Afirmar que la precariedad es una característica propia del sistema capitalista imperante no aporta nada nuevo. Decir que es un sistema que por naturaleza y definición se sostiene sobre la precariedad de millones de personas y una desigualdad creciente, tampoco. Añadir que cuanto mayor es su avance, su implementación y su desarrollo mayores son las desigualdades, y muchas más son las personas que tienen que sobrevivir al día a día de manera precaria, no es novedad. Pero concluir que es un sistema que favorece un modelo de relaciones laborales que está sistemáticamente y permanentemente arraigado en el mercado laboral –el modelo de precariedad– es correcto. Y empezar a articular respuestas multidimensionales es vital.

Vivimos en la era de la digitalización, no cabe duda, el cambio de paradigma en los diversos ámbitos de la vida es indiscutible. Y, consecuencia de esta realidad, tenemos nuevos modelos de relaciones laborales. En concreto, estamos inmersos en un proceso paulatino de digitalización de la subcontratación laboral. Los nuevos modelos de negocios, conocidos en neolengua emprendedora como «nueva economía digital» o «economía colaborativa», han generado nuevas realidades, nuevos modelos de relaciones laborales, precarizando las condiciones y la situación de las trabajadoras y trabajadores hasta el extremo, siempre en beneficio de las ganancias empresariales.

En esa situación se basan las empresas de reparto en zonas urbanas del sector Delivery, tales como Glovo, Deliveroo o UberEats. Las mensajeras y mensajeros conocidos como «riders» se emplean principalmente en el reparto de comida, aunque transportan cualquier otro tipo de producto, generalmente, de consumo rápido, en pequeñas distancias.

Organizadas al estilo de las compañías que se han puesto de moda en otros ámbitos de la economía, estas compañías utilizan y organizan vía internet, a través de una app, mensajeros y mensajeras con contratos autónomos, pero férreamente controlados por las empresas. Reparten en bicicleta, en la mayoría de los casos, pero también a pie, en moto, en coche o en transporte público. Sin baja por enfermedad, sin derecho a paro, sin ningún derecho sindical.

En estas condiciones, la compañía puede tener en cada ciudad todos los mensajeros y mensajeras que quiera, de una forma barata y sin hacerse responsable de nada. Aunque de una cosa sí se responsabiliza: de ingresar una cantidad de dinero por cada entrega.

Este modelo cuenta con sus víctimas perfectas: los colectivos más vulnerables. Personas migrantes, desempleadas de larga duración, en riesgo de exclusión y, sobre todo, jóvenes. Jóvenes que han nacido, crecido, estudiado y accedido a un mercado laboral muy deteriorado, una juventud a la que se le ofrecen contratos temporales, de prácticas y formación, trabajos remunerados sin contrato, con salarios mezquinos e, incluso, se les alienta para hacerse voluntarios en grandes eventos que, teóricamente, generan tal riqueza que llenan las portadas de algunos medios. Son, al fin y al cabo, las «becarias» y «becarios» que el mercado necesita para perdurar.

Explicaba Marx que las clases dominantes ponen los medios de producción, y que la clase trabajadora, como no tiene nada, está obligada a vender su fuerza de trabajo. Así aparece la explotación de las personas y así se queda el patrón con la plusvalía. Empresas como Glovo dan otra vuelta de tuerca a la explotación. ¿Y si el trabajador pone sus medios? Y ahí van con su distintiva mochila por la que han pagado 60 euros, en su medio de transporte, con una app instalada en su propio dispositivo móvil y pagándose su cuota de la Seguridad Social.

Esta uberización de las relaciones laborales es, esencialmente, la consecuencia de la digitalización de la subcontratación laboral, y un paso determinante hacia el modelo de explotación basada en la idea de «empresa sin trabajadores» del gran capital.

Vemos cada vez más «riders» pedaleando por nuestras ciudades y núcleos urbanos más poblados, una realidad que, junto al hecho de disponer de una enorme capacidad para crear demanda inducida, sobre todo entre la juventud, también está fijando, poco a poco, un nuevo hábito de consumo en nuestra sociedad, un hábito de consumo que viene a agrandar la brecha salarial y es perjudicial para la cohesión social, porque perpetúa condiciones de vida precaria entre determinados colectivos.

Hasta ahora, se venía presentando la precariedad juvenil como un pequeño puente que necesariamente había que cruzar, como si de una etapa transitoria se tratara, una etapa que conducía, a corto plazo, a un empleo en condiciones dignas. Sin embargo, esos plazos se van alargando de forma constante: ya no son dos años, sino etapas de diez años y, en algunos casos, ilimitadas. Y, con las consecuencias directas que trae la uberización de la economía y que afecta directamente a las personas jóvenes, vamos tarde.

La concienciación y denuncia desde los colectivos y movimientos sociales es imprescindible, pero al mismo tiempo hay que tomar medidas como ya han hecho en otros lugares de Europa. Desgraciadamente, no contamos con todas las competencias para hacer frente a esta realidad, cada vez más presente en nuestro país, pero se puede hacer mucho desde nuestras instituciones y gobiernos, y no se está haciendo nada.

Ante esa pasividad, hemos hecho los deberes y hemos elaborado y presentado propuestas para su debate y aprobación. Propuestas que tienen que ver con la actualización de los convenios de colaboración entre la Inspección de Trabajo del Gobierno Vasco y las haciendas de los territorios históricos; planes y programas para poner en marcha por la propia Dirección de Trabajo o estudios y campañas para que se lleven a cabo por parte del Consejo de Relaciones Laborales, Kontsumobide o la Autoridad Vasca de la Competencia.

Hay que tomar decisiones y establecer medidas de forma inmediata, usando las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Hay que pinchar el ‘‘Glovo’’ antes de que sea demasiado tarde.