La Guardia Civil detuvo ayer a dos expresos vascos, a Ekhiñe Eizagirre en Zarautz y a Kepa Arkauz en Arrasate, y a una tercera persona en Irun, Imanol Jaio. La operación policial estaría motivada por un zulo hallado el pasado año. Un depósito que contenía material que en el análisis preliminar se calculó que tenía más diez años de antigüedad. Una justificación que vuelve a dejar claro que la construcción de imputaciones en base a antiguos rastros sigue siendo utilizada como arma política por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Por ello, nada más conocerse la noticia, se sucedieron las declaraciones de rechazo y la convocatoria de movilizaciones.

Este tipo de operaciones –en julio hubo otra en la que detuvieron a Itxaso Zaldua–, dejan en evidencia que en el Estado español los securócratas no quieren que se produzca ningún tipo de avance en la resolución de las consecuencias del conflicto y en la construcción de la convivencia. El Estado profundo siguen empeñado en reproducir de manera impostada una guerra que ya terminó. Posiblemente un motivo de peso sea la búsqueda de venganza. Pero, sobre todo, quiere evitar a toda costa que el cierre de las heridas del conflicto le obligue a dejar de lado el actual ventajismo y le fuerce a encarar, de una vez por todas, las cuestiones políticas pendientes. Y a hacerlo, además, sin violencia. A nada temen más los securócratas que al debate político abierto y a la resolución de las cuestiones pendientes por vías democráticas. En ese ámbito, como ya han demostrado sobradamente, carecen de argumentos.

Operaciones como esta solo sirven para provocar dolor y entorpecer la búsqueda de soluciones políticas a problemas políticos. Es tiempo de que el Estado renuncie al uso de esta violencia. Si quiere buscar delitos impunes los criminales están en sus filas, entre quienes hicieron ayer los registros. Mientras tanto, la demanda mayoritaria de la sociedad vasca es clara: no es hora de rellenar sino de vaciar las cárceles españolas de presas y presos políticos vascos.