La decisión del Tribunal Supremo español de rebelarse contra el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, juzgando de nuevo a Arnaldo Otegi, Miren Zabaleta, Arkaitz Rodríguez, Sonia Jacinto y Rafa Díez por delitos de «terrorismo», es una maniobra arriesgada. El proceso puede volverse en contra del Estado español, como ya ha ocurrido cuando querían solucionar cuestiones políticas a través de la represión y la causa vasca estaba del lado de la justicia y la libertad.

Diez años después de la Conferencia de Aiete y la histórica decisión de ETA, el Tribunal Supremo no va a cambiar aquellos sucesos ni sus efectos. Estos líderes del independentismo vasco impulsaron, en cooperación con la comunidad internacional, un cambio profundo para dejar atrás la estrategia político-militar y para lograr sus objetivos por vías pacíficas. Hoy por hoy, solo la parte estatal socava derechos humanos y sigue sin asumir que los proyectos democráticos y pacíficos deben ser política y legalmente viables.

El Tribunal Supremo ratifica que para esos magistrados la idea de España está por encima de los derechos humanos, del estado de derecho y de la jurisdicción europea. Digan lo que digan, repetir el juicio no busca reparar la injusticia de haber encarcelado durante más de seis años a personas que sabían a conciencia que no eran culpables de lo que les acusaban. Además, la inhabilitación de estos líderes afectó al «fair-play» de diferentes comicios de manera inaceptable. Pendientes de un nuevo proceso, los interlocutores del independentismo vasco siguen sufriendo persecución política, algo que obliga al resto de fuerzas a una reflexión.

Un nuevo juicio en Madrid puede alargar inercias, abonar retrocesos, provocar daños y generar miedos. Quieren sostener un relato, pero a estas alturas no pueden alterar la historia. Lo ha explicado muy claro el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero: decir que Otegi y sus compañeros no buscaban la paz y trataban de recomponer ETA es mentir. Y lo sabe todo el mundo.

Mofarse de la comunidad internacional

Las motivaciones políticas de esta decisión son evidentes. Conllevan prevaricación y la alteración cínica del estado de derecho. Anular el valor del recurso a Estrasburgo es muy grave para el andamiaje jurídico continental. Los órganos europeos deberían tomar medidas para atajar estas distorsiones legales y políticas.

La perversión del estado de derecho de la mano de fuerzas reaccionarias afecta seriamente a la calidad democrática de los países, tal y como se ha podido comprobar en los casos de Hungría o Polonia. En esos países han sido los poderes ejecutivo y legislativo los que han impulsado una agenda legal y constitucional para socavar la democracia, los derechos y las libertades. En el caso español, es la propia judicatura la que ejerce la intriga política, intentando alterar los equilibrios de poder emanados de las urnas y saboteando la función garantista de los derechos humanos del TEDH.

Tres axiomas y un principio rector

El cambio de estrategia de la izquierda abertzale, además de sobre una perspectiva histórica transcendente, decisiones acertadas y sacrificios particulares, se cimentó sobre principios que siguen teniendo valor. Por un lado, la idea de que hay que hablarle a la gente, no a las estructuras, construyendo un mandato democrático cada vez más amplio y sólido. Por otro, la importancia de tomar las decisiones correctas sin esperar a que la otra parte haga lo propio. Es una posición desequilibrante y ganadora. Por último, mantener una interlocución proactiva con la comunidad internacional facilita que esta ejerza su función compensatoria, de la que Estrasburgo es un mecanismo relevante.

Junto con estos elementos, en contraste con la violación de derechos humanos de la época anterior y a modo de ambición nacional vasca, el principio rector de la nueva fase histórica debería ser «todos los derechos para todas las personas». Es evidente que la judicatura española atenta permanentemente contra este principio, a través de un «Derecho Penal del Enemigo» que tiene en el punto de mira a quienes no se sienten españoles, a quienes defienden proyectos emancipadores y buscan sistemas políticos más justos, igualitarios y democráticos. La construcción permanente de esas alternativas siempre estará sometida a juicio y castigo en España. Y esto solo puede hacer que en la sociedad vasca crezca la demanda de libertad, justicia y democracia.