El 25 de febrero aparece marcado en rojo como penúltima estación de un trayecto que, si nadie lo remedia, acabará conduciendo a Julian Assange a Estados Unidos, cerrando así una persecución iniciada hace casi una década. Ese ha sido el objetivo desde el principio, desde que Wikileaks empezó a destapar demasiadas interioridades comprometidas y el Leviatán, herido, clamó venganza. Ahora está a punto de cobrársela.

A esa tarea ha destinado una ingente cantidad de recursos, sobre todo a partir de un acontecimiento que quebró los resortes del aparato propagandístico de Washington. El 5 de abril de 2010, la organización liderada por Assange publicó un vídeo fechado en 2007 en el que se ve cómo soldados de EEUU disparan al reportero de Reuters Namir Noor-Eldeen, a su ayudante y a nueve personas más, algunas de ellas cuando iban a llevarse a los muertos y heridos del ataque inicial. En las imágenes se ve claramente que ninguno de ellos hizo amago de atacar al helicóptero Apache que les dispara. Aunque la agencia Reuters solicitó el material, les fue denegado, hasta que Wikileaks lo difundió y puso contra las cuerdas al aparato militar estadounidense. Fue un punto de inflexión.

En setiembre de ese mismo año la Fiscalía sueca abrió un procedimiento contra el periodista australiano por un presunto caso de agresión sexual. Un mes después se produjo su detención en Londres, y tras varios recursos, en junio de 2012 el Supremo confirmó su extradición a Suecia. Para evitarlo, Assange pidió refugio en la embajada de Ecuador.

Y ahí ha permanecido hasta que el pasado mes de abril el Gobierno de Lenín Moreno, experto en traicionar confianzas, le retiró el asilo permitiendo su arresto y encarcelamiento en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, donde languidece mientras aguarda a que se decida su futuro, con una posible condena de 175 años en el horizonte.

La Fiscalía sueca ha cerrado el caso

Todo apunta a que será entregado a las autoridades estadounidenses, porque en junio el entonces ministro del Interior, Sakid Javid, firmó la orden que lo autorizaba, y porque la Justicia sueca se ha retirado de la ecuación. El 19 de noviembre, la Fiscalía de ese país cerró el caso argumentando que las evidencias contra Assange se habían «debilitado» y no hay base para elevar una acusación formal. «Las pruebas no son suficientes para una acusación; la investigación debe cerrarse», resumió la fiscal superior Eva-Maire Persson, que ya había sufrido un revés cuando los tribunales suecos rechazaron su petición de emitir una orden de detención, porque no lo consideraban proporcionado. De este modo, parece que el detonante de la persecución que acabó con el periodista refugiado en la embajada no se sostiene.

Assange siempre se ha declarado inocente y, de hecho, no ha sido formalmente acusado, pero el procedimiento abierto en su contra sirvió en primer término para enlodar su trabajo y allanar el camino a las autoridades de EEUU, que ahora lo tienen expedito.

De hecho, nada más conocerse el archivo de la causa, el director de Wikileaks, Kristinn Hrafnsson, valoró positivamente la decisión pero alertó sobre la amenaza más importante ahora: «el proceso beligerante de EEUU».

La vista sobre la extradición no se celebrará en la Corte de Magistrados de Westminster, como era preceptivo, sino en la propia prisión de Belmarsh, en lo que es un intento de impedir cualquier muestra de apoyo y limitar el número de testigos incómodos, pues solo habrá seis plazas para el público.

La administración británica se tienta la ropa tras lo ocurrido el 21 de octubre, cuando Assange compareció ante un tribunal de primera instancia y numerosas personas se congregaron para expresarle su solidaridad.

Además, lo ocurrido en aquella sesión, en la que la jueza Vanessa Baraitser rechazó una solicitud de la defensa para retrasar el procedimiento y poder preparar el caso, fue narrado por el exdiplomático Craig Murray, y su crónica –recogida por el periodista Rafael Poch en su blog–, detalla la arbitrariedad de la magistrada y la actitud complaciente del fiscal con funcionarios de la embajada de EEUU presentes en la sala, resumiendo gráficamente la obsequiosidad británica frente al interés estadounidense.

Podría morir en prisión

Con todo, del relato de Murray sobresale la impresión que le causó Assange, que habría comparecido muy delgado, envejecido y desorientado. Esta descripción concuerda con la advertencia realizada hace un mes por más de 60 médicos, quienes mostraron su «grave preocupación» por el estado de salud del periodista. En una carta remitida a la actual ministra del Interior, Priti Patel, los facultativos afirman que Assange «necesita una evaluación médica experta urgente», y avisan de que si no se le examina y se le suministra tratamiento, tienen «la preocupación real» de que «podría morir en prisión».

En su misiva, los médicos citan entre otros al Relator Especial de la ONU sobre la Tortura, Nils Melzer, quien valoraba en su último informe que el fundador de Wikileaks mostraba signos típicos de «tortura psicológica». Melzer ya se había referido al caso de Julian Assange el 26 de junio, con motivo del día internacional de las víctimas de la tortura. Lo hizo a través de un escrito duro, en el que señalaba que «en veinte años de trabajo con víctimas de guerra, violencia y persecución política, no he visto nunca a un grupo de estados democráticos confabulándose para aislar, demonizar y abusar deliberadamente de un solo individuo durante tanto tiempo y con tan poca consideración por la dignidad humana y el Estado de Derecho».

Meses después, en noviembre, el relator recomendó que se frenara la extradición del periodista y que se le pusiera en libertad de forma inmediata. «La constante exposición de Assange a la arbitrariedad y el abuso puede terminar costándole la vida en poco tiempo», avisó. Pero el gigante quiere vendetta, y la vida del enemigo no cotiza al alza en la Wikileaks War Room del Pentágono.

 

más de mil periodistas firman un escrito en solidaridad con el fundador de wikileaks

Un millar largo de periodistas de todo el mundo han expresado su respaldo a la iniciativa “Alza tu voz por Assange”, en defensa del fundador de Wikileaks. Estos profesionales suscriben una declaración difundida a principios de diciembre –está abierta a nuevas adhesiones en speak-up-for-assange.org– donde muestran su «profunda preocupación por el bienestar de Assange» a causa de «su detención continuada y por las draconianas acusaciones de espionaje contra él».

«Este caso –opinan– se sitúa en el núcleo del principio de la libertad de expresión», y advierten de que si el Gobierno de EEUU puede procesar a Julián Assange por publicar documentos clasificados, «despejará el camino para que los gobiernos enjuicien a periodistas en cualquier parte del mundo, lo cual sentaría un peligroso precedente para la libertad de prensa a nivel mundial».

Para este nutrido grupo de periodistas acusar de espionaje a quienes publican materiales filtrados es «una novedad que debería encender las alarmas de todos los periodistas y medios de comunicación», y señalan que en una democracia debería ser posible poder «revelar crímenes de guerra y casos de tortura y abuso sin tener que ir a la cárcel». A este respecto, insisten en que ese es, precisamente, «el papel de la prensa en una democracia».

Los firmantes hacen un repaso del recorrido vital de Assange en los últimos años, y destacan, por ejemplo, que en su estancia en la Embajada de Ecuador en Londres «sufrió graves violaciones de sus derechos humanos, incluyendo el espionaje de sus conversaciones, protegidas por el secreto profesional, por parte de organizaciones a las órdenes directas de agencias estadounidenses».

«Los periodistas que le visitaban fueron sometidos a vigilancia constante. Se le restringió el acceso a la defensa legal y a atención médica, y se le privó de recibir la luz del sol y hacer ejercicio físico», resumen, añadiendo que tras su detención la pasada primavera Assange «se encuentra en aislamiento durante 23 horas al día y, según quienes lo han podido visitar, está ‘fuertemente medicado’». «Su salud mental y física se ha deteriorado gravemente», alertan.

En este sentido, hacen responsables «a los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido, Ecuador y Suecia de la violación de derechos humanos que ha sufrido el señor Assange», de quien destacan que «ha hecho una destacada contribución al periodismo de interés público, la transparencia y la responsabilidad gubernamental en todo el mundo».

Y, «como periodistas y organizaciones que creen en los derechos humanos, la libertad de información y el derecho del público a saber», concluyen el alegato exigiendo «la liberación inmediata» del compañero australiano.I.B.