MAY. 07 2019 AZKEN PUNTUA Modelos para desarmar Belén Martínez Analista social El pasado 1 de mayo, trescientos periodistas denunciaron las violencias sufridas por la profesión desde el comienzo de las movilizaciones de los «chalecos amarillos». Los términos que emplearon son contundentes: «voluntad deliberada de impedirles trabajar». A este lado de la muga, la consejera de Seguridad del Gobierno Vasco afirma que una actuación policial en la que se partió la mandíbula a una joven, fue «proporcionada» y «adecuada». El resultado de la investigación interna es bastante predecible. No confío en las comisiones de investigación internas. Alguien las denostaba aludiendo a relaciones administrativas «incestuosas». Defiendo un sistema de control externo independiente en el que participe la sociedad civil, y un sistema de rendición de cuentas público y transparente. Si bien el ejercicio y uso de la fuerza es el rasgo constitutivo de la institución policial, existe un límite que no se debe sobrepasar: el respeto a los derechos humanos, incluida la integridad física. La militarización policial es un fenómeno creciente. Este hecho dificulta la labor de ponderar cuándo una actuación es apropiada, ajustada, adecuada, abusiva, excesiva, desproporcionada y/o brutal. Hablar de letalidad reducida es un oxímoron imposible. Democracia y violencias policiales no son compatibles.