La empresa CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) ha ganado un concurso, en un consorcio junto a otras empresas, para la ampliación de la red de tranvía en el ámbito metropolitano de Jerusalén que incluye las expropiaciones a palestinos y las colonias sionistas en los territorios ocupados palestinos.

¿Por qué lo ha hecho, sabiendo que estaba infringiendo las Convenciones de Ginebra, el dictamen de la Corte Internacional de Justicia de La Haya y el derecho internacional? Habrá supuesto que no pasará nada, su imagen corporativa no sufrirá y no será previsible que en otros concursos, los entes contratantes, la excluyan por esta patada a la convivencia internacional reglada.

Su mal comportamiento es similar a las más de 200 empresas (https://labur.eus/WjkHf) que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tiene identificadas que coadyuvan a la colonización. Los nombres de estas empresas no los ha hecho públicos por presiones de los países afectados, más allá del interés israelí. Un ejemplo más de impunidad y complicidad. La Autoridad Palestina ya había denunciado en el año 2013 a 504 empresas (https://labur.eus/4Uflz) que participan en el negocio de la colonización.

Muchas son israelíes y tienen firmados convenios con la propia Unión Europea como el Banco Leumi y las armamentísticas Elbit, Tecnion, Israel Aerospace, Motorola o la Hebrew University, ligada con la Universidad Ariel, en la colonia del mismo nombre.

En el caso de CAF, sabe que Alstom, tras construir la primera línea de tranvía, renunció a esta licitación que ha «ganado» CAF, al parecer por el impacto que tenía esta construcción en el respeto a los derechos humanos y las obligaciones francesas de debida diligencia que obliga a priori a tener presente el respeto al derecho internacional, escrutar las responsabilidades de las que tendrían que hacerse cargo si vulneran las leyes, etc.

La diligencia debida española también afecta a CAF dado que España es miembro de la OCDE (como Israel), y nuestro país tiene una legislación que tanto en la información no contable como en el Código Penal, dibujan unos mínimos comportamientos extraterritoriales. Es decir, que un comportamiento ajeno al derecho es punible para el consejo de administración, aunque esté realizado fuera de nuestras fronteras. Hasta ahora los malos comportamientos podían tener consecuencias reputacionales. Conviene no olvidar que eso afectó, por ejemplo, a la capacidad concursal de un competidor suyo como Veolia.

Las normas actuales tienen un nivel superior a la hasta ahora voluntarista responsabilidad social corporativa, y al engañoso y nunca desarrollado de forma normativa plan de derechos humanos y empresas de los gobiernos Zapatero y Rajoy.

CAF, como otras empresas multinacionales, no quieren que se ponga en marcha un Tratado vinculante que sancione el comportamiento de las empresas que vulneran los derechos humanos y el derecho internacional. En Ginebra, el próximo octubre, se verá la cuarta sesión, esta vez con un propósito de articulación normativa, y puede tener éxito si tiene capacidad de sanción. La Unión Europea está poniendo trabas, Estados Unidos rechaza su aparición, en Ecuador ya no está su impulsor, el antiguo presidente Correa. España, y no por la actual provisionalidad gubernamental, está mirando a otro lado: España es miembro del Consejo de Derechos Humanos y participa de la negativa a hacer públicos los nombres de empresas que quebrantan el derecho internacional.

En resumen, los países con sedes de empresas multinacionales y los que son paraísos fiscales no quieren que ese tratado prospere, pero otros muchos sí. Esperemos que las presiones existentes no sean tan fuertes que hagan fracasar este paso para regular la globalización.

CAF ha querido concursar en un proyecto que afecta a la soberanía palestina, nunca reconocida por la potencia ocupante, y al derecho internacional. En contra de sus supuestos principios éticos y de conducta (https://labur.eus/9IK6W).

Sabe que va a ir a los tribunales. Españoles y quizá de otros países. Que habrá campañas internacionales de los defensores del derecho internacional en muchas partes del mundo contra esta empresa. En algunos sitios, será débil. En otras más fuerte y pondrá en peligro la obtención de nuevas licitaciones.

Todavía está a tiempo de salir del entuerto. Honrosamente, muchos de sus trabajadores ya se lo han advertido. Activistas de su localidad y de otras próximas les informaron de que era un crimen el propósito de concursar ante una de las autoridades de la potencia ocupante.

Empieza una batalla no querida. Hay que estar en el lado correcto de la historia. No en el de los beneficios a corto, al lado de ocupantes y criminales. Continuará.