Euskal Komunikabideak Hedatzeko Elkartea (EKHE) y GARA no figuran en ninguno de los miles de folios que compusieron el macrosumario 18/98 en el que se juzgó a la empresa Orain, editora de “Egin”, ni tuvieron posibilidad de defensa en aquel juicio. Existían ya sentencias de los tribunales superiores de justicia de Nafarroa y la CAV que, en relación a reclamaciones al Fogasa, aseguraban que «no cabe estimar la sucesión empresarial» cuando los contratos de trabajo «han sido rescindidos por expediente de regulación de empleo autorizado por la Autoridad Laboral». Pese a todo ello, el juez Baltasar Garzón dictó el 20 de julio de 2000 «la existencia de una sucesión de empresas entre los grupos Orain-Egin y EKHE-GARA», y a partir de ahí comenzó a maniobrar para conseguir que la Seguridad Social acabara endosándonos la deuda de “Egin”.

En lo sucesivo, el juez Garzón –al que ahora mismo el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid investiga por un posible delito de prevaricación cometido de la mano del afamado comisario jubilado José Manuel Villarejo– comenzó a maniobrar para que la Seguridad Social intentara ahogar económicamente a GARA.

Y lo consiguió. En junio de 2003, la Tesorería General de la Seguridad Social notificó a la representación legal de Baigorri Argitaletxe SA (editora de GARA) y de KIE SA (empresa que imprime este diario) su decisión de declararlas «responsables solidarias» de las deudas que hasta ahora reclamaba, respectivamente, a Orain SA (4.673.326,94 euros) y Hernani Inprimategia SA (441.824,15). La suma era entonces de 5.115.151 euros (más de 851 millones de pesetas). Y el pago se reclamaba en quince días.

«Sucesión ideológica»

Cuando Baltasar Garzón toma una decisión, no duda en retorcer la legalidad hasta conseguir su objetivo. En eso coincide con aquella exclamación de «acaso pensaban que no nos íbamos a atrever» que lanzó José María Aznar, presidente del Gobierno español, cuando cerraron “Egin”.

Los informes eran contrarios. Los técnicos recordaban que para la puesta en marcha de GARA no se habían podido utilizar ninguno de los bienes de producción de “Egin” que, por cierto, estaban bajo la administración judicial del propio Garzón. El domicilio de la empresa también era diferente a la de Orain. La plantilla no había pasado íntegramente de un periódico a otro, sino que GARA solo había contratado mas o menos a la mitad de los empleados de “Egin” y, además, todos ellos habían pasado un tiempo en el paro. «A mayor abundamiento», se podía leer, la jurisprudencia establece que «si las rescisiones de contratos han sido autorizadas por la autoridad laboral competente» no puede hablarse de sucesión de empresa.

Además, los recursos financieros y los medios materiales para hacer posible la creación de GARA eran totalmente nuevos, y sin ligazón alguna con “Egin”.

Una vez más, la legalidad le importó bien poco a Garzón. Estableció la existencia de «sucesión ideológica», alegando que quienes habían impulsado el nacimiento de EKHE y GARA tras el cierre de Orain y “Egin” pertenecían al mismo «grupo ideológico» y con uno se pretendía suplir la falta del otro.

Cabe señalar que el concepto de «sucesión ideológica» no tiene ningún soporte jurídico, puesto que no está contemplado en la legislación ni en la jurisprudencia.

Meciendo la cuna

Una vez que el juez Baltasar Garzón decidió que había «sucesión ideológica», comenzó a tratar de provocar que ello tuviera consecuencias prácticas. Como informó GARA en su edición del 26 de febrero de 2002, organizó al menos dos reuniones con representantes de órganos que no están bajo su jurisdicción, como son Inspección de Trabajo, Tesorería General de la Seguridad Social y Fogasa, de cara a intentar atribuir a EKHE la deuda de Orain. Uno de esos encuentros se mantuvo el 5 de diciembre de 2000, como consta en un escrito remitido al juez por la jefa del Area de Gestión de Prestaciones del Fogasa.

Y, por fin, logró su objetivo. La Tesorería General de la Seguridad Social, citando textualmente el auto de Garzón, acabó en 2003 endosando a EKHE y GARA la deuda de Orain y “Egin”. Para entonces, en 2001, la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional ya había dejado claro que el cierre del periódico se había hecho a través de una trampa jurídica. Nada importó. En base a un auto de un juez que no es competente en materia judicial, GARA empezó a deber 5,1 millones de euros.