Según consta en una respuesta al Parlamento del Ejecutivo de Lakua, las denuncias por «desobediencia y resistencia a la autoridad» instruidas por la Ertzaintza y las policías municipales fueron 6.167 durante el año 2020. Una cantidad que multiplica nada menos que por diez las registradas en años precedentes. Semejante aumento solo se puede explicar por que durante el estado de alarma los diferentes cuerpos policiales han usado y abusado de esa infracción recogida en la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida popularmente como ley mordaza. Abuso que puso de manifiesto un juez la semana pasada cuando ordenó al Ayuntamiento de Bilbo devolver a un joven la multa que pagó por «desobedecer», cuando lo único que consta en el atestado es que estaba fumando en la calle.

Cuando se pone en manos de la Policía un amplio poder sancionador sin limitaciones claras ni garantías expresas para la ciudadanía, ese poder suele derivar en un exceso de celo de los agentes que a menudo terminan extralimitándose en sus funciones. Pero eso es algo que precisamente buscaron los impulsores de la ley mordaza para coartar derechos y libertades y aumentar el control social. Y por esa razón fue duramente criticada, incluso por organismos internacionales, pero todavía continúa vigente. Una norma que a pesar de las críticas resultaba muy ubicua en un momento en que las protestas ciudadanas aumentaban. Y continúa siéndolo. Por ello los cambios se demoran indefinidamente y cuando se llega a algún tipo de acuerdo, la legislatura finaliza dejando todo en el aire.

Esa ubicuidad hace que aunque el Parlamento de Gasteiz aprobara la no aplicación de la ley, para el Ejecutivo sigue en vigor y la usa sin restricciones. Mucho habla de transferencias y de autogobierno pero cuando realmente aparece una oportunidad de aplicar el pase foral y llevar a cabo una actuación práctica de soberanía, entonces Lakua muestra su verdadera alma soberbia y represora.