Décimo aniversario

Hace diez años, Rubalcaba con Garzón como brazo ejecutor, ordenó nuestra detención y encarcelamiento como parte de la estrategia contra el independentismo vasco. La operación contra quienes impulsábamos un cambio de estrategia en la izquierda abertzale tenía un objetivo para los «estrategas» del Estado: propiciar una escisión en el MVLN. Es decir, además del intento de obstaculización del fin de la lucha armada, el objetivo central era debilitar el proyecto político independentista y socialista.

La desaparición de la lucha armada como parte de la ecuación política vasca era básica para transformar el proyecto político y readecuarlo frente los profundos cambios en el escenario internacional y en nuestra sociedad. Si el surgimiento de ETA hace 60 años significó un terremoto político en la evolución y desarrollo tanto del movimiento abertzale como de las corrientes de pensamiento progresistas y socialistas en la sociedad vasca, hace 10 años el reto era abordar una reflexión que permitiese situar al independentismo de izquierda como un actor determinante en la dinámica emancipadora de Euskal Herria. Es decir, el objetivo era sedimentar las fuerzas soberanistas-independentistas en una convergencia política y social que permitiese abrir otro ciclo político. Se trataba, pues, de habilitar un cambio de estrategia como consecuencia no solo de la necesidad de actualización de nuestra estrategia política, sino al mismo tiempo de la necesaria humanización del conflicto político en términos de ética revolucionaria. Tras estos diez años el balance arroja claro-oscuros, tanto en lo que respecta a su aportación a un escenario de paz y convivencia como al proceso político.

En la primera cuestión, la izquierda abertzale y ETA han cumplido sus compromisos con la sociedad vasca y la comunidad internacional (fin de la lucha armada, desarme, reconocimiento daño causado, desaparición de ETA), creando así condiciones básicas para avanzar hacia un marco de paz y convivencia. Sin embargo, el Estado mantiene una permanente estrategia obstrucionista y provocadora, instrumentalizando de manera mezquina la situación de los presos que, a día de hoy, son mas rehenes políticos que nunca. Tras la desaparición de la «lucha antiterrorista» como factor de cohesión de la sociedad y clase política española, el Estado se queda sin el «enemigo interno» que propiciaba su cohesión. Este déficit ha tratado de ser paliado con una política cruel sobre los presos, una presión sobre el «relato» y una tendencia a enfangar el debate político y social con acciones judiciales e iniciativas de algunas –no todas– asociaciones de víctimas, convertidas en instrumento de las posiciones mas involutivas del Estado. Por otro lado, el PNV trata de desgastar a la izquierda soberanista con su peculiar forma de actuar sobre el espacio de la paz y convivencia. La teoría del «no es suficiente» ante cualquier paso de la izquierda abertzale se ha mantenido estos diez años, mientras que su nivel de interpelación al Estado ha sido débil y contradictorio. Ese desequilibrio sigue manteniéndose en la actualidad.

Respecto al proceso político, en primer lugar, hay que destacar que el cambio de estrategia provoca un debilitamiento del unionismo en el plano institucional, pasando de unos gobiernos López-Sanz con el independentismo ilegalizado, a un mapa político con la izquierda soberanista como segunda fuerza política y un unionismo, especialmente en la CAPV, minorizado. Asimismo, la posición del Estado ante el conflicto territorial, con Catalunya en vanguardia de las reivindicaciones nacionales soberanistas, ha quedado enormemente condicionado produciéndose una involución que pone en cuestión su propia naturaleza «democrática». El Estado, en sus diferentes versiones –PSOE o PP–, ha pasado de «todo es posible sin la violencia» a activar escenarios de enfrentamiento, crispación, manipulación, violencia judicial y policial, aplicación 155… Así pues, tanto en Hego Euskal Herria como en Catalunya, con una activación social que coincide con la crisis del Régimen del 78, se desarrollan evoluciones sociales y políticas que refuerzan nuestras respectivas escalas nacionales y limitan los márgenes de maniobra del Estado.

El Estado, repetimos, está sin oferta democrática para responder a la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca y catalana, e intenta una «huida hacia adelante» con una involución que se está llevando por delante no solo cualquier atisbo de profundización democrática en relación al modelo territorial, sino que su apuesta por la cronificación de la inestabilidad y el conflicto pone en entredicho su propio futuro. Como contrapunto, la izquierda soberanista ha logrado articular un espacio político y social como sujeto determinante para un cambio político y social en la senda independentista. La fortaleza en el terreno institucional (350.000 votos), la evolución del sindicalismo abertzale y la personalidad reivindicativa del movimiento social en la escala vasca son variables, cada uno con su autonomía y personalidad, que nos sitúan con una potencialidad objetiva para ser ese sujeto de transformación y avance en una estrategia independentista y socialista. En ese objetivo tenemos grandes retos y tareas para los próximos años. La sincronización entre Catalunya-EH en el pulso con el Estado con propuestas básicas conjuntas y una mayor coordinación de la movilización social, la implementación de la pulsión nacional –nuevos estatus políticos– para constituir nuestras escalas democráticas como alternativa a la deriva desdemocratizadora y de contrarreforma del Estado y el engarce del eje nacional-social, son referencias centrales a desarrollar. Y, por supuesto, tenemos que terminar con el actual «secuestro» político que el Estado realiza sobre presas, presos y exiliados logrando su libertad.

Así pues, en este décimo aniversario de la operación Bateragune nos reafirmamos en las reflexiones y posiciones políticas que provocó nuestra detención y prisión, reiterando nuestro compromiso por un Estado vasco independiente y socialista.