Tras la reunión del consejo de Gobierno, los consejeros Bingen Zupiria y Pedro Azpiazu anunciaron que habían aprobado las directrices presupuestarias para el año que viene. Calificaron el presupuesto de 2021 como «valiente» y «sin recortes», a lo que sumaron que será el de la reconstrucción, aunque para justificar todos esos calificativos no aportaron ningún dato nuevo. Todo el discurso se sustentaba en la decisión de Bruselas de dejar en suspenso las reglas fiscales para este ejercicio y el siguiente y, en consecuencia, en que no habrá límite para el gasto. Aquella decisión de la Comisión sigue dando buenos réditos retóricos.

Ahora bien, si de la retórica optimista se pasa al mundo real, las cosas no se ven tan claras. Si la previsión de crecimiento para el año que viene va a superar el 8%, es de suponer que con semejante subida la economía no vaya a necesitar mucho apoyo del sector público. Sin embargo, entre las prioridades que destacaron ayer están, en primer lugar, la reactivación económica, seguidas de la transición energética y la transformación digital. Solo en cuarta posición aparecieron los servicios públicos, estos sí responsabilidad directa del Gobierno. Y es en este apartado precisamente donde ha quedado de manifiesto durante la pandemia que hay muchos aspectos que mejorar. Además, como todo el mundo sabe, la inversión en el sector público es el mejor estímulo para incentivar la actividad del sector privado, pero parece que a estos gestores tampoco les gusta esa conjugación. En cuanto a las tres primeras prioridades, el listado de proyectos que presentó Iñigo Urkullu a Pedro Sánchez para optar a fondos europeos dejó en evidencia que Lakua carece de planes propios y que lo fía todo a los planes de las empresas privadas y al TAV.

Con este panorama, lo que podía ser una buena noticia –la ausencia de límites al gasto público– se transforma en fuente de preocupación, porque no se trata tanto de gastar más –que también–, sino sobre todo de gastar bien.