Un centenar de personas, a la calle en plena pandemia

Un centenar de personas que vivían en los edificios abandonados en la zona conocida como el Infierno, en los márgenes del barrio donostiarra de Ibaeta, fueron desalojadas ayer por la Ertzaintza, siguiendo un mandato judicial. Es decir, un centenar de personas que, a falta de otro lugar en el que alojarse, buscaban refugio en unos edificios abandonados ha quedado a la intemperie a las puertas del invierno, con el toque de queda en vigor como medida contra el coronavirus y con límites sociales cada vez más restrictivos.

Si es verdad que la calidad de una sociedad se mide por el trato que otorga a quienes se encuentran en los eslabones más débiles, la imagen del desalojo de ayer nos muestra un autorretrato cruel. No es mucho lo que las instituciones están haciendo por ayudar a superar la crisis desatada por el coronavirus a quienes menos recursos tienen; llegados a este punto, lo mínimo exigible sería que si no van a intervenir para mejorar las cosas, se abstengan de hacerlo para empeorarlas. El resultado del desalojo realizado ayer es que hay 100 personas más sin un techo bajo el que cobijarse en plena pandemia. Una persona no vive en un edificio abandonado por gusto, ¿cómo no se han previsto soluciones habitacionales para los desalojados?

La Ley de Vivienda de la CAV establece muy claramente que la vivienda es un derecho subjetivo. Escudarse en que se trata de personas en una situación administrativa irregular es aprovecharse de un sistema racista que no debería tener cabida en este país –la paradoja: sin estar empadronado no tienes derecho a una vivienda protegida, sin vivienda no puedes empadronarte–. Alegar, por otra parte, que los afectados no han solicitado acogerse a dicho derecho es de un cinismo insoportable. Si el desconocimiento de la ley no nos exime de su cumplimiento, el desconocimiento de un derecho no debería ser de ninguna manera el pretexto de las instituciones para conculcarlo.