Cien años de cárcel por querer negociar un referéndum

El Supremo puso encima de la historia ayer una sentencia que, además de condenar a duras sentencias a nueve dirigentes independentistas, pone en cuestión derechos fundamentales y cierra la puerta no solo al derecho a decidir, sino también al intento de presionar para intentar negociar un referéndum. La respuesta, eso sí, no se hizo esperar.

El Tribunal Supremo cumplió ayer con los peores augurios al hacer pública una sentencia que, además de las contundentes y largas penas de prisión –suman 99 años y medio–, pretende ser un duro correctivo político para el independentismo catalán, que suma el 14 de octubre a la larga lista de hitos que la historia del país acumula en el décimo mes del año. En Catalunya todo ocurre en octubre; hoy, sin ir más lejos, hace 79 años que fusilaron al president Companys.

Sin embargo, la narración política que el Supremo ha querido elevar a verdad judicial –lean a Iker Bizkarguenaga en las próximas páginas– resulta cuanto menos contradictoria. Al caer el delito de rebelión, por no observar el TS la violencia requerida –¿ante quién rinden cuentas ahora Llarena y la Fiscalía?–, cae el delito contra el ordenamiento constitucional, ya que el delito de sedición entra dentro de los delitos contra el orden público.

Esto obliga al Supremo a cambiar el relato político sobre el supuesto «golpe de Estado» catalán. Ahora, según el tribunal, los doce dirigentes condenados «eran conocedores de que lo que se ofrecía a la ciudadanía catalana como el ejercicio legítimo del ‘derecho a decidir’, no era sino el señuelo para una movilización que nunca desembocaría en la creación de un Estado soberano». Es decir, el TS asegura que los dirigentes ahora condenados sabían que la República independiente era inviable, pero que engañaron a los «ilusionados ciudadanos» porque lo que querían era lograr una potente movilización ciudadana. ¿Para qué? Agárrense, aquí llega la curva: «Bajo el imaginario derecho de autodeterminación se agazapaba el deseo de los líderes políticos y asociativos de presionar al Gobierno de la Nación para la negociación de una consulta popular».

En otras palabras: según el Supremo, los dirigentes independentistas cometieron los delitos de sedición y malversación para forzar una negociación política con el Estado. Este relato político plantea varios interrogantes a los dirigentes independentistas, dado que, efectivamente, a estas alturas resulta patente que, al menos muchos de ellos, aspiraban a abrir dicha negociación con el Estado tras el 1-O. Pero lo que hace, sobre todo, es cerrar a cal y canto las puertas del Estado español a cualquier tentativa soberanista. No es solo que sin violencia tampoco se pueda, es que no se puede ni aspirar a una negociación. Desistan, pierdan toda esperanza, y no se dejen engañar por sus dirigentes, sentenció ayer el Supremo, cuyo fallo evidencia lo lejos que pueden llegar a estar siete altos magistrados de comprender aquello que movió a más de dos millones de personas a desobedecer a todo un Estado. Queriendo poner a la gente en contra de los condenados, no consiguieron sino insultarla.

Y como muestra, valga la multitudinaria respuesta que tuvo en Catalunya la sentencia –con réplicas en multitud de ciudades y pueblos de Euskal Herria–. De todos los colores y de todos los tamaños. Las críticas a la sentencia llegaron desde lugares tan variopintos como el festival de música Primavera Sound o el Fútbol Club Barcelona, siguieron un cauce más o menos previsible en la arena institucional –comparecencia solemne de Torra con el Govern– y culminaron con la ocupación de parte de las instalaciones del aeropuerto del Prat, que se vio obligado a cancelar varias decenas de vuelos, pese a que el aeropuerto amaneció blindado por los Mossos y la Policía española.

Derechos fundamentales

Hubo cargas duras en algunos momentos –más detalles en la crónica a pie de calle de Àlex Romaguera–, pero el colapso del aeropuerto se mantuvo hasta el final del día, cuando la iniciativa Tsunami Democràtic dio por acabada la acción y anunció nuevas movilizaciones para hoy mismo, después de dar a conocer un comunicado, leído por Pep Guardiola, en el que exigió diálogo y negociación a Madrid.

El Tsunami se convirtió en un solo día en principal referente de una movilización que se alargará durante las próximas semanas. Veremos hasta cuándo y, sobre todo, hasta dónde. Pero de momento, ayer fue el día en el que volvimos a ver recular a policías tras una carga, visto que los manifestantes, en vez de dispersarse, seguían en su sitio.

No es poco, más aún siendo el mismo día en el que la sentencia del Supremo establece nueva jurisprudencia sobre el ejercicio de la desobediencia, equiparándola peligrosamente a la sedición. Leída la letra pequeña de la sentencia, hasta la paralización de un desahucio –que impide, efectivamente, el cumplimiento de una orden judicial– podría considerarse también sedición. Por cierto, una de las pocos gestos de solidaridad que llegaron desde el Estado español lo hizo desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Porque por lo demás, poco se movió ayer en el Estado. El efecto del vídeo propagandístico publicado a primera hora por el Gobierno en funciones del PSOE defendiendo la democracia española –excusatio non petita...– apenas duró unos horas, tras las cuales la propia sentencia y la contundente respuesta se hicieron amas y señoras de la actualidad informativa. También los diversos coletazos del fallo, como las nuevas euroórdenes del juez Pablo Llarena contra Carles Puigdemont y el resto de los exconsellers en Bruselas.

El presidente en funciones, Pedro Sánchez, tampoco logró colocar grandes titulares, más allá del anuncio de que los condenados tendrán que cumplir la pena íntegra, lo que se interpretó como una negativa a cualquier indulto. La campaña para el 10N también sigue su curso; PP, Cs y Vox marcarán ahora de cerca a Sánchez; y no serán ni Iglesias ni Errejón los que harán de contrapeso. Tampoco una comunidad internacional que, más allá de editoriales como los de “The Guardian”, ayer cerró filas con Moncloa. El Brexit en el retrovisor asusta. De momento, sin embargo, el Supremo se negó a incorporar en la sentencia la prohibición de poder acceder al tercer grado antes de cumplir la mitad de la condena, lo que deja algunas puertas abiertas.

Todo en el aire, por tanto. El TS escribió ayer algunas líneas más de esta historia, pero el libro sigue abierto; aunque hay muchos guiones, nadie lo ha escrito todavía.