El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha analizado ocho proyectos de infraestructuras transfronterizos que están siendo cofinanciados por la UE para determinar si están bien planificados y si su ejecución está siendo eficaz. Son obras que se consideran claves para completar la red de transporte de la UE y entre ellos está la «Y vasca». Las conclusiones del informe no han podido ser más demoledoras: mala planificación, retrasos, falta de cauces de participación, sobrecoste y, como consecuencia de todo ello, pérdida de potencial económico al estar gastando dinero sin que se obtenga ningún tipo de rentabilidad, ni económica ni social. Se mire por dónde se mire, un mal negocio.

Con respecto al TAV las conclusiones no son mucho mejores. El proyecto ha tenido un incremento de costes de un 54%, algo mayor que la media, que es del 47%. Un retraso en la ejecución de 13 años, por encima los 11 de media. Lo peor es que no llegará a su plena capacidad, por falta de conexión con Burdeos, al menos hasta 2037, es decir 29 años después de que se iniciaran las obras. El informe concluye que el transporte de mercancías con la península ibérica se seguirá haciendo por vía marítima o terrestre por carretera, al menos durante otros 20 años más, lo que impedirá que se puedan reducir las emisiones. Y por último, pone a la «Y vasca» como ejemplo de falta de participación pública al señalar que los reiterados informes de académicos sobre previsiones de tráfico y sostenibilidad del proyecto no fueron ni siquiera contestados desde la Administración. Si algo le faltaba al TAV era ser también ejemplo de una gestión poco transparente y nada participativa en una obra de infraestructura cofinanciada por la UE.

En estos tiempos en los que la recuperación económica se ha convertido en una prioridad de primer orden, seguir enterrando recursos en un proyecto que no ofrece retorno alguno, ni ahora ni en el futuro, es una decisión dirigida contra el bienestar y la sostenibilidad de la comunidad.