El primer mes tras la catástrofe de Zaldibar transcurrió entre el espanto y el duelo. El asunto tomó centralidad política y periodística, pero la pandemia irrumpió entonces sacándolo del foco. Un año después, GARA resume en estas diez preguntas (y un epílogo) lo que falta por saberse, con los elementos que han ido apareciendo estos doce meses, alguno ayer mismo.

¿Por qué cayó el vertedero?

Un año después de la catástrofe, sigue sin conocerse (o mejor reconocerse) la causa última y directa que provocó el desprendimiento de medio millón de toneladas de residuos ladera abajo en el vertedero de Eitzaga. Hay un peritaje encargado por Lakua el pasado 8 de abril al catedrático Eduardo Alonso Pérez de Ágreda, de la Universitat Politècnica de Barcelona, y a los ingenieros de caminos César Sagasta y Jorge Cañizal, de la Universidad de Cantabria. La consejera Arantxa Tapia indicó ayer en el Parlamento que se ha recibido recientemente y se ha pasado directamente a la Fiscalía, sin dar cuenta públicamente de su contenido, que tampoco se ha filtrado hasta la fecha.

A la espera de ello, la sobrexplotación emerge como hipótesis general y no negada. Era un vertedero que empezó a recibir residuos en 2011 y que, según detalló el consejero Iñaki Arriola en el Parlamento, preveía llenarse durante 35 años. Es decir, hasta 2046. La realidad fue muy diferente. La empresa operadora, Verter Recycling, pasó de recibir 185.000 toneladas en 2012 a más de 500.000 durante 2018 y 2019, años en los que Medio Ambiente bajó drásticamente la nota de las instalaciones, que son, de largo, las que más residuos acumularon en la CAV esos años. A ese ritmo, apenas le quedaban unos dos o tres años más de vida.

Los beneficios fueron a la par. Un dato: en 2017 esta empresa ganó más que lo que Lakua gastó en gestión de residuos, con apenas dos accionistas y seis trabajadores.

¿Conocía Lakua las irregularidades?

La respuesta evidente es sí, por lo que la pregunta debería ser diferente: ¿Por qué no hizo nada Lakua ante las irregularidades detectadas? La última inspección –del 4 de noviembre de 2019– detectó hasta 23 infracciones. Según informó Arriola el 18 de febrero, estas faltas incluían la «existencia de residuos peligrosos no contemplados en la Autorización Ambiental Integrada», el «almacenamiento en el exterior de residuos peligrosos» y la inexistencia de «caracterización sobre la peligrosidad del residuo».

Esta última irregularidad fue la única que no recibió el calificativo de «no relevante», lo que permitió a Arriola defender que «cuantitativamente es un número elevado de desviaciones, pero cualitativamente ninguna de ellas tenía la clasificación de significativa o severa».

En la investigación judicial encargada por el Juzgado de Durango a la Unidad de Delitos Medioambientales de la Ertzaintza, sin embargo, esas irregularidades a las que Arriola quitó hierro se convirtieron en indicio de delito, al sugerir una falta total de control sobre la entrada de residuos según informó en junio el grupo Vocento. Estas infracciones no desembocaron en un expediente hasta que se produjo el derrumbe.

Pero más allá de la última inspección, los registros del propio vertedero hablaban con anterioridad de un descontrol que Medio Ambiente conocía –o debiera conocer, pues los documentos son suyos–. Lakua se ha escudado en que el ritmo de llenado dependía de la empresa, pero lo cierto es que, en determinados apartados, ese ritmo vulneraba la Autorización Ambiental Integrada de la que disponía. En 2018, por ejemplo, el vertedero recibió 154.000 toneladas de residuos metálicos, cuando el límite legal era de 70.000 toneladas. Esto no generó, que se sepa, ninguna intervención por parte de la Administración Pública.

¿Era previsible el derrumbe?

El peritaje y el proceso judicial deberían aclarar si tanto la empresa como Medio Ambiente tenían información que pudiera anticipar un posible derrumbe. Lo cierto es que, ya en las horas posteriores a la catástrofe, trascendieron varias informaciones sobre los temores y los avisos que algunos de los trabajadores venían dando sobre la inestabilidad del terreno, sobre todo en los días previos.

Tampoco se han aclarado los pormenores de la reunión que el 21 de enero, dos semanas antes del derrumbe, mantuvieron responsables de la consejería y de la empresa. Esta última, según la información de Arriola, entregó un informe de una ingeniería asegurando que el vertedero era estable. Los indicios, por lo que se ve, existían. Otras fuentes afirman que incluso había pendiente una actuación urgente para apuntalar el terreno, pero no se llegó a tiempo.

¿En qué es responsable la empresa y en qué el Gobierno?

Desde el primer momento el Gobierno de Lakua ha sostenido que la única responsable es la empresa Verter Recycling, tanto a efectos judiciales como en cuanto a la atribución de los millonarios gastos generados (ya en junio le giró una primera factura de 3,4 millones de euros). En un momento dado, apuntó incluso a la empresa del trabajador desaparecido, en una nota firmada por el propio lehendakari Iñigo Urkullu: «La Administración no tiene ninguna responsabilidad en lo sucedido. La responsabilidad es de Verter Recycling y de Excavaciones y Construcciones Joaquín Beltrán». La familia tildó de «desalmado» aquel intento de «cargar la culpa al muerto». Y Verter dejó caer hace un par de semanas que «hay más responsables» en el derrumbe, aunque sin ir más allá por el momento.

Hay una cuestión capital en la raíz de este asunto, de la que informó GARA: es la orden firmada en el año 2000 por el entonces consejero de Industria, Josu Jon Imaz, para relajar la tutela sobre actividades industriales de riesgo, con el objetivo de facilitarlas. Hasta entonces era la Administración la responsable de «velar por la seguridad y calidad de la industria» de modo directo, pero con la reforma ello se dejó en manos de «titulares, redactores del proyecto, directores de obra, instaladores, entidades de inspección, empresas distribuidoras y/o comercializadoras».

Con todo, queda claro en los puntos anteriores que al Gobierno le correspondía vigilar, y de hecho lo hizo, pero sin tomar medidas correctoras ni sancionadoras.

¿El silencio administrativo es adecuado para avalar un vertedero?

Como viene siendo norma los últimos meses, la transparencia no ha sido la principal característica en la gestión del derrumbe. A la denegación de numerosa documentación solicitada por GARA y por otros medios hay que sumar las dificultades para aclararse con los permisos que disponía el vertedero para almacenar o no diferentes tipos de residuos.

El ejemplo más claro es el del amianto. La Autorización Ambiental Integrada no recogió hasta 2013 el permiso para recoger este residuo peligroso, pero lo cierto es que Verter Recycling almacenaba fibrocemento desde 2012. Fue en respuesta a ‘Argia’ cuando el Departamento de Medio Ambiente aclaró que el permiso fue solicitado por la empresa en 2011, alegando que no era una «modificación sustancial». Como la Administración no respondió nada, el permiso quedó concedido legalmente transcurrido un mes desde la solicitud.

La carpeta del amianto no se acaba aquí, ya que Verter Recycling no se inscribió en el registro de empresas que manipulan amianto hasta 2017; hasta entonces pudo haber estado almacenando este residuo peligroso de forma irregular.

Pero el del amianto no es el único permiso que Verter logró por silencio administrativo. Según publicó ‘Berria’ hay como mínimo dos tipos de residuos más para los que el vertedero logró la licencia gracias al mutismo de la consejería de Medio Ambiente.

Por un lado, para poder recoger residuos químicos de la fábrica de Cegasa, en Oñati, la empresa pidió un permiso especial que fue otorgado gracias al silencio de la consejería competente.

Por otro lado, Verter tenía prohibido recoger lodos con más de un 5% de materia orgánica, mientras que su principal cliente durante los últimos años, Papresa –la papelera de Errenteria–, genera lodos con más de un 20% de materia orgánica. En 2015, sin embargo, la empresa presentó ante Medio Ambiente una técnica para tratar esos lodos, los cuales, supuestamente, mezclaba con otros residuos para rebajar su humedad y, de esta manera, bajar el porcentaje de materia orgánica. No parece que la Administración comprobase la validez de la técnica, ya que el permiso quedó concedido, de nuevo, por silencio administrativo. Entre 2018 y 2019, Papresa vertió en Eitzaga 164.157 toneladas de lodos, el 16% del total recogido esos dos años en el vertedero.

¿En qué punto está la búsqueda de Joaquín Beltrán?

La misma tarde en que aparecieron restos de Alberto Sololuze el 16 de agosto, los responsables de la búsqueda auguraron posibilidades de hallar también a Joaquín Beltrán en el mismo área en un par de semanas (en la perpendicular de la báscula pero 23 metros más abajo, unos ocho pisos, lo que da fe de la dimensión del derrumbe).

Al mismo tiempo avisaron de que en caso de no ser así tendrían que buscar desde cero en otra zona que alargaría mucho el trabajo. La inspección de esa zona se alargó luego hasta finales de diciembre, por lo que fue muy minuciosa pero sin resultado.

No hay motivos para desistir pero tampoco para el optimismo: tras el derrumbe del vertedero de Bens (A Coruña) en 1996 nunca se encontró a la persona allí desaparecida.

¿Por qué se buscó las primeras horas si había amianto?

La búsqueda se puso en marcha el mismo 6 de febrero, nada más conocerse el desprendimiento y la desaparición de varios trabajadores. Sin embargo, pasada la medianoche, Osalan ordenó detener la búsqueda tras ser alertada, por los trabajadores, de la presencia de amianto.

¿Por qué no dio el aviso antes Medio Ambiente? Suyo era el permiso –otorgado por silencio administrativo– para acumular amianto, y suyas eran las inspecciones que delataban la presencia de numerosos residuos peligrosos, vertidos sin control.

¿Qué relación personal había entre empresa y Administración?

Al máximo nivel, entre el propietario de Verter y el consejero de Medio Ambiente. Desde su larga época de alcalde de Eibar, Arriola tenía una relación estrecha con José Ignacio Barinaga, propietario de la instalación y anteriormente promotor inmobiliario y de otros muchos negocios, hasta el punto de que se le conocía como «el conde de Eibar» (el periodista Ahoztar Zelaieta ha documentado en ‘Zaldibar zona cero’ 86 cargos en 34 empresas).

En una entrevista a Vocento, el consejero dijo que él y Barinaga no eran amigos pero que sí quedaban para tomar café. Y añadió que paradójicamente no habían hablado del derrumbe después de producirse.

¿Por qué va tan lento el proceso judicial y qué se ha hecho?

El proceso judicial está siendo lento y atascado en cuestiones procedimentales. Hay que empezar precisando que se abrieron en realidad dos causas: una por accidente laboral en el Juzgado 1 de Durango y otra por delito ambiental en el 2 de la misma localidad. Hasta julio no determinó la Audiencia de Bizkaia que ambas instrucciones, aunque fueran separadas, debían llevarse a cabo en un mismo juzgado.

Curiosamente, un día antes de que se llevara a efecto esta acumulación, la Ertzaintza detuvo a los tres máximos responsables de Verter (el propietario, José Ignacio Barinaga; la administradora única, Arrate Bilbao; y el ingeniero director técnico, Juan Etxebarria). Lo hizo por la causa menos grave a efectos jurídicos (la de siniestralidad laboral), por lo que rápidamente quedaron en libertad. Y con una contradicción pública: el Departamento de Seguridad dijo que los arrestos habían sido ordenados por el Juzgado, pese a que este lo negó tajantemente.

Casi un año después, acaba de darse el paso de abrir la causa por delito medioambiental, admitiéndose la personación de Ekologistak Martxan, Zaldibar Argitu y otros agentes. Entre tanto ha trascendido que el Juzgado de Durango ha pedido refuerzos para abordar el caso pero se le han denegado. No está de más recordar aquí otra causa técnicamente compleja, el «caso Bidegi» por pagos públicos por supuestas obras falsas, que apenas ha avanzado en el vecino Juzgado de Azpeitia en casi seis años.

¿Y la investigación en Europa?

La Comisión Europea anunció ya en mayo una investigación sobre el derrumbe del vertedero. Tras una primera respuesta crispada, en la que Lakua acusó a Bruselas de «expresar conclusiones sin una base fundamentada», el Gobierno Urkullu ha intentado desinflarla por la vía documental, presentado los expedientes que muestran que efectivamente hubo un control público de la instalación, aunque fuera únicamente burocrático y en la práctica estéril. El informe se había anunciado para el pasado año pero sigue sin emitirse.

Entre tanto, en noviembre la Comisión recibió también la petición de Ekologistak Martxan, Zaldibar Argitu y la asociación vecinal San Lorenzo para estudiar lo ocurrido en el vertedero, tras pasar por el Europarlamento con el impulso de EH Bildu e IU.

La opción de una investigación parlamentaria en Gasteiz, por contra, se disipó en octubre pasado, cuando PNV y PSE rechazaron la creación de una ponencia en la que se analizara toda la documentación disponible. Ayer en el Parlamento, tanto la consejera Tapia como el lehendakari Urkullu insistieron en impedir cualquier control parlamentario y desplazaron toda la responsabilidad a la investigación judicial.

Epílogo: ¿Va a cambiar algo?

La pregunta final, mirando ya hacia el futuro, es si va a cambiar algo en el modelo de gestión de residuos, en el rigor del control medioambiental, en las redes clientelares subyacentes o en el sistema de puertas giratorias entre el sector privado y el público, cuyo mayor reflejo en este caso es Ernesto Martínez de Cabredo.

Cuando se produjo el derrumbe que afectó a los acuíferos de la zona, resultó que Martínez de Cabredo era presidente de la Agencia Vasca del Agua URA y a la vez tenía vinculaciones empresariales con el propietario de Verter. Pues bien, pasado un año y de nuevo de la mano del consejero Arriola, Martínez de Cabredo ha pasado a gestionar el conflicto del Metro de Donostialdea como nuevo director de Euskal Trenbide Sarea (ETS) y también en este caso había estado primero al otro lado de la mesa, como gerente de constructoras que obtuvieron una primera licitación de esa obra.

¿Mejorará el control público y medioambiental? Tampoco se atisban indicios. El 20 de febrero, al hilo de las informaciones de GARA sobre la orden de Imaz del año 2000, dos consejeros de Lakua abogaron por aumentar el control público sobre los vertederos. Arriola dijo que «habrá que reflexionar» sobre ello y Erkoreka añadió que «es muy prematuro lanzar las bases de un planteamiento futuro pero el modelo mixto público-privado es un modelo europeo y está pensado para que las administraciones públicas ejerzan el control». Desde entonces no se ha hecho nada.