La mente humana tiende a buscar relaciones, a comparar hechos y a contrastar actuaciones para valorar los acontecimientos que experimenta. Un incidente aislado por sí mismo no da muchas pistas para situar lo ocurrido y fundamentar una opinión, pero colocado junto con otros eventos similares hace que broten ideas y criterios que permiten una toma de postura. El contexto da una perspectiva mucho más ajustada a lo acontecido y lo sitúa en una dimensión diferente.

Un ejemplo actual es lo ocurrido con la pelea nocturna de Altsasu durante las fiestas de 2016 que se castigó con una saña inusual, y aunque el Supremo rebajó algo las penas, finalmente los ocho acusados suman un total de 51 años de prisión. Algunos de ellos llevan ya más de 1.100 días entre rejas. La disputa en sí misma puede parecer más o menos grave a ojos de un observador ajeno, sin embargo, si consideramos hechos similares, la sensación de injusticia se hace evidente. Según los datos aportados por el Gobiernos español en respuesta a una pregunta del diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, resulta que en el Estado español se contabilizan anualmente alrededor de 10.000 hechos que se pueden calificar como «atentado contra agentes, autoridades o funcionarios públicos», esto es 27 cada día, la mayoría en zonas de ocio nocturno. No obstante, y a pesar de la gran cantidad, en ningún caso esos incidentes se han tratado como delitos de «terrorismo». La manifiesta excepcionalidad en el caso de la pelea de Altsasu viene a corroborar el ánimo vengativo que subyace a todo el proceso y la injusticia cometida.

La trifulca de Altsasu vuelve a dejar en evidencia algo que ya ha sido denunciado por instancias internacionales: la politización del sistema judicial español, obediente a los poderosos y mucho más inclinado a administrar venganza que a impartir justicia. Urge terminar con castigos injustos como el que sufren los jóvenes de Altsasu que deberían estar en libertad; como tantos y tantos presos.