De la Llotja de Mar a Madrid, en defensa de la democracia y la soberanía

El Estado español se encuentra desde hace años encallado en el camino hacia la conquista plena de las libertades, tras la muerte del dictador Francisco Franco y la sucesión monárquica. Es más, ha iniciado un preocupante retroceso que empieza a afectar a las pocas bases de la democracia española, ante el silencio mayoritario de los partidos políticos del sistema. En definitiva, el régimen de 1978 padece un déficit democrático estructural que lo hace incapaz de asumir los retos de una sociedad compleja, llena de desafíos globales y locales, una sociedad cada día más exigente con su democracia.

Los resultados de las últimas elecciones legislativas españolas son un reflejo de todo esto. Que abandonen toda esperanza aquellos que piensan que se trata de un fenómeno circunstancial y pasajero: hay un malestar que recorre los pueblos del Estado español. No es ningún accidente, sino la confirmación de este déficit estructural, que se hayan tenido que celebrar cuatro elecciones en cuatro años, y siga habiendo serias dificultades para articular nuevas mayorías.

En este contexto, la incapacidad de la política española de dialogar con la disidencia, ya sea ideológica o territorial, ha llevado el sistema al colapso. Y solo podrá salir de él, y con ello, ayudar a los ciudadanos a progresar si se afronta el problema de cara y empieza a avanzar soluciones, que solo –y subrayamos el solo– pueden venir del reconocimiento y respeto de nuestras naciones y de todos los interlocutores y propuestas que buscan garantizar el ejercicio de derechos fundamentales, democráticos, económicos y sociales.

El pasado 25 de octubre, en Barcelona, las fuerzas soberanistas e independentistas de todo el Estado que concurríamos a las elecciones españolas del 10N, firmamos la Declaración de la Llotja. Una Declaración que nos parecía imprescindible tras la sentencia que ha condenado a 100 años de cárcel a los líderes de las dos principales organizaciones sociales y los legítimos representantes del pueblo de Cataluña que hicieron posible el referéndum del 1 de octubre de 2017 y ante la grave restricción de derechos que la propia sentencia marca a la acción política. Una declaración que constataba, en primer lugar, la imposible estandarización del Estado español como democracia homologable. En segundo lugar, afirmaba el fracaso de la autodenominada «Transición española», que no solo no se produjo sino que ha dejado espacio a una dinámica represiva, autoritaria y contraria a los principios democráticos esenciales, a la cabeza de la que se sitúa la monarquía. En tercer lugar, afirmábamos que el Estado da la espalda a los principales acuerdos y tratados internacionales a favor de los derechos humanos –en especial al Pacto Internacional por los Derechos Civiles y políticos–, cuando es incapaz de conocer, reconocer y promover el ejercicio del derecho a la autodeterminación.

Los partidos firmantes de la Declaración conscientes de que nos corresponde actuar políticamente y formular propuestas, nos pusimos de acuerdo en un marco común de mínimos, a partir del que hemos ser capaces de encontrar soluciones satisfactorias. Un marco basado en el reconocimiento y respeto de derechos fundamentales y democráticos como el de la autodeterminación; en el cese de toda forma de represión; en la articulación de una solución política y democrática del conflicto que nuestros pueblos mantienen en el seno del Estado español; y en la libertad de las presas y presos políticos y la vuelta a casa de los exiliados y exiliadas.

Todos nosotros y nosotras, que representamos una fuerza de 29 parlamentarios en el Congreso y 21 senadores en el Senado, estamos dispuestos a contribuir a desatascar la situación de colapso y regresión democrática en la que ha entrado el Estado español. Proponemos sentarse y hablar. Que todos los actores políticos puedan sentarse, hablar y negociar sin condiciones, y que se hable del reconocimiento nacional y, por tanto, del derecho a la autodeterminación de las diferentes naciones que forman parte del Estado español actualmente. Que se detenga la represión feroz que ha suplantado el diálogo y las soluciones políticas y democráticas durante demasiado tiempo y que ha tenido su corolario en la sentencia que ha condenado a políticos y líderes sociales pacíficos y con un compromiso y comportamiento democráticos inequívocos y que ha expulsado al exilio a otros líderes que han encontrado, en Europa, las garantías jurídicas que tristemente no ha sido capaz de dar el Estado.

La mayoría que se quiere articular entre PSOE y UP ha de liderar un cambio de era, ha de certificar la defunción del régimen del 78 y asumir su responsabilidad en construir un verdadero Estado democrático, de justicia social, de igualdad y respeto, lo que solo será posible si cesa la represión, se rompe con los vínculos del pasado aún existentes y se reconoce tanto su carácter plurinacional como el derecho de autodeterminación de los pueblos.

Si lo hacen, nosotros y nosotras estaremos. Si aceptan sentarse y hablar con nosotros y nosotras de como nuestros países deciden su futuro de manera libre y acordada, encontraremos soluciones, estabilidad y progreso para nuestros respectivos pueblos.