Esta semana, mientras España se lanzaba de nuevo a los mismos abismos históricos que lleva sin resolver desde que comenzó a derrumbarse su imperio colonial, los Estados Unidos miraban al Congreso para escuchar la histórica comparecencia de Robert Mueller, el responsable de la investigación especial sobre la injerencia rusa en las pasadas elecciones y el hombre que debía dilucidar si Trump estaba al corriente de esa injerencia, hasta qué punto pudo beneficiarse de ella y si hizo algo para evitar que se investigara. Pese a la presión partidista, Mueller soportó más de seis horas de interrogatorios sin salirse una coma de su informe. Sostuvo lo mismo que había dicho por escrito: la ley no le permite imputar al presidente mientras esté en el cargo, pero su investigación tampoco le permite exonerar a Trump de las serias sospechas de obstrucción a la justicia que recaen sobre él.

Dicho de otra manera, si Trump no fuera presidente se podrían presentar cargos penales contra él. La pelota está en el tejado del Partido Demócrata que puede iniciar un procedimiento de impeachment contra el presidente para intentar retirarle del cargo. El ala conservadora del partido cree que es una mala idea y recuerda que Trump podría beneficiarse electoralmente de este movimiento, como le sucedió a Clinton cuando los republicanos intentaron forzar su dimisión por el escándalo Lewinsky. Frente a este estrafalario cálculo electoral, los progresistas creen que toca hacer lo que ordena la Constitución, aunque la mayoría parlamentaria no sea suficiente.

Estoy de acuerdo con ellos. Siempre pienso que nada garantiza una victoria, así que, qué menos que perder haciendo lo correcto. Lo contrario me suele parecer fruto de la holgazanería intelectual y del derrotismo moral, dos males que nunca le pasan factura a la derecha, –al fin y al cabo, los sistemas de opresión se basan en la idea de que la ética es un lujo para inocentes–, y que siembran, una y otra vez, las más amargas derrotas de la izquierda.