdi, la persona que destapó el caso en 2009.

Según explicó el representante del Ministerio Público, Alberdi no era «una loca», sino que presentó «elementos muy contundentes» para poner en marcha una investigación. Aportó correos electrónicos enviados por el propio De Miguel desde la cuenta de la Diputación foral de Araba, en los que se le reclamaba el pago de una comisión de 100.000 euros, y unas grabaciones en las que se puede escuchar a algunos de los implicados. En la parte testifical estos denunciaron que los audios están manipulados, una idea rechazada por el fiscal, que insistió en que «la validez de las grabaciones está fuera de toda duda» y puso en entredicho la alegación de De Miguel, quien primero dijo que no se reconocía en las grabaciones y posteriormente trató de restarles valor afirmando que la prueba había sido manipulada. «O en misa o repicando», apuntó la acusación.

Ampliación de Miñao

En la sesión de ayer se refirió a tres de las trece piezas que forman el caso. Comenzó por la ampliación del Parque Tecnológico de Araba, en la que, además de los exburukides De Miguel, Aitor Telleria y Koldo Ochandiano, están imputados Alfonso Arriola, gerente del parque en 2006 –cuando tuvieron lugar los hechos investigados–, y Julián Sánchez Alegría, entonces presidente de la red de parques tecnológicos de la CAV. La Fiscalía sostiene que Alberdi alertó de la extorsión que estaba padeciendo a este último, que, en lugar de denunciar lo ocurrido, actuó como hacen «las mafias. Protegiendo a los suyos y dejando a los pies de los caballos a la ciudadanía».

En cuanto a Arriola, Izaguirre señaló que, en sus primeras declaraciones, este reconoció que el contrato con Urbanorma Consulting, la empresa en la que trabajaba Alberdi, era ilegal. «Pero decide prestar una tercera declaración voluntaria, se da cuenta de que la verdad suena muy mal e intenta legalizar lo que dijo que era ilegal. Dice que estaba equivocado», explicó antes de referirse al contrato firmado por los responsables de parque tecnológico con Stoa, la firma administrada por Sergio Fernández Oleaga, otro de los imputados.

Cabe recordar que, en su declaración ante el tribunal, un ertzaina apuntó que los acusados modificaron varios documentos oficiales en 25 minutos para beneficiar a Fernández Oleaga, amigo de De Miguel. «Había que darle el contrato sí o sí. Daba igual lo que hiciese, se iba a llevar el contrato porque se iba a pagar una comisión», remarcó el fiscal. Insistió en que los imputados actuaron a su antojo, «saltándose a la torera las propias normas de contratación del Parque Tecnológico de Araba».

Dirección de Juventud

En la sesión de la tarde, Izaguirre se centró en los contratos adjudicados por el Departamento de Cultura del Gobierno de Gasteiz a las empresas de De Miguel durante la etapa de Juan José Ibarretxe. Esta pieza salpica al exviceconsejero de Cultura Gurutz Larrañaga y al exdirector de Juventud Xabier Sánchez Robles, que en su escrito de defensa presentó un informe con el que trató de justificar los trabajos encargados a Kataia, Errexal y Ortzi Muga.

Llama la atención que el texto estaba fechado el 29 de febrero de 2007, un año que no era bisiesto. «Hasta para ser un delincuente hay que ser un poco más riguroso», manifestó el fiscal, y recordó que una funcionaria declaró que en la Dirección de Juventud «no se movía un papel si no era bajo la supervisión de Sánchez Robles».

Tal vez por eso haya modificado la petición penal contra Larrañaga, que en un primer momento se enfrentaba a una petición de 17 años de prisión. El fiscal anunció ayer que ha decidido retirar el delito de malversación, aunque mantiene el de prevaricación, ya que, a su juicio, «dictó resoluciones arbitrarias». «Sabía que estaba dictando una resolución injusta», dijo Izaguirre, que en su informe firmal reduce significativamente la petición de penas para los 26 imputados.

En el caso de Alfredo de Miguel solicita una pena de 29 años y 9 meses frente a la petición inicial de 54 años y 11 meses, y para Telleria y Ochandiano reduce de forma ostensible la petición de cárcel al pasar de 32 años y 2 meses a 13 años y 7 meses para cada uno. Lo mismo ocurre con las esposas de los mismos y con la hermana de De Miguel, para quien la Fiscalía solicita ahora tres años y cuatro meses de prisión en vez de 13.

Sin duda, los principales cambios están relacionados con varios de los imputados en la pieza abierta por la recalificación de terrenos en Zambrana, en la que está imputada la exalcaldesa Justina Angulo. Tras alcanzar un acuerdo con el fiscal, el empresario Josu Arruti reconoció que los responsables del Grupo Riera pagaron una comisión de 322.000 euros a él y a De Miguel a cambio de la construcción de un nuevo polígono industrial. Gracias al acuerdo, la Fiscalía ha reducido la petición de prisión para Arruti de 19 años y 10 meses a 1 año y 9 meses. Además, ha rebajado considerablemente el castigo solicitado para su padre: de 19 años y 6 meses a 9 meses de cárcel. Y ha retirado por prescripción la acusación a su hermana y cuñado, para los que pedía una pena de 6 años.

 

Josu Izaguirre pone en cuestión la imparcialidad de la Ertzaintza: «No tenemos una verdadera policía judicial»

El fiscal Josu Izaguirre alertó de que «no tenemos una verdadera policía judicial, sino una que depende del Ejecutivo. Y cuando uno se acerca a los aledaños del Ejecutivo las investigaciones pierden vigor».

En su intervención ante el tribunal, recordó que tras la operación policial que marcó el inicio del “caso De Miguel”, él se negó a que las pruebas incautadas fueran trasladadas a la base central de la Ertzaintza, situada en Erandio. Reclamó que las mismas se depositasen en el Palacio de Justicia de Gasteiz. «Externalizar estas investigaciones conduce a las mismas al fracaso», manifestó.

Asimismo, reconoció que le entró «vértigo» al ver «lo que podía apuntar» la investigación, en la que están imputadas 26 personas, muchas relacionadas con el PNV. Y puso en valor que el juez instructor, Roberto Ramos, «no salió huyendo» ante uno de los mayores casos de corrupción que se ha juzgado en Euskal Herria, ni optó por meter el sumario en «la nevera». «Tomó conciencia de lo que había e inició un trabajo riguroso sin ningún tipo de apoyo ni refuerzo. Hizo una instrucción modélica», apuntó Izaguirre, que defendió la creación de una Fiscalía Anticorrupción en la CAV.

También reclamó más medios para la Unidad de Delitos Económicos de la Ertzaintza, porque, a su parecer, carece de recursos materiales y humanos. «Pero en esta investigación dio el do de pecho. En esta investigación se ha trabajado bien», indicó el fiscal. Habló durante seis horas sobre tres piezas del caso. Hoy tendrá que presentar su informe final sobre las diez restantes.I.S.

 

BURUKIDE OHIEK SORTUTAKO TALDE KRIMINALA

Josu Izaguirre fiskalak «De Miguel auzian» auzipetuta dauden gehienek «talde kriminal» bat sortu dutela baieztatu zuen. Eta «ia akusatu guztiek» EAJrekin lortura dutela nabarmendu zuen. Izagirrek dionez, Alfredo de Miguel, Aitor Telleria eta Koldo Ochandiano burukide ohiek parte hartzen zuten, kontratu publikoak modu irregularrean esleitzearen truke legez kanpoko komisioak kobratzeko sortutako sarean. Alfredo De Miguelen kasuan, Fiskaltzak 29 urte eta bederatzi hilabeteko espetxe zigorra eskatu du, hogei delitu inguru leporatuta, tartean, eroskeria, prebarikazioa, derrigortzea edota diru publikoa bidegabe erabiltzea.