El Covid-19 se llevó, el viernes, a uno de los dirigentes más destacados de las últimas décadas del PSOE, el poliédrico donostiarra Enrique Múgica Herzog. «Un gran defensor de la democracia, jurista y político, precursor y una de las personalidades más relevantes del socialismo», según lo definió el propio partido en un tuit.

Dentro de su azarosa y extensa carrera política, se afilió inicialmente en el Partido Comunista en 1953 –lo que lo llevó a la cárcel por la represión franquista– y llegó a ser Defensor del Pueblo en 2000 a propuesta de del PP. Fue uno de los ideólogos de la política de dispersión que, más de tres décadas después, mantiene alejados de sus hogares a centenares de presos políticos vascos.

Lo hizo desde su cargo como Ministro de Justicia, puesto al que accedió en 1988, dos años después de cumplir su sueño de que el Estado español reconociera al Estado de Israel, algo que ni Adolfo Suárez ni Leopoldo Calvo Sotelo habían hecho. Nieto de polacos judíos nacidos en Cracovia, el destino del donostiarra parecía encaminado a la embajada española en Israel, pero Felipe González lo reclutó para su Gobierno, desde donde, con el argumento de «aislar a duros y blandos», tomó la decisión política de repartir al colectivo por la geografía española, «con la colaboración del PNV» como el propio Múgica reconocería años más tarde. Si hasta entonces casi todos los presos políticos vascos se concentraban en las prisiones madrileñas de Alcalá Meco, Herrera de la Mancha y Carabanchel, a partir de 1989, Ceuta, Melilla o Salto del Negro pasaron a ser el lejano destino taleguero de muchas familias de Euskal Herria.

También sufrió en primera persona las dolorosas consecuencias del conflicto político, ya que su hermano, Fernando Múgica, abogado y también dirigente del PSOE, resultó muerto en atentado en febrero de 1996 en Donostia.

Ni siquiera en los últimos años reconoció un cambio de escenario en Euskal Herria. En una entrevista concedida a un medio digital en 2014, Múgica manifestó que «mientras ETA hable de conflicto, es que tiene intención de continuar».

El 17 de octubre de 2006, en una iniciativa sin precedentes, la Mesa del Congreso acordó admitir a trámite una iniciativa parlamentaria de IU-ICV, para reprobar y pedir su cese como Defensor del Pueblo, por haber recurrido al Tribunal Constitucional el Estatuto catalán, el 19 de setiembre. Dicha iniciativa fue rechazada en 2007 por la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo con el voto de PSOE, PP y CC. Tras expirar su segundo mandato, dejó el cargo en 2010.