Hasta 13 años de condena a De Miguel

La Audiencia Provincial de Araba ha condenado a Alfredo de Miguel a una pena de 13 años de prisión por corrupción, aunque ha establecido en 9 años la pena máxima de cumplimiento. Los también exdirigentes del PNV Koldo Ochandiano y Aitor Telleria han sido castigados con penas de 7 años y medio y 6 años y medio de cárcel, respectivamente.

El exdiputado foral de Administración Local y Equilibrio Territorial Alfredo de Miguel y los exburukides Koldo Ochandiano y Aitor Telleria «idearon la creación de una red societaria y personal organizada en torno a sí mismos para aprovechar las relaciones políticas o administrativas que mantuviesen en cada momento por su pertenencia al PNV. Para ello, contaron con la ayuda o colaboración personal o societaria de otros acusados, quienes se pusieron al servicio de su plan para obtener un ilícito beneficio económico destinado a su enriquecimiento personal y de terceras personas».

Así lo recoge la sentencia de la Audiencia Provincial de Araba, que ha condenado al exdiputado de Administración Local y Equilibrio Territorial Alfredo de Miguel a una pena de 13 años de prisión por diversos delitos de corrupción, entre ellos los de «asociación ilícita», «cohecho» y «tráfico de influencias», aunque ha establecido que el máximo de cumplimiento efectivo de cárcel sea de 9 años. Ochandiano y Telleria han sido condenados a 7 años y medio y a 6 años y medio de prisión, respectivamente. En el caso del primero, el tribunal ha acordado que el cumplimiento máximo de la pena sea de 6 años y 9 meses.

El tribunal apunta entre los hechos probados que «dicha red societaria y personal estaba dirigida, básicamente, a obtener irregularmente contratos o adjudicaciones públicas de diferentes Administraciones o entes públicos gobernados por el partido en el que militaban (PNV); [...] solicitar y obtener el pago de comisiones de las personas jurídicas o mercantiles que obtuvieron adjudicaciones de contratos de diversos entes públicos (a través de las mercantiles Kataia y Errexal); y solicitar y obtener el pago de cantidades dinerarias con base en negocios jurídicos o contratos simulados y que no se ajustaban a la realidad, enmascarando el pago de comisiones». Y advierte de que «las actividades de tal entramado u organización se llevaron a cabo actuando de común acuerdo, en conjunto o en colaboración con otros encausados».

Entre ellos figura Xabier Sánchez Robles, exdirector del Departamento de Juventud del Ejecutivo autonómico, al que le han impuesto una condena de 7 años y un mes de prisión, aunque el tribunal ha fijado un máximo de 5 años y 3 meses. Se considera probado que, «prevaliéndose de las funciones que desarrollaba en materia de contratación pública, consiguió la adjudicación irregular de contratos mediante el fraccionamiento del objeto de contratación y los importes de los contratos, para cuadrar su adjudicación con el procedimiento de contrato menores a favor de la mercantil ‘Errexal’».

«Propuso la adjudicación de contratos menores a las empresas ‘Kataia’, ‘Errexal’ y ‘Ortzi Muga’ sin realizar comprobación alguna sobre la capacidad y solvencia de las mercantiles y la calidad del trabajo que podían realizar. Todos los contratos fueron adjudicados sin informe de función pública o comprobación previa de la conveniencia de contratación de la mercantil correspondiente para cada caso como era la práctica habitual del Gobierno Vasco», aseveran los jueces en el auto, en el que también se detallan las penas impuestas a Jon Iñaki Echaburu, condenado a 2 años y 5 meses de prisión, Sergio Fernández Oleaga, a 1 año y medio; Josu Montes, a 4 años y 4 meses, e Iñaki San Juan, a 5 años.

El tribunal sostiene que Montes y San Juan «con la aquiescencia del Sr. De Miguel y de los Sres. Telleria y Ochandiano constituyeron la sociedad ‘Ortzi Muga’, que fue creada siguiendo el mismo patrón que las mercantiles ‘Kataia’ y ‘Errexal’, como instrumento societario al servicio de la trama para la canalización de flujos monetarios». La citada mercantil no tuvo recursos monetarios ni trabajadores a sueldo, ni tan siquiera una sede física; solo contó con un apartado de correos y un cliente, el Departamento de Cultura de Lakua, del que obtuvo más de 70.000 euros gracias a seis contratos menores.

Comisión y acuerdo

Josu Arruti, el hombre que reconoció haber cobrado una comisión junto a Alfredo de Miguel a cambio de un acuerdo con la Fiscalía, ha sido condenado a un año y medio de prisión. Su padre, Jesús Arruti, a 9 meses. En la sentencia se afirma que los responsables del Grupo Riera, que pretendían impulsar un polígono industrial en el municipio de Zanbrana, entregaron a Arruti 430.000 euros; 130.150 euros fueron a manos de De Miguel bajo el concepto de «asesoramiento técnico Zambrana». «A través de este pago se encubría el abono de las comisiones en metálico», afirma el tribunal, que incide en que ‘Kataia’ recibió un pago total de 161.600 euros. Una cantidad que coincide con lo declarado por Josu Arruti durante la vista oral.

El acuerdo con la Fiscalía no incluia solo a Arruti. Los responsables del Grupo Riera también se acogieron al mismo, y reconocieron durante el juicio haber abonado comisiones ilícitas a la trama liderada por De Miguel. Gracias a este pacto, el Ministerio Público redujo sustancialmente las condenas solicitadas para los acusados y retiró la petición de prisión para parte de los 26 imputados, muchos de ellos relacionados con el PNV.

Así, Alfonso Arriola, que fue director de Parque Tecnológico de Araba ha sido condenado a 8 años de inhabilitación, y Julián Sánchez Alegría, que fue responsable de la red de parques tecnológicos de la CAV, a 14 años de inhabilitación. María Justina Angulo, exalcaldesa jeltzale de Zanbrana ha sido condenada a 9 años de inhabilitación; y el exviceconsejero de Cultura y Juventud del Gobierno autonómico, Gurutz Larrañaga ha sido absuelto, al igual que Miren Lourdes Bilbao, Aintzane de Miguel, Prudencio del Hierro, Estíbaliz Arruti, Gorka Errasti, Francesc Fernández, Plácid Casas, Joaquin Sabater y Ramón Tomás.

También ha sido absuelta Araceli Bajo, la mujer de Aitor Telleria. Peor suerte han corrido Ainhoa Bilbao e Iratxe Gaztelu Urrutia, esposas de Alfredo de Miguel y de Koldo Ochandiano, respectivamente, condenadas a un año y medio de cárcel. Eran administradoras de Kataia Consulting, empresa que aparece en denominado “Bloque Urbanorma”, el mismo en el que se puede leer el nombre de Ainhoa Alberdi, la abogada y empresaria que decidió denunciar hace diez años ante la Fiscalía que De Miguel y Telleria le pedían una comisión de 100.000 euros.

Quince personas condenadas y once absueltas

Alfredo de Miguel

Condena: 13 años y 3 meses Multa: 351.690 euros

Koldo Otxandiano

Condena: 7 años y 6 meses Multa: 182.006 euros

Aitor Telleria

Condena: 6 años y 6 meses Multa: 180.220 euros

Xabier Sánchez Robles

Condena: 7 años y 1 mes Multa: 3.600 euros

Iñaki San Juan

Condena: 5 años y 3 meses Multa: 3.600 euros

Josu Montes

Condena: 4 años y 4 meses Multa: 3.600 euros

Jon Iñaki Echaburu

Condena: 2 años y 5 meses Multa: 53.600 euros

Josu Arruti Letamendia

Condena: 1 año y 9 meses Multa: 162.800 euros

Jesús Arruti Odriozola

Condena: 9 meses Multa: 145.460 euros

Ainhoa Bilbao

Condena: 1 año y 6 meses Multa: 178.420 euros

Iratxe Gaztelu-Urrutia

Condena: 1 año y 6 meses Multa: 178.420 euros

Sergio Fdez. Oleaga

Condena: 1 año y 6 meses Multa: 3.586 euros

Julián Sánchez Alegría

Condena: 14 años de inhabilitación especial.

Justina Angulo

Condena: 9 años de inhabilitación especial.

Alfonso Arriola

Condena: 8 años de inhabilitación especial.

Araceli Bajo

Absuelta. Como partícipe a título lucrativo pagará 18.073 euros.

Aintzane de Miguel

Absuelta. La petición fiscal era de 3 años y 6 meses de prisión.

Gurutz Larrañaga

Absuelto. La petición del fiscal era de 10 años de inhabilitación.

Miren Lourdes Bilbao

Absuelta. La petición fiscal era de 4 años de cárcel.

Prudencio del Hierro

Absuelto La petición del fiscal era de 3 meses de cárcel.

Estíbaliz Arruti

Absuelta. El fiscal pedía su absolución.

Gorka Errasti

Absuelto. El fiscal pedía su absolución por prescripción.

Francesc Fernández

Absuelto. El fiscal pedía su absolución por prescripción.

Plácid Casas

Absuelto. El fiscal pedía su absolución por prescripción.

Joaquín Sabater

Absuelto. El fiscal de la Audiencia Provincial de Araba Josu Izaguirre pedía su absolución por no sostenerse la acusación en su contra.

Ramón Tomás Riba

Absuelto. El fiscal de la Audiencia Provincial de Araba pedía su absolución por no sostenerse la acusación.

Fiscal Izaguirre: «Creo que la sentencia habla por sí misma»

El fiscal Josu Izaguirre señaló ayer que la sentencia del «caso De Miguel» demuestra que hubo una trama de corrupción, ya que la Audiencia Provincial ha acreditado el delito de «asociación ilícita».

«El elemento definitorio es el delito de asociación ilícita», manifestó, y destacó que los condenados formaban una «trama destinada a cobrar comisiones, es lo que dice la sentencia. Creo que la sentencia habla por sí misma».

Por su parte, Gonzalo Susaeta, abogado de Alfredo de Miguel, eludió realizar declaraciones y no aclaró si presentará recurso. «Hay que leerse la sentencia y ya lo valoraré», apuntó.

El letrado de Gurutz Larrañaga, exviceconsejero de Cultura que ha sido absuelto, mostró su satisfacción, aunque criticó «la dureza» de la «pena de banquillo».