Los colectivos que defienden los derechos de las trabajadoras de hogar consideran que la campaña de denuncia política y las movilizaciones emprendidas el 15 de junio son las que han obligado al Gobierno español a acelerar la gestión de las decenas de miles de solicitudes que demandaban el subsidio y no habían sido atendidas todavía.

Las afectadas se sienten «maltratadas» pues han tenido que pasar tres meses para que el Ejecutivo responda que ya está dispuesto a poner en práctica lo que aprobó el 1 de abril para paliar las dificultades de decenas de miles de mujeres sobre las que se sustentan las tareas de cuidados. La comunicación oficial se produjo ayer mismo, cuando tuvieron lugar distintas movilizaciones exigiendo el pago inmediato del subsidio.

El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, informó de que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) va a comenzar a abonar el subsidio especial una vez desarrollada la herramienta de gestión informática necesaria. Los retrasos, explicó, son consecuencia de que no existía ese soporte para la gestión de las solicitudes.

El responsable gubernamental aseguró que han comenzado a tramitar las peticiones y que van a comenzar a efectuar los pagos ya, gracias también al acuerdo de colaboración suscrito con entidades financieras, de forma que no será necesario esperar al cierre ordinario de la nómina, que se produce en torno al día 10 de cada mes.

Para cuando se informó del movimiento del SEPE ya se habían desarrollado las primeras concentraciones ante algunas de sus sedes. Una de las primeras tuvo lugar en Bilbo, donde una quincena de personas se reunieron tras una pancarta en la que se exigía el pago del subsidio en julio.

Aquí se incidió en que las solicitantes son personas sin recursos económicos que necesitan del subsidio para vivir. Lorea Ureta, de la Asociación de Trabajadoras de Hogar, resaltó que «mucha gente, para comer, ha tenido que acudir al banco de alimentos desde marzo», mes en que la mayoría perdió su empleo o quedó en suspenso.

María Juncay, integrante del Grupo de Acción Política de Trabajadoras de Hogar, se quejó de que, en tres meses, el SEPE no se había dignado a responder a las consultas realizadas por muchas afectadas, acuciadas por su situación económica personal. Después de una tramitación «engorrosa», en la que tuvieron que acreditar su derecho al subsidio en pleno confinamiento, se toparon con el silencio administrativo, hasta ayer.

«La situación es muy complicada, ya que muchas mujeres migrantes no contaban con ningún apoyo legal y no tenían ningún derecho. Ahora, al verse sorprendidas por las consecuencias del covid-19, estas mujeres que sustentan el sistema de dependencia se quedaron sin empleo, con un trabajo en la economía sumergida con el que es imposible acceder al subsidio extraordinario, sin ninguna esperanza», expuso Juncay.

El panorama, añadió, tampoco es fácil para aquellas trabajadoras que estaban dadas de alta pero cuyas bases de cotización eran bajas, ya que el subsidio corresponde al 70% de la misma «Es una irregularidad habitual, pero como la Inspección no actúa...», censuró.

Juncay indicó que la pandemia ha obligado a reconocer que las tareas de cuidados, «que se ocultan mayoritariamente tras la denominación ‘de hogar’», es «un trabajo esencial», que es fundamental para el mantenimiento del actual sistema de dependencia, remarcando que se sustenta sobre la enorme precariedad que soportan mujeres migrantes.

«La vieja normalidad»

«Es la política de siempre con respecto al empleo de hogar, es la vieja normalidad», lamentaron. Asimismo, advirtieron de que una parte del trabajo no está reconocido oficialmente, el que corresponde a mujeres migrantes «en situación irregular» y trabajadoras sin alta en la Seguridad Social. «Todos los gobiernos miran para otro lado, porque su trabajo ahorra gasto social», denunciaron.

Respecto a quienes sí tienen reconocido el derecho, criticaron que «no son una prioridad: son mujeres haciendo trabajo de mujeres. Sus necesidades económicas, su derecho a ser informadas, no cuentan con la atención ni garantías del resto de sectores». Por ello, estos colectivos advierten: «No vamos a normalizar esta situación, no vamos a esperar calladas».

Tras el anuncio del Gobierno español, su objetivo es lograr que todas las mujeres que realizan tareas del hogar o de cuidados tengan derecho al subsidio. Lucharán por su regularización y para que se concedan prestaciones a quienes no estaban de alta en la Seguridad Social.