Serge Portelli es autor de dos publicaciones, “Pourquoi la torture” (Vrin, 2010) y “La torture” (Dalloz, 2017), en las que aborda la cuestión de los malos tratos a detenidos. Ex magistrado y antiguo presidente de la Corte de Apelación de Versalles, hace unos días alertó, a través de un artículo firmado con otros juristas en “Le Monde”, sobre las resistencias en la magistratura gala, y en particular en la Fiscalía «antiterrorista», a acatar el nuevo tiempo abierto en Euskal Herria y a aplicar una política que «responda y secunde» el compromiso social por la paz.

Ha tenido ocasión de analizar las denuncias de torturas a ciudadanos vascos admitidas en instancias internacionales en Naciones Unidas y en la Corte Europea de Derechos Humanos. ¿Cuáles son las conclusiones más destacadas?

Las conclusiones figuran en un informe exhaustivo que pone en evidencia que la tortura ha sido una práctica habitual y consentida, ya que España ha torturado con total impunidad, pese a las decisiones de la justicia en el ámbito europeo o internacional. La justicia española no ha investigado, salvo en contadas excepciones, las denuncias de tortura. No lo hizo en el pasado y hasta la fecha no tenemos motivos para pensar que vaya a cambiar de actitud.

En la línea de lo que señala, no todas, pero buena parte de las condenas al Reino de España insisten en la no investigación de las denuncias. Como magistrado, ¿cómo explica la actitud de los jueces, pero también de los fiscales o incluso de los médicos forenses?

Simplemente hay que entender que existe toda una cadena de responsabilidad que pasa, en la base, por la acción de la Guardia Civil y otros cuerpos policiales, sigue con la mirada al otro lado de los investigadores policiales, jueces de instrucción, forenses, fiscales, tribunales, y en lo alto alcanza al Gobierno de un Estado. Todo forma parte de una inmensa maquinaria, y en ningún caso de un hecho aislado atribuible en exclusiva a este o a aquel funcionario, a un juez que se encuentra en tal o cuál despacho. Para que la tortura se produzca en un periodo largo y continuado es preciso que exista una maquinaria policial, judicial y política detrás.

La primera idea a desterrar es la que asienta la versión oficial. No son casos aislados.

Es una política sistemática. Nadie dice que todos los detenidos hayan sido torturados ni que todos los policías hayan practicado la tortura, lo que es evidente es que ha habido una política decidida y ratificada de gobierno a gobierno, de ahí que ese sistema contara con mecanismos destinados a ocultar la existencia de la tortura.

El informe elaborado a petición del Gobierno de Gasteiz por el forense Paco Etxeberria saca a la luz parte del iceberg, al documentar 4.113 casos de torturas. Dada la dimensión de la vulneración de derechos humanos, ¿cabía esperar otra respuesta más allá del silencio?

No.

¿Por qué no ha dado el aval científico que lo respalda?

Soy pesimista respecto a los efectos inmediatos porque hay una política que se ha instalado durante decenas de años y con la que, en distintos grados, todo el mundo estaba de acuerdo. De ahí que no sea fácil romper ese silencio. De hecho ya ocurrió con las denuncias admitidas por la ONU o la Corte Europea de Derechos Humanos, que no han hecho cambiar a los sucesivos gobiernos españoles. El hecho de que el pueblo vasco, los defensores de derechos humanos o reputados especialistas hablen, aporten testimonios, entreguen información de calidad es, sin embargo, de gran valor. Pero, insisto, no cabe esperar que ello lleve a cambiar en el corto plazo las cosas. Ha existido una política global y una voluntad compartida a la que habrá que seguir enfrentándose durante bastante tiempo.

Con todo hablamos de una muestra muy importante. Dejando a un lado lo ocurrido con el Ejército francés en Argelia, ¿hay casos con los que comparar en el marco europeo?

Europa es un continente con una historia sacudida por la violencia más atroz. Ha habido genocidios, en la II Guerra Mundial y hace mucho menos en la ex Yugoslavia. Europa es tierra de masacres, luego la tortura forma parte de ese escenario.

¿Debemos erradicar, por tanto, la idea preconcebida de que en Europa no existe la tortura?

Es otro mito. La tortura ha existido, existe y me temo que existirá. Es una realidad evidente, que recorre el mundo, y a la que Europa no es ajena. La mitad de los países del mundo, al menos, se sirven de estos métodos. Sin embargo, no quiero ser del todo fatalista, porque me parece que, al igual que ocurre en otros muchos dominios, en materia de derechos humanos hay una toma de conciencia creciente, y las redes sociales ayudan además a sacar a la luz la realidad oculta. He de remarcar, al tiempo, que, gracias en parte a ese empuje social también nos hemos dotado de convenios orientados al control, a la prevención y a la investigación de la tortura. La Convención contra la Tortura data de 1984 y el protocolo adicional nace una década después. Estamos hablando de herramientas bastante nuevas y que van a ayudarnos a recoger más frutos en esta lucha. Pero es importante que no miremos solo a Europa, porque hay una batalla en todo el mundo.

Precisamente el informe Etxeberria sitúa la mayoría de los casos en la década de los 80. ¿El hecho de que ocurrieran tantos casos con gobiernos socialistas en Madrid y París merece una reflexión crítica particular?

Seguramente, aunque lo primero a destacar es que la tortura forma parte de la historia del pueblo vasco antes de ETA y que no desapareció ni tras la muerte de Franco ni tampoco, como señala ese informe, porque gobernara una u otra sigla política. Es importante asumir ese carácter de continuidad que se da en la tortura y afrontar de manera crítica una evidencia tan palmaria como que la tortura no solo no desapareció sino que su uso se acrecentó después de que se cambiara al régimen llamado democrático. Ese sería mi punto de partida para esa revisión crítica del pasado que usted plantea en su pregunta.

España es una democracia. Con esa frase se acaba la discusión en lo que afecta a Francia. Ha pasado con las tres euroórdenes aceptadas en el caso de Iratxe Sorzabal –en unos días se analizará de nuevo su caso– pese a que el informe realizado en base al Protocolo de Estambul diera credibilidad a su relato de torturas.

Es un caso que se va a discutir en la Corte de París próximamente, y en el que tomo parte. No sería prudente un pronunciamiento por mi parte.

No sé si al menos puede darme su opinión sobre el planteamiento de la defensa de Sorzabal para que París solicite a la Corte de Luxemburgo que aclare si un Estado europeo está obligado a entregar, mediante el mecanismo de la euroorden, a una detenida que ha denunciado torturas.

Me parece pertinente que se plantee esa cuestión prejudicial al Tribunal de Luxemburgo. Y no creo que el debate judicial al respecto esté aún resuelto.

Hablemos algo más en general de la evolución judicial. En abril de 2018, al calor de la declaración final de ETA, auguraba usted que los estamentos judiciales españoles y franceses no podían permanecer ajenos a ese cambio. ¿La realidad actual conforta su análisis?

Es evidente que no. Hace unos días así lo expresé en la tribuna de opinión que compartí con otros 4 juristas y en la que mostraba mi incomprensión respecto a la actitud de la Fiscalía «antiterrorista» y de las altas instancias judiciales de París en esos casos. El desarme y la desaparición de ETA no han sido suficientes para hacer cambiar la actitud de los magistrados.

Ello pese a que, en su opinión, la declaración de ETA dirigida a las víctimas respondía exactamente a las preocupaciones expresadas hasta entonces por los magistrados.

Comparto la frustración que sienten otros juristas que siguen el proceso vasco, pero también los artesanos de la paz o la sociedad vasca que se ha manifestado tantas veces y que ha hecho tantos esfuerzos, para avanzar hacia la paz. Es indispensable que siga ese compromiso, pero pienso que además, en el estado actual, debemos apelar con claridad y poner antes los ojos de ciertas instituciones y de los propios magistrados las responsabilidades en las que incurren, porque también los magistrados deben ser conscientes de que cuando se niegan a tomar nota de una realidad que es evidente, están perjudicando todo un proceso de paz y considero que esa es una responsabilidad grave, que debe mostrarse de forma clara.

Algunas decisiones de los jueces apuntan a una evolución, pero la Fiscalía se resiste a cambiar. No sé si espera novedades o aconseja prepararse para una travesía larga.

Mi convicción es que esa resistencia es un combate de retaguardia, una batalla perdida. No me voy a arriesgar a hablar de plazos, pero creo que, aunque cueste, dentro de un tiempo miraremos hacia atrás y al observar esa posición caduca, de instituciones que no entienden y se resisten a la evolución histórica, nos diremos que también hemos conseguido superar ese escollo en el camino a la paz. Sin esperar al juicio de la historia, me parece que el sentido común va a hacer desaparecer antes esas últimas trincheras.

Tortura kasuak ikertzeko eskatu diete Chiviteri eta Hualderi

Tortura pairatu duten Nafarroako pertsonen sareak elkarretaratzea egin zuen Parlamentuaren aurrean eta bertan jakinarazi zuten eskutitz bana igorri dietela Maria Chivite lehendakariari eta Unai Hualde Legebiltzarreko presidenteari, bilera bat eta herrialdean izan diren tortura kasuen gaineko ikerketa bat egiteko eskatzeko. «Nafarroako Parlamentua eta Gobernua aldatu dira. Ordezkari berriei iazko eskaera bera egin nahi diegu: Ikertu tortura», esan zuten.

Elkarretaratzean gogora ekarri zuten, orain urtebete Gaztelu plazan egin zuten ekimenean mila aulki hutsek eskatu zutela «entzun nahi izan ez diren horien ahotsak entzutea». Tortura «oraindik ere mingarria» dela eta «estalita» dagoela salatu zuten. «Mila nafar baino gehiago izan gara modu basatian torturatuak», esan zuten Marilo Gorostiagak eta Oihan Ataunek. «Ezinbestekotzat» jo zuten «Estatuko indar polizialek mantendu duten errealitate gordin» hori ezagutzera ematea.GARA

«La sociedad puede impulsar una comisión de la verdad»

Le he escuchado evocar en varias ocasiones la oportunidad de impulsar un espacio de diálogo, a modo de comisión de la verdad. ¿Es posible sin apoyo de los gobiernos?

Es que la sociedad vasca ya ha hecho muchas cosas sin contar con esos apoyos que antes creíamos indispensables. Ustedes han abierto un camino nuevo, inédito, y desde un pequeño pueblo han desarrollado un proceso de paz que no contó, de partida, con apoyos de gobiernos y estados. La sociedad civil está en el origen de esa evolución a mi modo de ver extraordinaria. No se ha puesto en marcha –o no todavía– una justicia transicional, al menos como la conocíamos ahora, pero sobre las bases de los cambios que se han producido, todavía de forma parcial, y de la voluntad de la sociedad civil. ¿por qué no plantear ese instrumento para dar los pasos pendientes? No me sorprendería que el pueblo vasco también hiciera una aportación al respecto.

¿Cree que podría ser una vía eficaz?

No veo mejor posibilidad que la de reforzar la idea de que es necesario un espacio que deje paso a la palabra y busque la verdad. No cabe esperar a los gobiernos ni a los aparatos judiciales, eso sí que sería, hoy por hoy, pedir imposibles.

¿Cree que podría ser una vía idónea también para situar el foco en una cuestión tan sensible como la de la tortura?

Creo que la sociedad vasca debe dar esa respuesta pero me parece que puede ser una oportunidad cara a abordar también esa problemática. Un espacio de diálogo que rehuya una cuestión como la tortura daría lugar, creo, a un debate estéril.

¿Es ese uno de los mensajes que lleva al encuentro de Euskal Memoria en Iruñea?

Lo primero que quiero hacer de cara a ese encuentro es saludar el valor y la determinación del pueblo vasco y luego recordar que en esta materia, como también con los encuentros entre víctimas, se han dado ya muchos pequeños pasos, se ha avanzado de forma ejemplar, pese a la resistencia de los poderes. A partir de todo lo hecho, lo que planteo es, ¿por qué no empezamos a imaginar que todos esos diálogos a pequeña escala, en el ámbito local, pueden servir para saltar a una dimensión superior? M.U.B.