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DERRUMBE DEL VERTEDERO DE ZALDIBAR

Verter ganó en 2017 más de lo que Lakua gastó en «gestión de residuos»

Con solo dos accionistas y seis trabajadores, Verter Recycling 2002 S.L. obtuvo importantes beneficios de la explotación del vertedero ahora derrumbado. Así consta en las cuentas de 2015 a 2017, últimas disponibles. En 2018 y 2019 aumentó mucho el volumen de residuos recibidos, de lo que cabe deducir que los beneficios también crecieron.


Una consulta al registro mercantil de Bizkaia ofrece un nuevo foco desde el cual mirar al desastre del vertedero de Zaldibar, operado por Verter Recycling 2002 S.L. Una empresa que, para empezar, no consta que haya registrado las cuentas de 2018, lo cual supone una irregularidad en sí misma. Sí que consta información, sin embargo, sobre los ejercicios anteriores, que reflejan unos beneficios considerables para una empresa de dimensiones tan pequeñas.

Cosas del periodismo, “Berria” publicó ayer las cuentas de la empresa con las que también trabajaba GARA para este domingo. Se tratará, por tanto, de complementar y contextualizar esa información.

Verter Recycling declaró en 2017 un beneficio neto de 1.744.876 euros; es decir, 1,7 millones de euros a disposición de los accionistas, José Ignacio Barinaga Eguia y Elena Susaeta Barinaga, que constan a su vez como administradores solidarios junto a Arrate Bilbao Barinaga. Todo parece quedar en casa en una empresa que tiene en plantilla solo a seis trabajadores.

Para hacerse una idea sobre lo que suponen semejantes cantidades de dinero, se puede recordar que aquel mismo año, 2017, Lakua presupuestó para el ejercicio siguiente 1,9 millones de euros en materia de «economía circular, gestión de residuos y cambio climático». Es decir, solo en gestión de residuos gastó menos de lo que ganó Verter.

En total, las ventas de aquel año se elevaron hasta los 7.230.851 euros. Tras restar la mayoría de obligaciones, le quedó un Ebit (beneficios antes de pagar intereses e impuestos) de casi 2,5 millones de euros. Una vez abonados los intereses y el 24% del impuesto de sociedades, aparece el resultado de 1,7 millones de beneficio neto. Una cifra que supone un incremento del 26,36% respecto al año anterior, cuando el beneficio fue de 1.380.824 euros, muy parecido al de 2015, que se situó en 1.393.790 euros. En los últimos tres años disponibles en el registro, Verter declaró unos beneficios limpios de 4.519.490 euros. Según las cifras de “Berria”, que ha recogido las cuentas desde 2012, el montante total de la ganancia en seis años ha sido de 8,57 millones de euros.

¿Qué ocurrió en 2018 y 2019?

La cifra no es nada despreciable, pero cabe preguntarse por la que pueden arrojar las cuentas de 2018 y 2019, años en los que el volumen de residuos recogidos creció de forma notable, como remarcó en el Parlamento el consejero Iñaki Arriola. Si en 2017 fueron 379.689 las toneladas acumuladas en Eitzaga, los dos años siguientes la cifra se elevó a las 540.667 y a las 510.994 toneladas. Lo lógico, en una empresa que hasta 2017 presentaba cuentas saneadas, es que eso disparase también los beneficios, lo que encaja con la hipótesis de la codicia como motor de la sobreexplotación que pudo generar el colapso.

Una dinámica facilitada por la ausencia de tutela directa por parte de la Consejería de Medio Ambiente, que empieza a emerger elemento clave tanto a través de los testimonios de transportistas difundidos por Euskadi Irratia y “Berria”, como por las primeras declaraciones de los operarios del vertedero, filtradas por el grupo Vocento. Según todas estas versiones, el control sobre lo que se arrojaba en el vertedero de Eitzaga era prácticamente inexistente.

Desde luego, en las cuentas anuales de 2017 el medio ambiente no aparece como prioridad para los administradores de la sociedad, que en el punto 17 señalan que «la Sociedad no posee elementos de inmovilizado significativos para la protección y mejora del medio ambiente, ni existen previsiones para riesgos y gastos ni se han recibido subvenciones relevantes correspondientes a actuaciones medio ambientales». Algo que, argumentan, se debe a que «los Administradores de la Sociedad estiman que no se producirán pasivos ni gastos significativos por aspectos medioambientales relacionados con su actividad».