Izar, machismo judicial más discriminación política

Si alguien busca hoy un ejemplo patente de Justicia patriarcalizada, junto a casos como el de «La Manada» podrá traer a colación la puesta en libertad antes de juicio de un hombre que acuchilló a su hija de dos años en Valencia (pensó de hecho que la había matado) para vengarse de su madre en un proceso de separación. Y si alguien busca hoy un ejemplo patente de política de excepción contra los presos y presas vascas, junto a otros episodios podrá contar que la madre de una niña de dos años gravemente herida no fue liberada para cuidarla pese a cumplir todos los requisitos, sino que se le obligó a cumplir su condena hasta el último día (lo que de hecho terminó suponiendo que la pequeña estuvo «presa» también, más allá del tope legal que obliga a separarlas cuando cumplen tres años).

En el caso de la pequeña Izar y su ama, Sara Majarenas, confluyen y se multiplican dos injusticias estructurales de máximo nivel: la que padecen las mujeres víctimas de violencia machista por parte de muchas instancias judiciales y las que sufren todos los presos y presas vascas por el hecho de serlo. La excarcelación del hombre que estuvo a punto de acabar con la vida de esta niña hubiera sido ayer probablemente un escándalo en cualquier telediario estatal y un motivo de intervención de instancias garantes de derechos de mujeres y menores si no fuera por la adscripción política de su madre. Y escuchar cómo esa liberación se justifica en que la prisión provisional es una medida «excepcionalísima» constituye una broma macabra para cualquier preso vasco –o familiar– sometido a condenas interminables y en destinos remotos del mapa.

El despropósito tiene tantas aristas que este editorial se queda muy corto para denunciarlas. La imposición añadida a Sara Majarenas de una pulsera telemática y a Izar de un control policial para evitarles cualquier riesgo es un caso inaceptable de revictimización, y a otro nivel incluso de despilfarro de recursos públicos. Ni un día más.