Agustín GOIKOETXEA
BILBO

Hubo más abusos después de que Salesianos conociese las denuncias

Meses después de las denuncias reconocidas por el colegio Salesianos de Deustu, el docente acusado de abusos permanecía en el centro y otro alumno fue agredido, tal y como consta a los investigadores policiales. Ayer, precisamente, víctimas presentaron 520.000 firmas en el Congreso para que se amplíen los plazos de prescripción para los delitos de pederastia.

Las víctimas de abusos físicos y sexuales en el colegio Salesianos de Deustu siguen recabando información y al mismo tiempo respaldando a personas que hayan podido padecerlos. Ya son 30 las personas que han interpuesto denuncias ante Ertzaintza, Guardia Civil y Mossos d'Esquadra, no descartándose que aumente el número.

En esas pesquisas, han constatado que el docente señalado, José Miguel San Martín Unamuno, permaneció un curso más en el centro a pesar de que, como ha reconocido la congregación religiosa, la dirección tuvo conocimiento de dos casos «a finales de 1989». «No se fue de inmediato como dejó entrever el comunicado de Salesianos del pasado viernes, sino que estuvo al menos hasta junio de 1990, cuando firmó las notas y, además, en ese tiempo volvió a abusar de otro alumno, como consta en la denuncia que ha formalizado», desvelan.

Una de sus demandas es que estos delitos no prescriban, ya que los expertos defienden que las víctimas de abusos sexuales en la infancia tardan décadas en tener constancia de ello y en expresar lo que padecieron y actuar. La prescripción supone, en opinión de los profesionales, que las víctimas no tienen derecho a la denuncia.

Ayer, en Madrid, víctimas de pederastía entregaron en el Congreso 520.000 firmas reclamando cambios legislativos para ampliar los plazos de prescripción. Los impulsores de la iniciativa mantuvieron contactos con representantes de los distintos grupos parlamentarios, entre ellos PNV y EH Bildu. «La actual propuesta del Gobierno del PSOE es claramente insuficiente», valoraron del anteproyecto de ley contra la violencia infantil que establece que el plazo de prescripción comience a contar a partir de los 30 años.

Desde la asociación Infancia Robada –que preside Juan Cuatrecasas, padre del ex alumno de Gaztelueta víctima de abusos– se exige una reforma urgente de la ley y que el plazo de prescripción comience a contar a partir de los 50 años de la víctima, lo que significaría que estas tendrían tiempo de denunciar hasta los 55 años en los delitos leves y los 65 en los graves.

«No tapar a delincuentes»

En un debate en el que participó el miércoles en Madrid, Cuatrecasas exigió a la jerarquía eclesiástica que tengan la dignidad «que se les supone» para «limpiar y hacer los deberes« y «no tapar a delincuentes como hasta ahora». «El enemigo no está fuera, está dentro y hay que apartarlo», remarcó, que además del perdón reclamó «medidas de acompañamiento a las víctimas» porque «lo que se intenta indemnizar es indemnizable».

Miguel Ángel Hurtado, promotor de la campaña de recogida de firmas en change.org, criticó que se está dando un trato de favor a la Iglesia católica. «A los políticos españoles les falta valentía, están mandado el mensaje de que la Iglesia está por encima de a ley», denunció. Puso el ejemplo de países como Chile, donde la Fiscalía está realizando registros en los obispados y requisando archivos, informes internos y expedientes canónicos de curas pederastas.

«La hoja de ruta está bien clara, lo que falta es la voluntad política del Gobierno y de la Iglesia. Mientras tanto las víctimas siguen sin poder acceder a la justicia y los niños españoles siguen en peligro», advirtió. «En la última década ha habido una tendencia global a eliminar o aumentar significativamente los plazos de prescripción en los delitos de pederastia», añadió, animando al cambio legislativo.