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Johnson recula, pero poco, ante las críticas a su peligroso experimento


El darwinismo social puede definirse como la rama del evolucionismo que aboga por que haya una divergencia mínima, o ninguna, entre las leyes de la naturaleza enunciadas por Charles Darwin y las leyes sociales, que estarían sujetas en ambos casos a la supervivencia del más apto. El ideólogo burgués Herbert Spencer, contemporáneo de Darwin, es su principal representante en los libros de Historia y por lo que se ve, Boris Johnson es un alumno aventajado.

El modo en que el primer ministro británico ha decidido afrontar la crisis del coronavirus ha generado estupor e indignación a partes iguales, tanto en el seno de la sociedad británica como en el exterior, entre una comunidad científica que no sale de su asombro. Con un número menor de infectados que en otros países, pero en cualquier caso creciente como en toda Europa, el líder tory, en vez de ordenar estrategias de confinamiento que pasen por la limitación de movimientos y la prohibición de actos públicos, ha optado por aceptar una oleada de contagios masivos en el país, bajo el argumento de que así se obtendrá una «inmunidad de grupo» que permita hacer frente al virus en el futuro. Al menos, a quienes sobrevivan.

Perder a seres queridos

Este plan, que implica la no adopción de medidas drásticas de contención, que busca retrasar el pico de la epidemia a mayo-junio y salvaguardar la actividad económica por encima de todo –el Ejecutivo anunció ayer una línea de crédito de hasta 330.000 millones de libras para apoyar a las empresas afectadas–, supone aceptar la muerte de decenas o cientos de miles de personas. Serán las que no se «adapten» a la nueva realidad de un virus que ha puesto patas arriba a todo el mundo. En este caso, claro está, las menos aptas serían las personas más débiles, las mayores y enfermas. Así de crudamente lo expuso el propio Johnson cuando hace días señaló que «muchos vamos a perder en las próximas semanas y meses a nuestros seres queridos».

En esta tesitura, el director de la revista médica “The Lancet”, Richard Horton, ha acusado al Gobierno de «estar jugando a la ruleta rusa con los británicos». «Estamos ante un grave error», expuso públicamente, una crítica a la que se han sumado otros destacados miembros de la comunidad médica británica, y que acompaña a la que ha realizado también la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha recordado que hay que hacer pruebas, ver quién está infectado, investigar a quién ha podido contagiar alguien que dé positivo, imponer cuarentena y mantener la distancia en actos sociales, censurando que nada de eso se ha hecho en Gran Bretaña.

Asimismo, más de 300 científicos e investigadores de varios campos reclamaron el domingo a Johnson que imponga medidas más drásticas de distanciamiento social para combatir el coronavirus. «Con un crecimiento sin restricciones, este brote afectará a millones de personas en las próximas semanas», lo que pondrá bajo presión al servicio nacional de salud (NHS), dicen los signatarios.

«Consideramos insuficientes las medidas de distanciamiento social introducidas hasta ahora y creemos que deberían imponerse otras más restrictivas inmediatamente, como está sucediendo en muchos otros países del mundo», afirman estos científicos, que además consideran inviable el presunto objetivo del Gobierno de conseguir un cierto grado de «inmunidad colectiva», puesto que ello requeriría muchas infecciones superadas y, entre otras cosas, generará más pacientes para el NHS.

El informe secreto

Sin embargo, en los últimos días, ante las críticas que le han llovido por todas partes, y tras la publicación por parte de “The Guardian” de un documento oficial secreto de Public Health England (PHE) donde se advierte que en caso de seguir esa estrategia la epidemia podría prolongarse hasta la primavera del próximo año, afectar al 80% de la población, requerir la hospitalización de unos ocho millones de personas y causar hasta medio millón de víctimas mortales, el Ejecutivo ha empezado a recular. El ministro de Sanidad, Matt Hancock ya indicó el domingo a la BBC que en las próximas semanas se podría pedir a las personas de más de 70 años y a la gente más vulnerable que se aíslen en sus casas durante un periodo que puede durar hasta cuatro meses. Y ayer el propio primer ministro compareció, por segunda vez desde el fin de semana, para hacer un llamamiento a los ciudadanos a evitar todo contacto y viaje no esencial, al tiempo que les animó a no frecuentar pubs y otros lugares de ocio con vistas a frenar la propagación del virus.

También indicó que en aquellos hogares donde uno de sus miembros presente síntomas todos ellos deberían permanecer en aislamiento durante catorce días. «Eso significa que si es posible no salgáis, incluso para comprar comida u otros bienes esenciales, a no ser que sea para hacer ejercicio y en ese caso a una distancia segura de otros», explicó. Además, aconsejó a las personas con «problemas graves de salud» que eviten todo contacto social durante al menos doce semanas y a aquellos que puedan que trabajen desde sus casas, pero en tono de recomendación, no imperativo.

Ya habría 55.000 contagiados

En su estrategia contra el Covid-19, el Gobierno británico cuenta con el asesoramiento de sus dos consejeros científicos, Chris Whitty y Patrick Vallance. Este señalaba ayer que esperan que el número de muertes ascienda a «veinte mil o menos». En una comparecencia ante la comisión parlamentaria de Sanidad, dijo que las proyecciones que utiliza el Ejecutivo permiten estimar que ya hay alrededor de 55.000 contagiados en el país, que aumentarán en próximas semanas, y el objetivo es que menos de veinte mil mueran. «Esa es la esperanza, que podamos rebajarlo a esa cifra», declaró Wallance, quien, para «ponerlo en perspectiva», recordó que cada año mueren unas ocho mil personas de gripe estacional.

El dato de los 55.000 infectados es muy llamativo, pues oficialmente ayer los casos diagnosticados en Gran Bretaña ascendías a 1.950, con un total de 56 muertes. Esa discrepancia era cosa sabida, pero de ser ciertos esos datos la proporción sería de hasta 28 casos reales por cada positivo confirmado.

Italia prohíbe a las empresas despidos por causa del coronavirus durante dos meses

El Gobierno italiano ha prohibido durante dos meses que las empresas puedan despedir a sus empleados por motivos económicos derivados de la situación de emergencia por la crisis del coronavirus, que ha causado ya más de 2.000 fallecidos en el país.

El Ministerio de Trabajo italiano informó ayer en su página web de las acciones incluidas en el decreto ley que ha impulsado el Ejecutivo con ayudas de hasta 25.000 millones de euros, que movilizan recursos por valor de hasta 350.000 millones. Entre esas medidas, mencionó que se suspenden los despidos por motivos económicos desde el 23 de febrero y durante 60 días, con independencia de la cantidad de empleados a su cargo. Sí estarán permitidos, sin embargo, los despidos por motivos disciplinarios.

Por otro lado, la ministra de Trabajo, Nunzia Catalfo, explicó el lunes en rueda de prensa que, de esos 25.000 millones en ayudas, un total de 10.000 millones irá destinado al empleo.

En este sentido, se contemplan bonos mensuales de 600 euros exentos de impuestos a autónomos que hayan perdido su trabajo, y se concederán permisos parentales de dos semanas, con la mitad del sueldo asegurado, para aquellas madres y padres que tengan hijos de hasta 12 años o con discapacidades graves. Para disfrutar de este permiso, sin embargo, el otro progenitor tiene que estar trabajando, no puede ser desempleado.

Alternativamente, el Gobierno contempla prestaciones para la contratación de cuidadoras o cuidadores de hasta 600 euros, cantidad que ascenderá a los 1.000 euros en el caso del personal sanitario o de las policías.

Respecto a la llamada Renta de Ciudadanía, impulsada por el gubernamental Movimiento 5 Estrellas, el decreto establece que las personas podrán seguir recibiendo esta ayuda y estarán excluidas durante dos meses de la obligación de disponibilidad inmediata para trabajar.GARA

Cancelan visitas y desinfección diaria de zonas comunes en los campos de refugiados del Egeo

El Ministerio de Migración griego anunció ayer en un comunicado la cancelación de todas las visitas a los campos de refugiados en las islas del Egeo, un examen médico a cada recién llegado, la desinfección diaria de todos los espacios comunes y la suspensión de toda actividad en espacios cerrados, así como de los cursos que ofrecen las organizaciones no gubernamentales.

Las autoridades griegas emplazaron a los migrantes de estos sobresaturados campamentos a no abandonar las instalaciones e incluso a limitar los desplazamientos internos como medida de prevención. Está asimismo evaluando la posibilidad de distribuir la comida en los campamentos de registro de las islas del Egeo una sola vez al día para evitar contactos y el riesgo de infección.

Aunque hasta ahora Grecia no ha detectado ningún contagio de coronavirus en personas refugiadas, el riesgo es extremadamente grave en los campos de registro de las islas del Egeo, donde más de 42.000 personas malviven en instalaciones con capacidad para acoger a tan solo 6.500.

En estos campos escasean los servicios de saneamiento adecuados o el acceso a servicios médicos elementales, mientras los hospitales de las islas tienen una capacidad de atención muy limitada. El hacinamiento es tal que el lunes una niña de 6 años murió por culpa de un incendio que se originó en la cocina de una tienda y se propagó rápidamente.

Médicos Sin Fronteras (MSF) ha expresado su preocupación por la falta de un plan de prevención para hacer frente a un posible brote del coronavirus en estos campos, que no reúnen ni las más mínimas condiciones higiénicas y sanitarias. Advierte que será «imposible contener un brote de coronavirus en los hacinados campos de Lesbos, Quíos, Samos, Leros y Kos» y lamenta que «a día de hoy todavía no hay un plan creíble para proteger a estas personas», ya de por sí en una situación de vulnerabilidad.GARA