Cuando afirmamos que vivimos en un mundo en el que la voluntad de las grandes corporaciones prima sobre la voluntad democrática de la gente –incluso por encima de entidades como los estados, que pueden o no ser democráticos–, es importante concretar la afirmación, pues no hablamos de fenómenos intangibles, sino de una arquitectura global que hace posible que eso sea así. Una pieza fundamental, pero muy poco conocida de este andamiaje son los tribunales de arbitraje, llamados ISDS, por sus siglas en inglés.

Como se explica en el reportaje que hoy publica GARA, se trata de tribunales creados a la luz de los polémicos tratados de libre comercio, a los que las empresas pueden recurrir cuando consideran que la decisión de un Estado daña sus intereses. Pongamos por caso que un Gobierno autoriza a una empresa a iniciar un polémico proyecto minero; en las siguientes elecciones, la gente echa a ese Gobierno y el nuevo Ejecutivo revoca el permiso, en nombre de la defensa del medio ambiente y de la democracia; la empresa podrá acudir a los ISDS y reclamar compensaciones millonarias, no por las inversiones realizadas, sino por las ganancias que dejará de tener. Son tribunales a los que solo puede acudir la iniciativa privada –los estados solo comparecen como acusados–, y casi un tercio de los casos se resuelven a favor de los intereses corporativos, sin importar los daños económicos, ecológicos y humanos que la decisión pueda generar.

El Pew Research Center ha publicado estos días un estudio realizado en 34 países sobre la salud de la democracia representativa. Los resultados son significativos. Más de la mitad de los encuestados se mostró insatisfecho con el sistema y, sin embargo, la gran mayoría sigue confiando en el voto como mecanismo de cambio. El problema no es la democracia, sino la escasa capacidad que tiene hoy en día para hacer valer la soberanía popular en un sistema ideado para favorecer intereses corporativos.