El PNV regala a Iberdrola olvidarse gratis total de las ruinas de Lemoiz

El Gobierno de Lakua intercedió para que el de Madrid permitiera a Iberdrola devolver los terrenos e instalaciones de la central nuclear de Lemoiz tal y como están, ahorrándose los costes de restituirlo a su situación original. Además, accede a no reclamar las «cargas o vicios ocultos» que puedan aparecer, y no presenta un proyecto para la zona.

El PNV, a través del Gobierno de Lakua, ha intervenido directamente para que Iberdrola se haya ahorrado desmontar las ruinas de la central nuclear y sanear los terrenos que ocupa en Lemoiz para devolverlos a las administraciones públicas que se los cedieron en 1973 y 1975.

Pero especialmente llamativo resulta que en la orden ministerial publicada este 16 de octubre en el BOE se contempla que el Ejecutivo de Urkullu, para hacerse definitivamente con su propiedad, firmará que renuncia a la exigencia de cualquier tipo de responsabilidades a la empresa energética «por cargas o gravámenes ocultos y vicios o defectos ocultos».

Además consta oficialmente que la Administración autonómica no tiene ningún proyecto para esa zona, pese a lo hablado en los medios.

Iberdrola cobró 2.273 millones

En pleno franquismo, en 1973 Iberduero obtuvo la concesión de los terrenos de la Cala de Basordas para construir allí una central nuclear. En 1977 logró la autorización para la toma de aguas y desagüe en el mar.

La legislación posterior estableció que estas concesiones, concedidas antes de que el 29 de julio de 1988 se aprobara la Ley de Costas, se consideran «otorgadas por un plazo máximo de 30 años a contar desde esta fecha».

Por lo tanto, las dos concesiones de esos terrenos e infraestructuras a Iberdrola (sucesora de Iberduero) acababan el 29 de julio de 2018.

Entre medias, cuando se decidió que la central nuclear de Lemoiz no entrara en funcionamiento, el Estado concedió a Iberdrola una compensación por «las inversiones realizadas» y «los costes de financiación», de 2.273.256.163 euros, que se han pagado a través de la factura de la luz.

Se le podía hacer pagar

Según el artículo 72 de la Ley de Costas, cuando acaba la concesión –en este caso el 29 de julio de 2018– «la Administración del Estado decidirá sobre el mantenimiento de las obras e instalaciones o su levantamiento y retirada del dominio público y de su zona de servidumbre de protección por el interesado y a sus expensas». Es decir, el Gobierno de Madrid podía hacer pagar a Iberdrola la «retirada de la obra y las instalaciones».

De hecho, el mismo artículo establece claramente que, en ese caso, Iberdrola debería «constituir el depósito suficiente» para hacer frente a esos gastos «de levantamiento de las obras o instalaciones» o de «reparación de aquéllas», de acuerdo a la «tasación ejecutoria señalada por la Administración».

Lakua reacciona en tres días

El 19 de enero de 2018, un representante legal de Iberdrola presentó ante la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar la renuncia a las dos concesiones que disponía desde 1973 y 1977 y vencía en julio. Pero esta renuncia estaba «condicionada» a que las «instalaciones, obras y construcciones» se devolvieran al Estado «en su estado actual, sin imputación a Iberdrola de coste alguno en concepto de demolición».

De manera sorprendente, a los tres días de que Iberdrola enviara su comunicación al Ejecutivo español –que no al de Lakua–, con fecha del 22 de enero, el viceconsejero de Industria, Javier Zarraonaindia, remite un escrito al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medioambiente en el que el Gobierno autonómico «pone de manifiesto su interés» en «hacerse con la titularidad de los terrenos afectados por las mismas así como de las instalaciones en ellos ubicadas».

Por lo tanto, al Ministerio llegaron prácticamente a la vez la petición de Iberdrola de ahorrarse los costes de la retirada de obras e instalaciones y el escrito del Gobierno de Lakua con la disposición de hacerse cargo de ellos. Podría parecer que hubo algún tipo de concertación entre la multinacional y el Ejecutivo de Urkullu.

Después de esto, el Gobierno de Madrid lo tuvo muy fácil, y el 16 de febrero accedió a los deseos de Iberdrola y de Lakua.

Asumir los «vicios ocultos»

Pero esta no es la única ofrenda que se hace a la multinacional. La orden del 11 de octubre de este año (BOE, 16 de octubre) de cesión a la CAV de los terrenos e instalaciones de la central nuclear de Lemoiz incluye que la compañía en adelante ya no se hace cargo de nada.

El punto 4 del Anexo I recoge que, para que la cesión se haga efectiva, el Gobierno de Urkullu debe aceptar los riesgos que asume y «renunciar al saneamiento por cargas o gravámenes ocultos y vicios o defectos ocultos».

Se fija que la aceptación de esta condición debe hacerse antes del 12 de noviembre (un mes desde la entrada en vigor de la orden) para que la transmisión de la propiedad sea efectiva.

No hay ningún proyecto firme

En la documentación cruzada entre Madrid y Lakua para proceder a esta cesión, la Administración española refleja que «se desconoce si hay un uso concreto al que se quieran destinar los terrenos una vez desafectados, toda vez que no se menciona en la solicitud [del Gobierno Vasco] de desafección».

En uno de los documentos se cita que «en los últimos años han ido apareciendo en los medios de comunicación varias ideas al respecto, no necesariamente excluyentes, entre otras: museo de la ciencia, central energética o piscifactoría».

En resumen, Lakua se ha hecho con las ruinas de la central nuclear de Lemoiz, sin gasto para Iberdrola, aceptando además todas las cargas y costes a partir de ahora y sin haber mostrado aún un proyecto para esa zona.

Aitor Esteban se adjudicó personalmente el mérito

En una entrevista en Radio Euskadi el mismo día que se publicaba en el BOE la cesión de las instalaciones a la CAV, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, aseguró que este acuerdo le había costado personalmente «mucho trabajo» y recordó «todo lo que he tenido que hablar con ministros, con secretarios de Estado, etc, etc, persiguiendo» que se cumpliera el acuerdo alcanzado con el Gobierno de Rajoy para la aprobación de los presupuestos de 2017. Según Esteban, si el acuerdo no se cerraba antes de fin de año «podría haber sido ya imposible haberlos devuelto».

El 11 de octubre, Aitor Esteban anunció la orden ministerial y el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu criticó luego que el anuncio lo hiciera el portavoz jeltzale. Esteban respondió que «si después de haber metido todas las horas que he metido no puedo decir ‘estoy satisfecho de que se haya producido ese acuerdo’, pues, hombre… Si ellos no son capaces de conseguir nada, yo me imagino que les pica y se arrasca, pero lo siento mucho». I. I.