La diputada Marta Vilalta, junto al conseller de Economía, Pere Aragonès, es la nueva cara de ERC en ausencia de Oriol Junqueras y Marta Rovira, que desde la prisión y el exilio siguen controlando las riendas de la formación. Con este póquer de dirigentes, los republicanos afrontan una nueva etapa que, según Vilalta, vendrá marcada por la capacidad de articular una estrategia conjunta para hacer frente a la represión y forzar al Estado a reconocer la autodeterminación de Catalunya.

Se inicia un nuevo curso político y las fuerzas soberanistas se han comprometido a avanzar hacia la República «sin excusas». ¿Hasta ahora no se había trabajado en esta línea?

Tenemos que reconocer que los últimos meses ha habido desorientación y momentos en los que han prevalecido los reproches en lugar de articular acciones conjuntas. Desde ERC somos conscientes de ello, y una vez que hemos aprendido de los errores pero también de nuestras fortalezas, entendemos que se dan las condiciones para recuperar la iniciativa y afrontar los retos que tenemos por delante.

En esta pasada Diada tanto la ANC como Òmnium Cultural fueron muy rotundos en exigir una estratégica compartida. Pero aún no se ha concretado…

Estas semanas se han intensificado las reuniones para consensuarla, pues la inminencia de la sentencia nos obliga a cerrar filas y a dar una respuesta lo más transversal y plural posible. Una condena a los líderes encarcelados, sea cual sea, supondría un ataque al movimiento independentista pero también al conjunto de derechos y valores democráticos.

¿La respuesta se medirá en base al dictamen del Supremo?

Hay que responder de inmediato y, a la vez, pensar a medio plazo, pues no estamos ante una fase resolutiva del conflicto sino acumulativa. Aquello que ya decíamos hace tiempo, que hay que ser más fuertes y ensanchar la base, hoy lo asume todo el mundo. Y eso no implica ninguna renuncia: solo decimos que necesitamos más energías para conseguir la República.

De todas formas, los últimos sondeos del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) no reflejan un aumento del apoyo a la independencia. ¿Qué lectura hacen?

No se observa un incremento, es cierto, e incluso se ha estabilizado en el 50%. Pero si vamos más allá observamos que el 70% de la ciudadanía es favorable a la autodeterminación y un porcentaje similar rechaza la represión del Estado. Tenemos que convencer a más capas sociales de que la única alternativa para lograr un país justo, próspero y garante de derechos, es la República. Esta es la prioridad.

El PSOE de Pedro Sánchez ha reiterado por activa y por pasiva que no habrá referéndum. ¿Qué margen de maniobra puede tener ERC en Madrid?

Trabajaremos para abrir la puerta del diálogo y la negociación, la vía con la cual se han resuelto todos los conflictos y retos globales. Es evidente que ahora está cerrada, pues tanto el PSOE como el PSC se han atrincherado en la represión y han renunciado a hacer política, de manera que habrá que presionar a nivel institucional pero también mediante la movilización en la calle y buscando la complicidad internacional. No tenemos demasiadas esperanzas, es verdad, pero lo decimos bien alto: Si el Estado no se sienta en la mesa de diálogo, habrá inestabilidad política.

Hay algunos sectores que apuestan directamente por ejercer la desobediencia civil. ¿ERC también la contempla?

No descartamos ninguna forma de acción democrática. Las urnas son una oportunidad para ser más influyentes, pero también la desobediencia y otras estrategias de acción no violenta serán necesarias, pues no se puede criminalizar un movimiento legítimo y pacífico como es el independentismo.

En los comicios del 28 de abril acordaron con EH Bildu un marco de trabajo conjunto. ¿Quieren extenderlo a otras formaciones?

Esperamos llegar a puntos de encuentro con JxCat, la CUP y otras fuerzas independentistas y soberanistas. Más allá de nuestras diferencias, hemos de explorar aquello en lo que coincidimos, como es la demanda de la amnistía para los presos y exiliados y el derecho a decidir. Incluso con partidos de ámbito estatal tenemos el deber de plantearles este frente común.

Por ahora Podemos y el nuevo proyecto de Iñigo Errejón van a rebufo de la postura que el PSOE mantiene en relación con Catalunya…

Es una lástima, pues parece que, respecto a Catalunya, toda la izquierda española acaba renunciando a defenderla por intereses particulares o poniéndola a subasta a cambio de réditos electorales, cuando tendríamos que trabajar conjuntamente para derrocar el régimen del 78. Un estatus quo que ahora ataca al independentismo pero que lamina derechos básicos como el de expresión o movilización. Lo vimos en las protestas contra las obras del AVE en Murcia, prohibiendo una exposición en la Feria Arco o aplicando la Ley Mordaza a periodistas y activistas sociales. Por eso decimos que el problema del Estado español es de raíz democrática.

En Catalunya, la gestión del ejecutivo de coalición entre ERC y JxCat también ha sido muy contestada por su inacción política. ¿Así es posible ensanchar la base soberanista?

Es verdad que el Govern no hace todo aquello que se le presupone, sin duda. Pero hay que explicar que el clima de excepcionalidad que conlleva la represión y la asfixia económica que ejerce el Estado hacen difícil atender las necesidades que se plantean. Aun así se han mejorado las condiciones laborales de los profesionales de la sanidad, se ha empezado a implementar la renta garantizada y se ha avanzado en materia de recuperación de la memoria histórica. Cada departamento hace lo imposible para aguantar el país, de ahí que pedimos al resto de partidos que sean justos y analicen el contexto en que estamos.

Muchas de las críticas hacen referencia a la Ley Aragonès, que privatiza algunos servicios, o las cargas de los Mossos d’Esquadra, ¿estos episodios no pueden alejar a grupos que comparten el derecho a decidir y denuncian la represión?

Seguramente que la Ley Aragonès no es la ideal para una gestión óptima de los servicios públicos, pero entre la que permite a Florentino Pérez lucrarse en beneficio propio, y la nueva propuesta, que pone en el centro criterios de calidad, proximidad y responsabilidad social, sin duda, es un logro importante. Para una gestión completa e integral, necesitaríamos un marco jurídico propio, que no es otro que la República. Y respecto a la actuación de los Mossos, más allá de la lealtad institucional cabe depurar responsabilidades porque los últimos incidentes son inadmisibles.

Si finalmente el Gobierno español que surja de las urnas el 10-N aplica de nuevo el artículo 155, ¿qué harán las instituciones catalanas?

Si esto ocurre, tiene que haber una respuesta unitaria que sobrepase las discrepancias. No pedimos a nadie que renuncie a su proyecto político, pero ante este ataque al autogobierno catalán, es necesario un frente amplio para defender todos los derechos civiles y políticos y combatir la represión. Y paralelamente, desde el independentismo hemos de fijar las prioridades de cara a un futuro escenario de resolución. Como dice Raül Romeva, quizás el camino será más doloroso, largo y complicado de lo deseado, pero asumirlo es un ejercicio de inteligencia que, más pronto que tarde, nos permitirá ganar.