¿Quién facilita el tráfico de personas en la frontera de Irun?

Periódicamente asistimos al anuncio, por parte de los cuerpos policiales, de la desarticulación de redes de tráfico de personas en la frontera de Irun. Desde SOS Racismo llamamos a una reflexión sobre las condiciones en que se crean esas redes, las causas que dan origen a las mismas y cuál debiera ser la actuación dirigida a la eliminación de dicha práctica.

Si la normativa europea estipula que no debe haber controles fronterizos en territorio Schengen, ¿cómo es posible que haya personas que necesiten ayuda para sortear unos controles que no debieran existir? Además, por si hubiera dudas al respecto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado, nuevamente, con fecha 19 de marzo de 2019, contra la realización de controles migratorios en las fronteras interiores, en este caso sobre un litigio en la frontera franco-española pese al restablecimiento temporal de controles fronterizos por motivos de seguridad y terrorismo. Y, añadimos, dicha práctica ilegal se ve agravada al realizarse por criterios de perfil étnico, que está expresamente prohibido por la legislación francesa y comunitaria.

Pero no son sólo las autoridades francesas quienes, de forma ilegal, impiden el derecho a circular libremente dentro del territorio Schengen. En la Comunidad Autónoma Vasca, algunas compañías de transporte por carretera exigen determinada documentación para adquirir un billete de autobús que realice un trayecto transfronterizo. SOS Racismo ya denunció el pasado 13 de febrero esta práctica, aportando la correspondiente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de fecha 13/12/18 (https://labur.eus/3Sx3f) que declara expresamente ilegal dicha actuación. De modo que, también en nuestra Comunidad, hay agentes económicos que ponen trabas ilegales al derecho a la libre circulación.

SOS Racismo, además de la denuncia pública, y de comunicarlo directamente a dichas compañías, hizo llegar este mismo planteamiento al Gobierno Vasco, en la reunión de la Mesa Interinstitucional pidiendo su intervención para restaurar la legalidad. A día de hoy no tenemos conocimiento de ninguna intervención ni administrativa, ni policial, ni penal que acabe con una práctica irregular. En estas condiciones hacemos la pregunta ¿esta actuación de las autoridades francesas, y la omisión de su obligación por parte de las autoridades vascas y españolas, no está creando las condiciones ideales para que se creen determinadas redes? Una redes que aprovechan la necesidad de determinados colectivos, que ven impedido el ejercicio de su derecho a circular dentro del territorio comunitario, para sacar provecho económico de esa necesidad.

En nuestra opinión, es así como se crean determinadas redes que luego posibilitan grandes titulares reportando éxitos policiales.

Lo hemos dicho y lo repetimos, hagan que se cumpla la ley y, sencillamente, habrán acabado con ese negocio pudiendo dedicar los recursos policiales a tareas urgentes y necesarias, por ejemplo, la trata de personas que, se sabe, utilizan también estas rutas con una flagrante impunidad.