EL PP LLEVA A MADRID AL ABISMO POR SU RESISTENCIA A CONTRATAR RASTREADORES

El Gobierno de Isabel Díaz-Ayuso tiene tres veces menos rastreadores de contagios que los que recomiendan estándares internacionales. La Atención Primaria está colapsada y falla la detección rápida de casos de covid-19. Un ejemplo en primera persona ilustra la crisis sanitaria madrileña.

La Comunidad de Madrid comenzó agosto con 128 hospitalizados por covid-19, llegó a la mitad del mes con 610 y estrenó noviembre con 1.811. El bucle en el que ha entrado le llevó a ser la comunidad que concentró el 46% de los fallecidos totales por coronavirus en el Estado.

La región que gobierna el Partido Popular hace más de un cuarto siglo no sólo debe lidiar con las consecuencias negativas de años de privatizaciones y recortes, sino con una insólita política para afrontar la epidemia en la que no se fortalece la Atención Primaria ni la contención de los contagios, salvo por vías represivas: hace una semana Ayuso cerró el ocio nocturno.

Pero esas medidas contrastan con otras que serían incluso más importantes, como es tener un sofisticado sistema de rastreo, algo que los expertos reclaman desde la primavera: la comunidad tiene sólo 422 rastreadores, es decir, uno cada 15.000 habitantes, cuando lo sugerido es uno cada 5.500. Está a la cola de las 17 comunidades autónomas. Algunas con mucho menor PIB per cápita, como Andalucía, tienen un rastreador cada 8.000. Peor aún, la detección de casos está concentrada en la Atención Primaria, colapsando los centros de salud y provocando demoras de hasta una semana en los resultados de la PCR.

En primera persona

Quien escribe estas líneas se infectó de coronavirus en agosto. Tuve suerte y fui, como la mayoría, un caso con síntomas muy leves. Comencé con un cansancio fuerte, como si la gravedad de la Tierra hubiera incrementado su tracción al suelo. Pensé que era el resultado de muchos días de dormir mal por la ola de calor que azotó la capital del Estado. Pero no. Esa leve jaqueca matinal y el cansancio supe que eran por covid-19 cuando a la semana perdí el olfato.

Al ver que no podía oler, llamé al centro de salud, uno de los que hay en el Distrito Centro. Me atendió una enfermera que me preguntó los síntomas y me dio cita para hacerme una PCR dos días después. Sorprendido por la demora, me dijo que estaban saturados de trabajo. Al no preguntarme por la gente con la que mantuve contacto la última semana se lo planteé yo. «Diles que traten de no verse con mucha gente o grupos de riesgo», respondió.

Primer grave error: la gran trampa de este virus es que no genera síntomas o presenta síntomas muy leves y tardíos, mientras has pasado ya días contagiando a contactos cercanos. Es esencial rastrearlos para contener el desparrame. Pero lo peor no fue eso: después de hacerme la PCR, en un centro en donde había solo dos personas hisopando y una única atendiendo, me avisan de que me notificarán el resultado en tres días. Ni siquiera: la llamada de notificación acabó siendo cuatro días y medio después. Y ni cuando fui a hacer la PCR ni cuando me llamaron para el resultado me pidieron los teléfonos de los contactos que tuve. Peor aún, la médica que me llamó admitió que no sabía nada de mi caso. Ni siquiera cuándo empecé con los síntomas y cuáles eran.

El resultado de la PCR me lo dieron seis días después de mi llamada. Un tiempo precioso perdido para contener la onda expansiva que pude haber generado. A los pocos días me citaron para otra PCR que me dio negativo, aunque se sabe, por los restos que deja el virus en la sangre y la permanencia de una carga viral muy baja, que el test puede dar positivo muchos días después, cuando incluso el infectado no puede contagiar. En Catalunya, por ejemplo, el criterio es clínico: se desconfina a la persona que tuvo síntomas leves a los 15 días de su primer síntoma o a los tres días de no tener ninguno. En Madrid, hasta finales de agosto, se mantuvo el protocolo antiguo, lo que también alentó el colapso de la Atención Primaria por la acumulación de PCR al exigir obtener uno negativo para desconfinar.

Sin embargo, la segunda facultativa que me llama (en total, tres personas distintas hablaron conmigo) me anunció que habían «cambiado el protocolo» y que ahora considerarían que la persona puede desconfinarse al décimo día del primer síntoma (por no poder contagiar ya). Yo quedé libre y, con el cambio de protocolo, se espera que la Atención Primaria se aligere. Pero a día de hoy varios madrileños con sospecha de contagio llevan una semana esperando el resultado de su prueba PCR.

«Insuficiente y caótico»

Cuando se le pregunta una definición del abordaje del Gobierno de Díaz-Ayuso, el médico especialista en Salud Pública y excandidato a diputado por Más País Javier Padilla recalca: «Es insuficiente, inviable y caótico. Es un desastre la forma del rastreo porque mucha gente queda fuera. Y la Atención Primaria, que ya en Madrid es históricamente el sumidero por el cual echan todo lo que excede y sobra al sistema, está colapsada. Hay centros donde la tarea acumulada es tremendamente elevada. Y los pocos rastreadores están concentrados en donde puede haber algún brote. Cuando empiecen los colegios esto será más dramático».

Padilla recuerda que Madrid «tendría que tener 20 rastreadores por 100.000 habitantes como mínimo y si en total tuviera 1.200 sería al menos lo que hace falta para hacer algo digno», especialmente para prepararse de cara al otoño, porque «históricamente las epidemias de virus respiratorios se concentran en los meses que vienen no sólo por cuestión térmica sino porque la gente se encierra más. Agosto era el mes ideal para trabajar bien, porque había menos población por vacaciones. La situación no es halagüeña».

Preguntado sobre por qué cree que el Gobierno del PP actúa así, señala: «Hay una decisión política de destinar dinero a determinadas cosas y no a la contratación de rastreadores. Pero además, hay una cuestión de fondo: llevamos dos décadas en que la administración pública local se ha ido adelgazando, de forma que para contratar gente no tenemos ni siquiera gente. No hay personal para contratación, los contratos no se hacen solos y hay muy poca capacidad de incrementar la estructura porque llevan décadas dañándole». Además, recuerda un aspecto legal que parece un detalle pero para el PP seguramente no lo es. «Como se toman pocas medidas y todas tarde con carácter de urgencia, facilita que no lo tenga que hacer con concurso público y permita asignaciones a dedo, salteando trámites de publicidad de las contrataciones».

Sobre las últimas medidas, como cerrar todos los bares de ocio y prohibir las reuniones de más de 10 personas, se mostró escéptico: «Yo no señalaría tantos a los bares sino a los entornos laborales que no tienen cierto tipo de aireación. Si se actúa solo sobre discotecas y ocio no sirve. Sabemos que estas infecciones se paran con la gente en casa. Los rastreadores sirven para meter dentro a la gente concreta, es una manera de evitar confinamiento general», destaca.

La alerta por el descontrol madrileño ha preocupado a sus vecinos y los consejeros de Sanidad de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid se reunieron para buscar cómo contener el spread que provoca la metrópolis. La alarma también está en los gremios sanitarios: más de 600 trabajadores del sector firmaron un manifiesto en el que reclaman a Ayuso que actúe «para impedir un nuevo colapso del sistema» y le ruegan contratar rastreadores, en una inversión que cuantifican en 400 millones de euros, «lejos de los 3.000 millones que recibirá del Gobierno central para hacer frente a la pandemia». El viernes, el gobierno madrileño prometió que alcanzará los 1.000 rastreadores en las próximas semanas, aunque pocos le creen.

Pero de fondo flamea otro factor: la batalla política. Padilla pone sobre la mesa el juego político del PP: «El gobierno de la Comunidad juega a un escenario de confrontación con el Estado y está claro». Como todo tango, se baila de a dos y parece que el PSOE está dispuesto. Mientras tanto, lo peor de la epidemia asoma con el otoño