La Fiscalía de la Audiencia Nacional mantiene la solicitud de pena de ocho años de prisión para Galder Barbado y Aitor Zelaia por un delito de «depósito de armas y explosivos con finalidad terrorista» a pesar de que no ha acreditado a qué «organización terrorista» pertenecen o con cuál han colaborado, una circunstancia que destacaron los abogados defensores, Leo Barañano y Amaia Izko, que solicitaron la libre absolución.

En sus conclusiones, el fiscal mantuvo que los acusados tienen «relación con el MLNV y la acción violenta« y llegó a calificarlos de «habituales de la violencia callejera», a pesar de que ninguno de ellos ha sido condenado previamente por hechos de esta naturaleza.

En su discurso, el fiscal señaló que esta vinculación es «con la ETA, no con la izquierda abertzale pacífica», y sustentó la acusación que formulaba en hechos como que hubiera pegatinas de ETA y un calendario de la organización armada ya disuelta o de su «entorno juvenil llámese Jarrai, Haika o Segi» en el domicilio de Barbado.

Para mantener su acusación, el fiscal llegó a recurrir a que Barbado «vivía con el jefe político de ETA. Y encima le cita como testigo». Hacía referencia al compañero de piso del acusado, que compartía vivienda porque encontró trabajo en Amurrio y que fue encarcelado en el Estado francés. Declaró en la vista del jueves. Tirando del hilo, llegó a manifestar que incluso el hermano del compañero de piso fue condenado por pertenencia a ETA. «Hay una vinculación», proclamó.

El fiscal mantuvo también que la mochila incautada en el piso de Aitor Zelaia, en la que había bridas, guantes, walkie-talkies y teléfonos del Hatortxu Rock es «para irse de kale borroka, no para ir al monte ni de segurata a un concierto de rock». Preguntó «quiénes quemaban cajeros en el País Vasco» para responderse que «la kale borroka y la izquierda abertzale».

Una vez más, tal y como hizo en el juicio de los jóvenes de Altsasu, Amaia Izko, abogada de Zelaia, repitió en la Audiencia Nacional española que no puede haber un delito de «terrorismo» sin que exista «una organización terrorista» de la que los acusados sean integrantes o colaboradores, tal y como establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo. «Estamos, por tanto, ante un nuevo caso de expansión del concepto de «terrorismo», alertó. También Leo Barañano, abogado de Barbado, subrayó este aspecto.

«La rama violenta de la izquierda abertzale ni existe ni ha sido declarada organización terrorista en ninguna sentencia», destacó Izko, que subrayó que desde la acusación no se ha aportado ninguna prueba de que ni Zelaia ni Barbado tengan vinculación con alguna eventual rama disidente violenta de la izquierda abertzale.

«Estamos en el ámbito penal, aquí no caben las presunciones. No se ha acreditado nada. Se ha acudido a un automatismo, por el que si un hecho ocurre en el País Vasco es violento y un delito de terrorismo. Si hay una relación circunstancial con la izquierda abertzale, ya hay delito de terrorismo», añadió Izko, que recordó que la llamada «kale borroka» estaba considerada como «terrorismo» porque se consideraba que «complementaba la actuación de ETA», que ya no está operativa.