El Foro insta a cumplir la ley con los presos y destaca el consenso político

El Foro Social Permanente saluda los pasos adoptados por el Gobierno de Pedro Sánchez en política penitenciaria aunque considera que son «tímidos, cortos y lentos». Por ello, le emplaza a que cumpla la ley ordinaria respecto al acercamiento, la liberación de las personas gravemente enfermas y a eliminar los obstáculos a la progresión de grado.

Seis meses después de que el Gobierno de Pedro Sánchez anunciase cambios en política penitenciaria, el Foro Social Permanente constata que el Estado español sigue sin despegarse de la excepcionalidad para caminar hacia la aplicación «flexible y humanizada» de la legislación ordinaria. Al igual que las posturas mantenidas por PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PSE, estima que es posible atender esa demanda mayoritaria de la sociedad y que así lo avalan los expertos.

En una comparecencia ofrecida ayer en Bilbo, Teresa Toda y Nazario Oleaga reconocieron que se han adoptado decisiones, pero no las necesarias para que todo cambie. Comprenden que se pueda ir actuando «gradualmente», pero consideran que la aplicación de la ley y el desarrollo de unos procesos de reintegración que contribuyan a una convivencia democrática pasan por el acercamiento de todas las personas presas a la cárcel de Zaballa y por su progresión a segundo grado, «posibilitando los procesos de reintegración y progresión a tercer grado».

Respecto a la presión que pudieran estar ejerciendo partidos como Vox para que no se cumpla la ley, Toda manifestó que «es evidente que las fuerzas políticas de derecha y de más derecha del Estado español hacen un marcaje sobre el Gobierno de Sánchez y eso sí puede influir, de alguna manera, en que los pasos hayan sido tan tímidos hasta este momento». En todo caso, incidió en que no se trata de decisiones extraordinarias ya que «se puede arreglar con la legislación ordinaria que hay, desde el acercamiento hasta el paso a segundo grado».

La portavoz del Foro Social recordó que, antes de que Sánchez recalara en Moncloa, se supo que el Ejecutivo del PP «tenía ya una primera lista de personas presas sobre las que estaba estudiando algunos cambios».

Cuestión de Estado

«Es un tema que trasciende a quien esté en el gobierno, es un tema de Estado», defendió Toda, quien añadió que los portavoces de EPPK han manifestado en reuniones que han mantenido con representantes del Foro en la cárcel granadina de Albolote «su voluntad de seguir por la vía que han abierto, de explorar todas las posibilidades que la legislación actual ofrece, independientemente de quien esté en el gobierno».

El Foro Social Permanente fijó postura después de presentar un documento sobre el cambio de la política penitenciaria, que tiene su base en las conclusiones extraídas de sendas mesas redondas con formaciones con representación en la Cámara de Gasteiz, incluido el PP en la celebrada el 20 de noviembre en el Colegio de la Abogacía de Bizkaia. Ese encuentro, confesaron, fue «inusual» al tomar parte en aquel encuentro la parlamentaria y secretaria general del PP en la CAV, Amaia Fernández.

El Foro estima que es «interesante» dar a conocer las posiciones y bases de acuerdo «entre quienes pueden ser palancas importantes para que todo ello se vaya materializando, contribuyendo a la construcción de una convivencia democrática que tenga en cuenta a las víctimas y respete todos los derechos de todas las personas.

La iniciativa de ayer se produce a las puertas de las movilizaciones convocadas para el sábado por la iniciativa Orain Presoak y Artesanos de la Paz en Baiona y Bilbo, en las que participará una delegación y auguran que serán masivas.

Toda y Oleaga manifestaron que existe un «amplio acuerdo» acerca de que tras la disolución de ETA es necesario un cambio en política penitenciaria, «no solo porque lo permite la legislación actual sino, quizás incluso más importante, como elemento imprescindible en la construcción de la convivencia democrática en nuestro país». «Actualmente además –incidieron– hay condiciones políticas y sociales adecuadas para dar una solución integral a una situación prolongada que afecta a las personas presas y a sus familiares y allegados».

El Foro subrayó que el consenso alcanzado en esta cuestión «es el más amplio y transversal alcanzado en los últimos 40 años» en Hego Euskal Herria, «transcendiendo diferencias políticas notorias en otros temas». En su opinión, ello muestra «un deseo mayoritario de avanzar hacia una nueva convivencia».

No olvidan el reflejo que esa posición tiene en el repetido pronunciamiento que se está dando en distintos marcos institucionales de la CAV por parte de PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PSE en temas como el de las personas presas gravemente enfermas y el acercamiento de las y los prisioneros, sin olvidar el unánime consenso sindical. Además, resaltan la importancia de las movilizaciones de una sociedad civil «activa».

En la comparecencia, destacaron ese «consenso mayoritario» para «afrontar una solución integral a la cuestión aún pendiente de la política penitenciaria». Añadieron que PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PSE coinciden sobre que «la ley es clara en el caso de personas gravemente enfermas», sobre que «la progresión de grado es necesaria para la reinserción y debe definirse ese proceso» y también sobre la transferencia de competencias en materia carcelaria. «Con la legislación penitenciaria ordinaria vigente es posible otra política», remarcaron Toda y Oleaga.

No ocultaron que, pese a mantener posturas coincidentes, también hay «puntos de vista más diferenciados o matizados» entre esos cuatro partidos, por ejemplo «respecto al ritmo y los pasos realmente producidos tras el anuncio del Gobierno de Sánchez».

En los programas electorales

En un año de convocatorias a las urnas, vista la importancia y la urgencia de la cuestión carcelaria como defiende una mayoría política y social, el Foro propone que los partidos incluyan este asunto en sus programas electorales, «respondiendo así a esta amplia demanda en la cual están implicados y ya han tomado claras posiciones».

Expusieron que en la esencia del Foro está procurar y fomentar el diálogo entre las fuerzas políticas y sindicales buscando acuerdos y consensos sobre las grandes cuestiones que requieren solución tras el desarme y la disolución. «Principalmente, tres: el reconocimiento a todas las víctimas de todas las violencias, una memoria inclusiva para sustentar una convivencia democrática, y el tema que hoy nos ocupa, el necesario y urgente cambio de la política penitenciaria», explicaron.

El EBB del PNV comparte lema y reivindicación pero no acudirá como partido a Baiona y Bilbo

El PNV comparte lema y reivindicación de las manifestaciones convocadas por Artesanos de la Paz y la iniciativa Orain Presoak para el sábado en Baiona y Bilbo, pero no estará al considerar que «es un acto dentro del calendario de la izquierda abertzale».

«Como partido no nos corresponde ir», añadieron fuentes jeltzales consultadas, que precisaron que el asunto no llegó ni a abordarse el lunes en la reunión semanal del EBB.

Mientras Sabin Etxea evita pronunciarse oficialmente sobre la convocatoria, siguen produciéndose una cascada de adhesiones. Tras la anunciada presencia de todos los sindicatos en la capital vizcaina, cada una de las centrales va haciendo público comunicados en los que expone sus razones. Así, LAB ha llamado a trabajadoras y trabajadores a sumarse al objeto de «reforzar la lucha para traer a las presas, presos, exiliados y exiliadas a casa». «Es imprescindible –destacan– fortalecer las movilizaciones para interpelar a los gobiernos español y francés». Steilas también lo hizo, afirmando que «la resolución de la problemática de las personas presas debe ser una aportación imprescindible a la convivencia en Euskal Herria».

Comunidades Cristianas Populares, Coordinadora de Sacerdotes de Euskal Herria y Herria 2000 Eliza urgieron a la Iglesia vasca a unirse y participación en las marchas para «impulsar la solución al conflicto por medio de la defensa y la activación de la sociedad por el respeto de los derechos humanos». Asimismo, denunciaron «inmovilismo o lentitud» de los gobiernos en cambiar una política carcelaria «vengativa».A.G.

Covite pide que el protocolo se aplique a todos antes que a los enfermos vascos

El espíritu que anida en colectivos como Covite contra los presos vascos queda claro en la iniciativa presentada ayer. Ha reclamado por carta al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, que el nuevo protocolo para medir la situación de los presos enfermos se aplique a los vascos en último lugar. Según su retorcida explicación, es el único modo que tiene el Gobierno español para negar que vaya a darles trato de favor.

Covite ha solicitado también los datos de los presos vascos a los que se les podría aplicar este protocolo, así como un diagnóstico detallado de la enfermedad que padecen. Y su presidenta, Consuelo Ordóñez, exhorta a Ortiz a aplicarlo antes a todos los presos comunes del Estado español, dejando en último lugar a este colectivo.