El ambiente de escalada en Francia anda perturbado por las demandas de responsabilidad civil. En efecto, se calcula que más de la mitad de las zonas de escalada se encuentran en terrenos privados, aunque a veces no sea muy evidente. La FFME, Federación Francesa de Montaña y Escalada, llevaba un programa de acuerdos en los que se daba protección legal a los dueños de los lugares ante posibles demandas por daños en la práctica de la escalada. Esto se rompió en 2010, cuando en Vingrau, un guía de montaña que escalaba con cliente, sufrió daños irreversibles por la caída de una piedra. El proceso legal por la responsabilidad de los daños se alargo durante años y por fin la FFME fue condenada a indemnizar al lesionado con ¡1,6 millones de euros!. Consecuencias: la FFME ha renunciado a todos los acuerdos en unas 850 zonas de escalada, con lo que los propietarios de los terrenos en donde se escala se han puesto a temblar. Un ataque en toda regla a la práctica de este deporte en Francia. Recientemente, y asustado por el tema, el departamento de Bouches du Rhone, en donde se encuentran las famosas Calanques, cercanas a Marsella y que tienen un carácter de cierta multipropiedad, ha prohibido la escalada en dos tercios de la costa rocosa, desde La Ciotat pasando por Cassis hasta Marsella. Yo podría pedir daños y perjuicios al presidente Sánchez si me pasara algo escalando; el asunto es que los jueces me lo admitan. Pero, claro, si empiezan a admitirlo…