La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta acordó ayer procesar por un presunto delito de «homicidio imprudente» a los 16 guardias civiles investigados por su actuación el 6 de febrero de 2014, cuando al menos 14 migrantes perecieron al intentar acceder a suelo español bordeando a nado el espigón ceutí de El Tarajal mientras las FSE desplegaban medios antidisturbios para impedirlo.

La instructora dictó auto de pase a procedimiento abreviado –equivalente al procesamiento en las causas con sumario–, lo que pone fin a la instrucción y enfila el procedimiento hacia la apertura de juicio oral, con los agentes imputados, además, por presuntos delitos de «lesiones» y «prevaricación».

En enero de 2017 y en agosto de 2018, la magistrada había ordenado el sobreseimiento de la causa, pero ambas resoluciones fueron rechazadas por la Audiencia Provincial, que entendió que «ante un supuesto de un calado humano, social y jurídico tan grande como el que nos ocupa» no debían escatimarse esfuerzos «de cara a agotar las diligencias indagatorias necesarias y así lograr llevar a cabo la investigación suficiente y eficaz que es requerida».

Durante el último año, se ha interrogado a dos testigos supervivientes de los hechos. Una mujer localizada en Alemania declaró por videoconferencia que llegó hasta la línea de costa con un chaleco salvavidas artesanal fabricado con botellas vacías de agua y que, al adentrarse en el mar, varios migrantes le instaron a salir de nuevo porque la Guardia Civil había colocado una embarcación como barrera.

Otro migrante localizado en Madrid abundó en que el grupo de cientos de migrantes se arrojó de madrugada al agua, donde habrían recibido el lanzamiento, según su declaración, de «cartuchos rojos» y «botes de humo o gases» que les «desconcertaron». También dijo que dos embarcaciones del Instituto Armado se dispusieron en el agua para impedir su avance.

En la causa están personadas como acusaciones (además del Ministerio Público) la Asociación Comité René Cassin, Sociedad Humana, Coordinadora de Barrios, Observatori de Drets Humans, Pro Derechos Humanos de España y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.

Con ello se cierra la fase se investigación y se da traslado a las acusaciones para que presenten sus escritos en un plazo de diez días. Será entonces cuando la Fiscalía expresará su posición, pues en caso de que decidiese no ejercer la acusación la causa podría no llegar a juicio en aplicación de la denominada «doctrina Botín», tal y como apuntan fuentes jurídicas.