Azora, otro «fondo buitre» que ha puesto sus garras en Donostia

Alrededor de 300 viviendas de Donostia, que poseía Inmobiliaria Vascongada, han caído ahora en manos de Azora, un fondo de inversión que está notificando a los inquilinos que no les va a renovar el contrato, con la consiguiente amenaza de desalojo. Stop Desahucios ha dado la voz de alarma y ha convocado una concentración para el sábado.

«Desahucios silenciosos». Así los han definido. La estrategia viene a ser como sigue: personas que llevan años, incluso décadas, viviendo en un piso de alquiler reciben de repente la notificación de que no se les va a renovar el contrato. O, a lo sumo, se les ofrece continuar si pagan un precio desorbitado.
La forma de actuar se repite en todo el edificio, hasta que este queda vacío. El propietario tiene en ese momento las manos libres para su juego especulativo en forma de gentrificación, hoteles, pisos turísticos…
Está sucediendo en Donostia. En el barrio de Gros, sobre todo, y en Amara Zaharra. Unas 300 viviendas, en más de una docena de bloques, que eran propiedad de Inmobiliaria Vascongada. Ahora pertenecen a Azora, un fondo de inversión que saltó a los titulares en 2013, cuando junto a Goldman Sachs compró casi 3.000 VPO a la Comunidad de Madrid. La operación fue anulada el pasado diciembre por el Tribunal Supremo.
Ahora este «fondo buitre» ha puesto sus ojos, y sus garras, en la capital guipuzcoana, donde el metro cuadrado de alquiler es el segundo más caro del Estado español. Y Stop Desahucios ha dado la voz de alarma.
Este colectivo compareció ayer en Donostia, junto a algunos de los inquilinos e inquilinas que han recibido un burofax notificándoles el vencimiento del contrato, aunque se les sigue girando el recibo mes a mes. Una situación de incertidumbre ante la cual unos han hecho las maletas y otros han apostado por plantar cara; bien por convicción, bien porque no tienen alternativa.
 
«Ningún tipo de control»
«Están aterrizando aquí porque es lucrativo y no hay ningún tipo de control de los precios», denunció Rosa García, voz y cara de Stop Desahucios. El pasado diciembre, el Gobierno de Lakua rechazó tomar en consideración una propuesta de EH Bildu para limitar los precios del arrendamiento de viviendas.  
Entre los argumentos del Ejecutivo se apuntaba que en zonas como Madrid o Barcelona «un porcentaje importante de la vivienda ofertada se encuentra en manos de grandes grupos inversores privados», una circunstancia que «hoy por hoy no sucede en Euskadi». Pero ya están aquí.
En la capital guipuzcoana abrió la veda la firma estadounidense Blackstone, que junto a Testa Socimi posee una promoción de más de 500 pisos de protección oficial en Benta Berri, en el Antiguo, viviendas que están sujetas a control público solo hasta 2028. ¿Y a partir de esa fecha? Ya se han producido intentos de desahucio por impago del alquiler, y los vecinos vienen movilizándose.
Este sábado al mediodía habrá una nueva protesta, una concentración ante las oficinas de Inmobiliaria Vascongada, en el número 2 de la calle Ijentea. El edificio, junto al ayuntamiento, dominando el Boulevard y la calle Mayor, también ha caído en manos de Azora. Un caramelo.
Stop Desahucios señala a las diferentes administraciones públicas, que no limitan el precio de los alquileres, no instauran un canon a las viviendas vacías y permiten la proliferación de plazas hoteleras y pisos turísticos. «Aquí no se puede vivir», sentenció Rosa García.