El auto de libertad de uno de los dos últimos ciudadanos catalanes excarcelados, detenidos el 23 de septiembre por ser miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), deja claro que no tenían ni «explosivos» ni tampoco «precursores de explosivos», en contra de lo que filtraron fuentes de la investigación. La acusación de «terrorismo» formulada por la Guardia Civil resulta, por tanto, totalmente infundada. Tres meses más tarde los jueces de la Audiencia Nacional –un tribunal nada sospechoso de connivencia con independentistas– echa por tierra aquel montaje policial.

No es la primera vez que se desarrollan operación policiales con una manifiesta intencionalidad política. En el caso de los CDR, los poderes del Estado intentaron vincular al movimiento independentista con la violencia antes de que se conociera la sentencia del procés, con el fin de debilitar la previsible protesta que provocaría una sentencia condenatoria. Ya en 2003 se utilizaron los mismos argumentos –«sustancias susceptibles de ser utilizadas como explosivos»– en una operación policial para acusar a 23 personas de formar parte de una célula yihadista. Entonces el objetivo era desactivar la creciente oposición a la guerra de Irak. Un año más tarde se falsificó el nombre del explosivo utilizado en la matanza del 11M con la intención de involucrar a ETA. Es terrible, pero los aparatos de la llamada «lucha antiterrorista» tiene una larga trayectoria de montajes similares para condicionar momentos que consideran claves para mantener el statu quo.

Aunque con el paso del tiempo se demuestren falsos, poco importa si alcanzan el objetivo perseguido en su momento; en el Estado nadie pide cuentas, ni exige responsabilidades. En este sentido, es muy grave que los medios de comunicación reproduzcan a pies juntillas esas filtraciones policiales, sin ningún tipo de contraste, dando verosimilitud a un relato falso y coadyuvando a unos objetivos criminales que implican la violación de derechos básicos.