La decisión de la Ertzaintza de arrestar en julio a los responsables de la empresa propietaria del vertedero de Zaldibar, donde ocurrió el desastre que sepultó a Alberto Sololuze y a Joaquín Beltrán, fue a todas luces una operación inusual y difícil de justificar en aquel momento. El TSJPV salió a explicar que se trataba de «una operación puramente policial», que no había partido de una jueza sino que había sido la Ertzaintza la que había diseñado y ejecutado aquel operativo a su cuenta y riesgo.

El arresto de José Ignacio Barinaga, dueño de Verter Recycling, de la responsable legal de la empresa y sobrina de Barinaga, Arrate Bilbao, y del director técnico del vertedero, Juan Etxebarria, ocurría seis meses después del derrumbe. No estaba claro a qué nuevos indicios respondía. En aquel momento, la empresa denunció que la operación era «contraria a derecho y, por lo tanto, una detención ilegal». Finalmente, los tres quedaron en libertad provisional con medidas cautelares. El caso es que los detenidos fueron conducidos ante la jueza con solo una parte de las imputaciones, las relativas a la seguridad laboral, por las que es improbable que se dicte prisión provisional pese a la calificación de homicidio imprudente. Quedaban al margen los delitos contra el medio ambiente, más rigurosos penalmente hablando, pero que dependían de otro juzgado.

Las detenciones se practicaron el 21 de julio, el mismo día en el que la Audiencia Provincial decidía que las dos causas abiertas por el derrumbe se unificaran en un solo juzgado. Los arrestos propiciaron que la decisión sobre el futuro procesal de los empresarios se tomara en el procedimiento más benévolo para ellos. Además, en el caso de los delitos contra el medio ambiente, el Gobierno de Lakua hubiese tenido que posicionarse. Es triste que, con todas las preguntas que hay sobre lo que sucedió en Zaldibar, en vez de aclarar esas dudas los poderes públicos aumenten las sombras. ¿Quién, cómo y por qué ordenó esta operación, que ha tenido estas consecuencias?