Arriola, Tapia y de nuevo Arriola: el club de la buena gestión

Me van a permitir los lectores el tono personal y jocoso de este artículo sobre el Metro de Donostialdea, pero es que a veces la vida te da dosis de justicia poética que hacen que una no se pueda contener. Recuerdo con nitidez aquellos primeros meses de 2012, cuando el Sr. Arriola era, como ahora, consejero de Transportes intentando venderme no la moto sino el pedazo de metro para Donostialdea. El objetivo no era otro que financiáramos de manera conjunta entre la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Gobierno Vasco una obra a la que en EH Bildu no acabábamos de verle ninguna de las virtudes que nos intentaban vender. Se nos presentaban estudios de demanda realizados por consultoras que a cambio de ingentes sumas de dinero te dicen que hasta los perros del territorio van a ser nuevos usuarios de la infraestructura y siempre se les olvida descontar los viajeros que ya son usuarios de transporte público como el servicio de autobuses de Donostia, Dbus. Exactamente igual que con el TAV, hay que decir que va a haber millones de viajeros y que eso mejora la sostenibilidad del transporte público. De los millones que va a costar la infraestructura por supuesto, el criterio es a la inversa que en el de los usuarios. Siempre te lo presentan bueno, bonito, barato. Del resto de las necesidades del territorio no merece la pena hablar porque aunque tengan una infraestructura ferroviaria decimonónica, la ciudadanía de fuera de Donostialdea pesa poco en comparación con las ansias que tenían algunos de llevar a la gente a la playa de la Concha con la toalla al hombro y gastarse un montón de millones.

Se les advirtió que no solo era una obra cuestionable desde el punto de vista de necesidad, que es la primera premisa que debe cumplir cualquier obra pública, sino que lo que querían hacer tenía unas dificultades geotécnicas considerables debido a que bajo el «marco incomparable» no hay roca sino arena y agua. Pero nada, había que hacerlo sí o sí. Algunos políticos tienen caprichos megalómanos demasiado caros. Así se quedó el tema, sin obra, pero con unos carteles preelectorales en los que Arriola y Ernesto Gasco gastaron más de un millón y medio de euros de todos nosotros para que el Topo se empezara a llamar Metro de Donostialdea. El concepto es el concepto, que decía uno.

Patxi López dejó de ser lehendakari y el PNV decidió que debía dar impulso a la obra del Metro, eso sí, volviéndola a llamar Topo que por algo no estaban convencidos de la realización de esa obra. Pero el tiempo fue pasando, al PNV le gusta gastar en infraestructuras innecesarias más que a un crío un caramelo y al final todo continuó. Corría el año 2015 cuando la Diputación Foral de Gipuzkoa tuvo que rescindir el contrato de ejecución de la Variante de Deskarga o GI632. Se escribieron y dijeron barbaridades por parte de responsables del PNV y del PSE sobre la incapacidad de Bildu de gestionar obra pública. Desde la más absoluta irresponsabilidad política acusaron a Bildu de no negociar con las empresas para seguir pagando la infraestructura de cualquier manera, en vez de acabar con el contrato vigente y parar la obra para realizar un proyecto adecuado y sacar una nueva licitación tal y como marca la ley de contratos del sector público. Defendían la comisión de ilegalidades, para continuar con la obra costara lo que costara y se infringiera la normativa vigente. Haciendo mías las palabras de Andoni Ortuzar, toda una estrategia de erakunde borroka.

Ahora, Eider Mendoza, portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, y Rafaela Romero, diputada de Movilidad del Territorio, las voceras de las duras acusaciones vertidas contra EH Bildu, callan. La Sra. Tapia se ha quitado el mochuelo este del que ella es la máxima responsable para endiñárselo a Arriola y a Ernesto Martínez de Cabredo (ex gerente de Construcciones Amenabar y firme defensor de las constructoras, además de portavoz del despropósito de Zaldibar tras su sorpresivo cargo público en Ura Agentzia) que nos venden la paralización y retraso de la obra hasta el 2024 con una naturalidad pasmosa.

Entiéndaseme bien. Rescindir un contrato en la administración pública no implica incapacidad, sino responsabilidad. Un contrato se adjudica a un precio y acabar pagando un 70% o 80% más, además de ilegal es inmoral. La ley de contratos del sector público de 2011, tras los tirones de orejas europeos, corrigió este desfase que era muy habitual en las obras de la CAPV y de todo el Estado, fijando el precio máximo de este desfase en un 30%. Hasta entonces, cualquiera se acababa llevando una obra a un precio muy inferior al coste real de su ejecución para acabar cobrando ingentes cantidades de dinero mediante negociaciones con los políticos de turno. No voy a decir, por tanto, que la rescisión per se suponga una incapacidad de gestión.

Es probable que el proyecto de ejecución del tramo Miraconcha- Easo estuviera mal diseñado, no tuviera suficientes estudios geotécnicos realizados, etc. Ahora bien, el Gobierno Vasco y Arantza Tapia sabían desde hace mucho que la obra se estaba disparando, porque un 70% de desfase no se descubre en un mes. Es muy probable que el tema estuviera encima de la mesa desde noviembre del año pasado. Y esto es lo realmente preocupante: ¿por qué han tardado tanto en rescindir el contrato y paralizar la obra? Quizá han intentado negociar con las empresas para ver cómo podían saltarse la ley y la negociación ha hecho aguas o quizá han retrasado la decisión hasta que pasaran las elecciones. Ambas hipótesis son igualmente reprochables y nefastas para las arcas públicas. Que lo expliquen.