El alcalde de Hendaia, el socialista Kotte Ezenarro, será el encargado de trasladar al pleno municipal que tendrá lugar el próximo 18 de diciembre a las 18.30 una moción en la que se solicita explícitamente al Ministerio de Justicia que no se proceda a la entrega del «ciudadano de Hendaia» David Pla.

El expreso navarro, que ejerció como integrante de la interlocucion de ETA en Noruega, reside en la localidad costera labortana junto a su familia desde que recobrara, el pasado abril, la libertad, tras haber cumplido la condena de cinco años que le fue ratificada por el Tribunal Correccional en febrero, solo dos meses antes de abandonar la prisión de Osny.

La moción que será sometida a consideración de la Corporación hendaiarra, y que cuenta con visos de ser aprobada por unanimidad, hace una descripción pormenorizada de la situación judicial y administrativa por la que Pla ha atravesado desde que fuera detenido, el 16 de abril de 2010, en su domicilio familiar de Hendaia y hasta que quedara libre, bajo control judicial, la pasada primavera.

Aunque la Policía gala no dio seguimiento judicial al arresto de Pla en 2010, la acusación en su contra lanzada entonces por instancias judiciales españolas figura en la orden de entrega que, con fecha del 12 de mayo 2011, firmó el entonces juez y ahora ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska.

Así, acusa a Pla de haber participado en una reunión clandestina el 17 de mayo de 2008 en Mimizan (Landas), pese a que, como se recoge en la exposición de la moción que se debatirá en el pleno la semana próxima, un informe de la Subdirección antiTerrorista francesa (SDAT) corrobora que en la fecha en que se atribuye al militante navarro haber estado en ese encuentro «David Pla se hallaba, junto a su hijo Aitzol, haciendo una visita a Kizkitza Gil de San Vicente, entonces encarcelada en la prisión de Fresnes».

Solidaridad en Baiona

Precisamente, una concentración a las puertas del liceo Bernat Etxepare de Baiona en el que cursa sus estudios Aitzol, el hijo de Pla y Gil de San Vicente, sirvió el martes para trasladar la solidaridad a la familia en vísperas de que la Corte de Casación se pronuncie, el día 18, sobre el recurso presentado por la defensa contra la sentencia adoptada, el 20 de noviembre, por el Tribunal de Apelación.

Aun asumiendo en parte las alegaciones de la defensa, que en el curso del proceso judicial presentó pruebas que refutan los hechos que se relatan en la euroorden, como el citado en la moción presentada en Hendaia, el tribunal dio prioridad al principio de «confianza mutua» entre estados y determinó que los tribunales españoles «disponen de todos los elementos» para pronunciarse sobre la causa.

En la misma línea, el tribunal no consideró la jurisprudencia que hizo valer la defensa según la cual la Justicia gala «se niega a entregar a ciudadanos a los que se les imputan delitos cometidos en territorio francés». En al menos cinco tribunales franceses diferentes, siempre en causas relativas a ciudadanos vascos, se han dado decisiones que aplican ese criterio jurídico.

Así las cosas, el Consistorio de Hendaia abordará el caso de Pla el mismo día en que se espera la decisión de la Corte de Casación. Si esa instancia ratifica la decisión del Tribunal de Apelación, Pla quedará a la espera de ser entregado. Un fallo favorable a su recurso desactivaría esa euroorden de 2011, pero el expreso debería hacer frente, por vía administrativa, a una prohibición de estancia en el territorio.