A pocas horas de que Colombia entrara en 2021, hombres armados dispararon contra la exguerrillera y firmante de paz Yolanda Zabala Mazo y su hermana Reina Zabala Mazo, menor de edad, en Briceño, en el departamento de Antioquia. Ambas mujeres estaban celebrando en una vivienda la Nochevieja. El 3 de enero, en Cartagena de Chairá, Caquetá, atentaron mortalmente contra Duván Arled Galíndez, también firmante de los Acuerdos de La Habana. Y este 7 de enero, falleció en Cali el excombatiente Cristian Ramírez. Con estas tres muertes se elevan a 252 los exguerrilleros fallecidos desde la firma de los acuerdos de paz en noviembre de 2016.

El informe enviado 7 de enero por el secretario general de la ONU, António Guterres, al Consejo de Seguridad fija como prioridad para 2021 «asegurar la protección y seguridad de excombatientes, comunidades afectadas por el conflicto, líderes sociales y defensores de los derechos humanos».

Desde la firma de los acuerdos hace más de cuatro años hasta el 28 de diciembre de 2020, la Misión de la ONU ha verificado «248 asesinatos de excombatientes, incluidas seis mujeres». 21 de ellos se produjeron durante el periodo que abarca este informe, entre el 26 de setiembre y el 28 de diciembre de 2020». En total, el año pasado contabilizó 73 exguerrilleros muertos.

A finales de octubre, excombatientes de las FARC-EP realizaron una «peregrinación por la vida y la paz» que culminó en Bogotá con una reunión con el presidente, Iván Duque, en la Casa de Nariño, sede del Gobierno.

Guterres advierte de que «la situación de seguridad de los excombatientes en la zona fronteriza entre los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare es de especial preocupación porque los grupos disidentes de las FARC-EP han aprovechado la limitada presencia del Estado para ampliar su ámbito de actuación en los últimos meses y estás amenazando y atacando a excombatientes, copiando sus proyectos económicos y saboteando sus iniciativas políticas y sociales».

Critica el hecho de que hasta la fecha no se ha contratado a ningún analista pese a la orden emitida por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al Gobierno para cubrir las vacantes de escoltas y analistas dentro de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la Unidad.

Subraya que desde la firma de la paz, «25 excombatientes han sido asesinados mientras esperaban una respuesta a sus solicitudes de protección y que todavía hay más de mil solicitudes de protección pendientes de evaluación e implementación». Guterres pide, asimismo, «asegurar que las mujeres excombatientes tengan igual acceso a los esquemas de protección».

Alerta de que «los y las excombatientes que viven fuera de los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR) sufren mayores niveles de violencia y que el 35% de los asesinatos en 2020 se produjeron en nuevas áreas de reincorporación o en sus inmediaciones». Por ello, considera «clave adoptar una estrategia enfocada en brindar seguridad a las nuevas áreas de reincorporación». Según la Misión de la ONU, más de 9.500 excombatientes viven fuera de los ETCR.

Durante el periodo que abarca el informe, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos recibió información de 42 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos y 13 masacres –otras 10 están en proceso de verificación–.

Otras de las prioridades que fija el secretario general de la ONU es «asegurar la sostenibilidad del proceso de reincorporación. Cuatro años después, más de 13.000 excombatientes de las FARC-EP, el 23% mujeres, siguen comprometidos activamente con el proceso de reincorporación y las partes continúan trabajando juntas para superar los retos propios del proceso». En noviembre, Duque se comprometió a acelerar la compra de terrenos para viviendas y proyectos productivos de exguerrilleros.

Guterres insta al Ejecutivo colombiano a «reforzar el diálogo» con la FARC para «discutir y resolver de manera conjunta los distintos desafíos que enfrenta el proceso. Para ello aboga por recurrir a mecanismos ya establecidos como la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final. Remarca que «si bien se ha reunido con más frecuencia este año, no se está utilizando en todo su potencial y no todos los altos funcionarios clave del Gobierno asisten a las reuniones con regularidad».

Este informe será presentado por el Representante Especial del secretario general ante el Consejo de Seguridad el 21 de enero.