La delegación vasca convoca al 12E tras el bloqueo del diálogo con París

La delegación vasca que abrió, a finales de 2017, un espacio estable de trabajo con el Ministerio francés de Justicia ha hecho sabe que esa interlocución, que en este tiempo ha traído avances relevantes como el acercamiento de 25 presos, ha quedado suspendida. Llama a acudir a las marchas «Orain presoak» para relanzar la agenda de resolución.

Cuatro de los integrantes de la delegación vasca que, desde otoño de 2017, ha mantenido abierto un «espacio de trabajo y de construcción de confianzas» con el Ministerio francés de Justicia comparecieron ayer ante los medios para hacer un «balance de etapa». La cita arrojó una noticia, de partida negativa, pero que el grupo de interlocución quiere ver como antesala de nuevos pasos para la resolución integral de las consecuencias del conflicto.

El mero hecho de que la delegación agotara media hora de su comparecencia, ayer al mediodía en Baiona, antes de verbalizar, por boca de Jean-René Etchegaray, que la interlocución establecida con el ministerio de Nicole Belloubet «ha quedado suspendida», da cuenta de la gravedad de la situación.

El presidente de la Mancomunidad Vasca no quiso dar detalles sobre el momento y circunstancias del bloqueo del diálogo abierto en París, secundando así al parlamentario de la mayoría presidencial, Vincent Bru, quien durante su intervención puso en valor «la discreción como herramienta para construir la confianza que nos ha permitido avanzar de forma importante».

No obstante, cuidando el lenguaje, habló de dos «hechos concomitantes»: la llegada del PSOE al Gobierno español, el verano pasado, y la paralización de los trabajos que el Ministerio de Justicia y la delegación desarrollaban, y de los que tenían constancia tanto el Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK) como el Ejecutivo de Sánchez.

Etchegaray constató que los síntomas de ese bloqueo han sido «las reticencias» de los interlocutores en plaza Vendôme a seguir «completando el camino cara a resolver las consecuencias del confllicto» y que resumió en una reclamación básica: la aplicación a los presos vascos de la legislación ordinaria.

Concedió el alcalde de Baiona que «se ha hecho mucho», y que «la perspectiva de la paz duradera se toca con los dedos, porque se reúnen las condiciones históricas y políticas para ello», pero apostilló que, en materia de presos y víctimas, «lo esencial queda por hacer».

Tanto Etchegaray como Bru recurrieron a expresiones como «lo complejo de la tarea» o las dificultades derivadas de «una fase delicada» para aludir a la crisis abierta en el diálogo con París. El presidente de la Mancomunidad Vasca llegó a quejarse de «una sordera que no termina de sanar» y el diputado de Kanbo elucubró sobre la complejidad de hacer cambiar «algunas visiones muy parisinas».

Mapa del colectivo de presos

La presidente de Bake Bidea, Anaiz Funosas, resumió, por su parte los principales avances logrados en un trabajo del que hizo partícipe a los propios presos. De manera previa, tanto Etchegaray como Bru habían remarcado la «aportación destacada» realizada desde las cárceles.

Bru aportaba el dato de que «incluso los sindicatos de funcionarios reticentes a la llegada de un número importante de prisioneros vascos, principalmente a Mont-de-Marsan, reconocen que todo ha discurrido de forma tranquila y disciplinada». Ello antes de revelar que esta Navidad tiene previsto desplazarse hasta la cárcel de Saint-Martin de Ré, siguiendo con su ronda de visitas a presos vascos.

Desde diciembre de 2017 y hasta julio de este año, un total de 25 presos vascos llegaron a dos cárceles cercanas a Euskal Herria, Lannemezan y Mont-de-Marsan. Actualmente hay 13 vascos en la primera cárcel y 14 en la segunda. En todo caso, de acuerdo a lo avanzado con el Ministerio, ocho presos más deberían estar ya en Euskal Herria.

Mientras, de los 36 presos clasificados como DPS hace un año, en julio pasado sólo 12 seguían bajo ese régimen. Con todo, en ocasiones la retirada de esa calificación y el traslado no han sido parte de una misma ecuación. En este tiempo, es indudable que el mapa carcelario ha cambiado. Según los datos aportados en la comparecencia, en julio de 2018 había 51 en 12 prisiones mientras que en diciembre de 2017 eran 56 en 19. Sin embargo, persisten situaciones que preocupan y mucho, como el hecho de que «no se haya dado una solución que permita acercar a las mujeres» o que haya presos solos en cárceles lejanas como las de Arlès, Saint-Martin-de-Ré y Moulins-Yzeure.

Aplicar la ley ordinaria

El parlamentario Vincent Bru reiteró ayer que «no estamos en una dinámica derogatoria sino de aplicación de la ley» mientars que Etchegaray defendía «la independencia de la Fiscalía, pero también su obligación de tener en cuenta el nuevo contexto». Aludía así a «presos que llevan casi tres décadas en prisión –Parot, Esnal y Haranburu– y cuya libertad condicional es recurrida una y otra vez».

Bru remachaba con la idea de que «no hay obstáculo legal para que se completen los acercamientos y se levante a todos el DPS, como tampoco para excarcelar a enfermos y condicionables». Sobre esas demandas van a seguir trabajando y lo harán, remarcan, «junto a la sociedad civil, que es quien ha hecho posible todo: con Luhuso, el desarme y con el 9D en París, los primeros pasos con los presos». Llaman así a acudir a la movilización de «Orain presoak», convocada para el sábado 12 de enero en Baiona y Bilbo.

Conferencia en la capital gala sobre penas y proceso de paz

La sede del Colegio de Abogados de París fue escenario, en la noche del jueves, de una conferencia destinada a tratar la aplicación del Derecho en un escenario de salida de conflicto. El encuentro sirvió para abordar la necesidad de adaptar la ley al contexto de construcción de la paz.

El encuentro fue organizado por Bake Bidea, aunque junto a su presidenta, Anaiz Funosas, ejerció de anfitrión el exmagistrado Serge Portelli. Las primeras intervenciones corrieron a cargo de los profesores de Ciencia Política Xavier Cretiez y Emmanuel Pierre Guitet, que abordaron, respectivamente, la historia social de ETA y la represión en Euskal Herria.

Al reputado forense vasco Paco Etxeberria le tocó abordar la cuestión de la práctica de la tortura, mientras que el profesor Jean Paul Ceré, presidente del colegio francés de derecho penal, disertaba sobre los mecanismos para hacer evolucionar la práctica judicial en el contexto de la desaparición de ETA. Una mesa redonda sirvió para ahondar en las inercias a superar por parte de la judicatura gala, a través de las intervenciones de la abogada Xantiana Cachenaut, el ex magistrado Portelli y el presidente de honor de la LDH francesa, Michel Tubiana. La charla de clausura corrió a cargo de otro ex juez, Philippe Texier. GARA