Las y los trabajadores de PCB, que han mantenido desde el 7 de enero una huelga indefinida contra el despido de 83 de ellos, se concentraron ayer ante la sede de la SPRI en Bilbo para hacer balance de las últimas 70 jornadas de lucha y anunciar nuevas iniciativas. Antes, se reunieron con la Inspección de Trabajo y manifestaron hasta el edificio que alberga la agencia dependiente del Gobierno de Lakua. A partir del lunes retornan a la actividad, aunque apostillaron que la próxima semana darán a conocer un calendario de movilizaciones, que incluirá paros parciales, hasta lograr el retorno a la fábrica de sus compañeros.

En esa nueva fase, explicaron, seguirán tejiendo alianzas con otros trabajadores de Ezkerraldea que están sufriendo destrucción de empleo «y se enfrentan a un futuro duro e incierto». Señalaron que son optimistas respecto a que el juzgado declare la nulidad de los 83 despidos, demanda que interpusieron el pasado 29 de enero.

A modo de balance, expusieron que, desde que el 19 de noviembre conocieron la propuesta de ERE de extinción, quedó demostrada la intención de la dirección de aprovecharse de la «situación coyuntural» de la pandemia para seguir enriqueciéndose a su costa. Recordaron que PCB obtuvo en 2019 un beneficio neto de 95 millones.

Siguen defendiendo que había alternativa. «Esta posición ha sido compartida por Inspección de Trabajo, que en su informe del ERE se ha posicionado claramente en contra de los despidos por entender que no son necesarios y que hay otras posibilidades», destacaron.

No pasan por alto que estos despidos han sido posibles gracias a la reforma laboral que los partidos que sustentan al Gobierno de Pedro Sánchez se comprometieron a derogar.

Son muy críticos con el papel que ha jugado el Ejecutivo Urkullu. «La única alternativa que ha ofrecido el Gobierno Vasco a la destrucción de puestos de trabajo ha sido la represión. La plantilla de PCB tenemos memoria y esto no lo vamos a olvidar. Hemos tomado nota», subrayaron.

Añadieron que el único departamento de Lakua que «ha funcionado a toda máquina» ha sido el de Seguridad. Además, acusaron a la consejera Arantxa Tapia de «vender humo, utilizar el dinero público para subvencionar empresas como PCB y ayudarles a que se enriquezcan sin pedirles nada a cambio, ni algo tan obvio y decente como es el mantenimiento de los puestos de trabajo». Lamentaron que la consejera solo se ha preocupado de las personas que no secundaban la huelga.