En una rueda de prensa ofrecida en Bilbo, Ane Muguruza e Ibon Larrinaga recordaron que el Gobierno de Lakua abrió ayer el plazo de presentación de solicitudes para acogerse a la ley de reconocimiento y reparación a víctimas de vulneraciones de derechos humanos practicadas por el Estado. Una legislación, incidieron, que ha sido difícil de tramitar por los obstáculos interpuestos por partidos españoles, sindicatos policiales e instancias judiciales a que se reconozca a personas muertas, torturadas o gravemente heridas en la CAV entre 1979 y 1999.

«Han sido, precisamente, aquellos que todavía niegan la verdad de lo sucedido en el conflicto vasco, aquellos que aún no han asumido su responsabilidad por haber generado dolor y haber vulnerado derechos humanos, los que se han situado como contrarios activos a la ley», remarcaron quienes trabajan desde 2012 en defensa de los derechos de estas víctimas.

Egiari Zor es consciente de que esta ley no logrará «de ninguna de las maneras» acabar con la discriminación de estas víctimas. Pese a ello, valoran «muy positivamente» su puesta en marcha, al considerar que «contribuye a la construcción de la convivencia, pues puede hacer posible el reconocimiento de forma oficial y pública de muchas víctimas y muchas vulneraciones de derechos humanos, y puede ofrecer a las víctimas recursos eficaces para su proceso de reparación».

Entienden que es «imprescindible» no dejar pasar «esta oportunidad» para el reconocimiento. Expusieron que se abre un plazo de dos años en el que las personas que sufrieron las violencias practicadas por el Estado podrán exponer sus casos ante una comisión de valoración. Una vez analizados, se determinará si existió vulneración o no, y se concederán las medidas restaurativas oportunas.

La fundación insiste en que es «muy importante» que todas las personas víctimas de la violencia practicada o auspiciada por el Estado presenten las solicitudes, para que la vulneración de derechos humanos que sufrieron sea reconocida. Así, reiteraron su llamamiento, siendo conscientes de que la ley no llegará a dar cobertura a todas.

Pese a ello, estiman que «es de vital importancia seguir recorriendo la senda hacia el pleno reconocimiento», valiéndose de «todos los instrumentos a nuestro alcance para sacar a la luz todas y cada una de las consecuencias de la violencia del Estado en nuestro pueblo, que hasta hace bien poco eran negadas y no formaban parte de los censos oficiales».

«Hemos de dar a conocer toda la verdad en torno a la tragedia generada también por el Estado en el contexto del conflicto político vasco, hasta lograr que ninguna persona víctima de vulneración de derechos humanos quede en desamparo», destacaron Muguruza y Larrinaga.