Enroque Zarzuela-Moncloa: Juan Carlos se borra ¿y Fiscalía no acusa?

El paso de los días remarca la tesis de un acuerdo en el que el Estado aparta al ahora indeseado Juan Carlos de Borbón a cambio de despejar su situación judicial, bien dejándole escapar o –más probable con las últimas declaraciones– renunciando a acusarle judicialmente. Carmen Calvo, figura central, dice ya que «no está inmerso en ningún proceso».

En ausencia de Juan Carlos de Borbón, que continúa en paradero desconocido o directamente blindado, la voz que hay que seguir para escudriñar qué se esconde tras la marcha es la de Carmen Calvo. La vicepresidente primera española ha recibido el encargo de arreglar el desaguisado borbónico y sus declaraciones dan muchas pistas.

Hace días dijo que la monarquía debía tomar decisiones y el Gobierno respaldarlas, y así ha ocurrido. Y ayer deslizó otro apunte significativo: Juan Carlos de Borbón «no está inmerso en ningún proceso judicial», lo que va mucho más allá de decir que no está imputado.

¿Es así? Obviamente no. Tan inmerso está en un proceso judicial que la Fiscalía asumió el 8 de junio la investigación de la causa ante el Supremo señalando expresamente que lo hacía en esta instancia «al resultar que una de las personas involucradas en los hechos investigados es el entonces rey, Juan Carlos de Borbón».

Otra cosa es que efectivamente no haya sido imputado. Esto es un hecho objetivo que se encargó de remarcar ayer la llamada Sala de Vacaciones del TS. Rechazó de modo fulminante una petición de la entidad Òmnium Cultural para adoptar medidas cautelares contra el rey emérito, incluida una «búsqueda internacional». Lo hace con el argumento de que «nuestro sistema procesal no contempla la adopción de medidas cautelares respecto de quien no tiene la condición de investigado».

¿Qué quiere decir entonces Calvo? Probablemente que la Fiscalía eludirá imputar finalmente al Borbón, algo que se dio por seguro en el primer momento dada la relevancia de los hechos investigados en Suiza (un «regalo» no declarado de al menos 65 millones de euros) pero que va perdiendo fuerza en los mentideros judiciales conforme pasan los días.

Si así ocurriera, el acuerdo tácito entre Moncloa y Zarzuela resultaría muy evidente: la acción judicial decae en el Estado español a cambio de que Juan Carlos de Borbón desaparezca directamente de la escena.

Y esto segundo ya está ocurriendo con total desvergüenza: el emérito se ha ocultado sin que ni la Casa Real ni el Gobierno den cuenta de su paradero y sin que los tribunales se sientan aludidos. Falta conocer el papel de los medios estatales, muy activos en este tipo de pesquisas internacionales cuando el buscado se ha llamado Carles Puigdemont o Iñaki de Juana, pongamos por casos.

La República Dominicana sigue destacando en las filtraciones como destino más probable, pero desde su gobierno se están lanzando desmentidos que quizás no sean más que cortinas de humo añadidas.

A todo esto, Unidas Podemos también ha reclamado explicaciones a Carmen Calvo, su socia de gobierno, ante la certeza de que es ella quien ha movido los hilos de esta trama.

El presidente de este grupo en el Congreso, Jaume Asens, dijo en RAC1 que Calvo «ha pilotado la negociación y ha hecho cómplice al Gobierno de esta operación de la Casa Real». EH Bildu y ERC ya han registrado la petición, a la que se suma JxCat.

Roldán y los «papeles de Laos», antecedente

Hace 25 años que en la cúpula del Estado, y también con un gobierno del PSOE, se produjo otra fuga sonada, con su parte esperpéntica pero también su intríngulis político. Luis Roldán había sido director de la Guardia Civil además de delegado del Gobierno en Nafarroa. Cuando se empezaron a investigar los indicios de corrupción cogió un avión y se largó, poniendo en un brete al renqueante Ejecutivo de Felipe González.

Su detención se produjo un año después, en febrero de 1995, en Bangkok (Tailandia), pero en realidad tuvo la forma y fondo de una entrega pactada. Con el agente del Cesid Francisco Paesa en medio de la jugada, Roldán esgrimió los llamados «papeles de Laos» que establecían que solo podría ser juzgado por cohecho y malversación, cuestiones menores a efectos de penas. Se le impusieron finalmente 31 años de cárcel, sumando delitos contra la Hacienda y estafa. Pero lo cierto es que cumplió preso 15 y tuvo permisos desde los 10.R.S.