Se desconoce si algún ministro se ha paseado de incógnito por las calles de Baiona en estos últimos cinco días de fiestas, pero viendo que es la atracción festiva más importante del Estado y que este litoral está más de moda que nunca, a nadie le extrañaría. Decenas de miles de personas han vuelto a pisar este año los adoquines de la vieja capital labortana a pesar de que ahora, por segundo año consecutivo, el acceso al recinto festivo es de pago. El dinero, parece, no es obstáculo para la parranda. Eso habrán pensado los organizadores de la fiesta prevista de aquí a un mes a pocos kilómetros de allí y a la que solo están invitados los mandatarios supuestamente más importantes del mundo. Y es que el sarao del G7 costará cerca de 24 millones de euros, una tontería de nada según el alcalde biarrota, si se compara con el que se organizó el pasado verano en La Malbaie, en el Quebec, y que costó al parecer ocho veces más, unos 200 millones de euros. Además, estamos hablando de una reunión en la que los siete superpoderosos se estrujarán los sesos buscando soluciones a –que suenen las trompetas– las «desigualdades de destino».

Que quienes fomentan este mundo desigual se presenten ahora como sus detractores y que actúen como si la fiesta no fuera con ellos es insultante. Porque su juerga, no solo la pagamos todos, sino que además es nuestra resaca.